Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 53972-2023-108-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 004/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de David Yapiticona Mamani contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, ex Vocal; y, Gonzalo Flores Céspedes y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales, todos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 22 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se le imputó formalmente por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, previsto y sancionado por el art. 256 del Código Penal (CP), siendo el presupuesto material que, su difunta esposa y su hija hubieran "discutido", que tenía una supuesta amante y, por tal motivo, decidió suicidarse. Asimismo, en la imputación formal el Ministerio Público pidió medidas menos gravosas a la detención preventiva, en el marco del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP).
No obstante, Kely Tania Alcázar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, debido a que, el Ministerio Público modificó de forma oral y sorpresiva el requerimiento de medidas cautelares según consta en el acta de audiencia. Por lo que, habiendo sido sorprendido en dicho acto procesal con esta ilegalidad, planteó recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del citado departamento -ahora demandada-, quien declaró parcialmente procedente su impugnación, teniéndose por acreditado el elemento domicilio del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, pero de forma ilegal, ratificó su detención preventiva.
Se incurrió en ilegalidad, toda vez que la jurisprudencia constitucional en concordancia con el art. 233 del CPP, estableció que la detención preventiva se aplica con base en una imputación formal y requerimiento de medidas cautelares notificados previamente, con un tiempo anticipado y siempre que exista un pedido fundamentado del Fiscal de Materia o querellante -víctima-, aclarando que no puede existir detención preventiva de oficio. Asimismo, el art. 302 del mismo Código establece que, el requerimiento de aplicación de medidas cautelares es parte accesoria de la imputación formal. Por último, el art. 8.2 incs. b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es contundente en señalar que el imputado debe tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra. Asimismo, tener el tiempo suficiente para preparar su defensa, lo que en el caso no ocurrió.
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