0446/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2019-S3 Sucre, 13 de agosto de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de libertad

Expediente: 28595-2019-58-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 06/2019 de 16 de abril, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Soledad Meza Condori contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de abril de 2019, cursante de fs. 7 a 9, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Auto de Vista 122/2019 de 28 de marzo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso la cesación de su detención preventiva, imponiéndole medidas sustitutivas consistentes en la detención domiciliaria, arraigo y una fianza económica de Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos) o su equivalente a $us5000.- (cinco mil dólares estadounidenses) siendo esta la garantía monetaria de imposible cumplimiento, ya que las autoridades demandadas tomaron como parámetro el perjuicio que se hubiera ocasionado a las supuestas víctimas de estafa, sin considerar la finalidad que tiene dicha medida prevista en el art. 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que en la parte pertinente señala "...La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal. La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento" (sic).

En la determinación de la fianza económica asumida, la referida Sala tampoco valoró que se encuentra detenida preventivamente durante dos años y medio por lo que carece de recursos económicos; habiéndose centrado en las estimaciones de una posible reparación del daño civil supuestamente causado a las víctimas, imponiendo así una condena anticipada, desconociendo la garantía de la presunción de inocencia establecida en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados