Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0450/2025-S1 Sucre, 16 de mayo de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 52072-2022-105-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 015/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 51 a 52 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adalid Fausto Jiménez Navia contra Rosmary Pereira Delgado, Alfredo Pereira Delgado y "representante legal de la Subalcaldia Periférica de la ciudad de La Paz".
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Señala que el día miércoles 23 de noviembre de 2022, entre las "11:30 y 12:30 horas", los ciudadanos Rosmary Pereira Delgado y Alfredo Pereira Delgado, propietarios de un inmueble colindante al lote N 11, el cual se encuentra habitado por el ahora solicitante de tutela, procedieron a cerrar con ladrillos el único acceso a dicha vivienda. El referido acceso a su inmueble se realizaba a través del pasaje Pedro Marbán "144", un bien de dominio municipal. El ingreso afectado por esa construcción era compartido y constituía el único punto de entrada y salida para los habitantes del inmueble, entre ellos personas de la tercera edad y niños, quienes quedaron atrapados sin posibilidad de salir de forma segura.
Pese a que los demandados alegaron que existía otro acceso "por arriba", no ofrecieron ningún respaldo jurídico ni técnico que justificara el cierre del pasaje público. Además, ya existía una orden judicial previa de desapoderamiento en su contra, emitida por el Juzgado Octavo de Partido de la Capital del departamento de La Paz, que no fue ejecutada por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz. En su lugar, la Alcaldía inició el Proceso Administrativo 007/2022 de fiscalización sobre bienes de dominio público, el cual concluyó en una determinación que ordenaba la demolición de construcciones ilegales en esa área municipal.
Ante la inacción del Gobierno Autónomo Municipal por el cierre del paso, se interpone la presente acción de defensa, amparada en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), por considerar que se había vulnerado el derecho fundamental a la libertad de locomoción y de tránsito, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad. Concluyó señalando que el ingreso a su vivienda por otras vías resultaría peligroso.
1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación y a la libertad de residencia, permanencia y circulación, citando al efecto los arts. 21.7 y 23 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
El peticionante de tutela solicita, se conceda la tutela; y en consecuencia, que el "municipio" emita un informe sobre la supuesta autorización "EN UNA PARED QUE CIERRA EL PASO A NUESTRA VIVIENDA"; asimismo, se disponga la inmediata libertad de las personas que se hallan aun dentro de la vivienda, se declare el derecho a la libre circulación a efectos de que niños y ancianos puedan ingresar a la vivienda pues ahí tienen sus enseres, más aun tratándose de bienes de dominio público al que todos tienen derecho.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual, el 24 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 44 a 50, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante ratificó en su integridad la acción presentada y en audiencia agregó lo siguiente:
- a)El 23 de noviembre de 2022, mientras se encontraba fuera de su domicilio ubicado en el Pasaje Pedro Marbán 1438, los ahora demandados procedieron a cerrar de manera arbitraria el único acceso a su vivienda, donde habitan cuatro familias, incluyendo menores de edad y personas de la tercera edad. La clausura se realizó sin notificación previa, resolución administrativa ni fundamento legal alguno, argumentándose únicamente una supuesta autorización verbal de la Subalcaldía Periférica;
- b)Dicho pasaje constituye un bien de dominio público, hecho confirmado por documentos catastrales del propio Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y que su familia viene transitando por ese ingreso desde hace más de cuatro años, debido a la inhabilitación del acceso superior provocada por un derrumbe anterior;
- c)Señaló que el cierre del ingreso constituyó una restricción ilegítima a la libertad de locomoción, pues dejó atrapados a menores y ancianos sin alternativa de salida segura. Denunció además la participación o complicidad de funcionarios municipales, quienes habrían ordenado o al menos tolerado la acción, sin seguir un procedimiento administrativo público ni garantizar el debido proceso; y,
- d)Relató hechos de riesgo concreto, como el caso de su hijo de trece (13) años, quien tuvo que deslizarse con una cuerda desde una altura de tres metros para ingresar a la vivienda, y de un adulto mayor de setenta y nueve (79) años que quedó encerrado sin posibilidad de acceder a alimentos. Además, denunció que los intentos de acceder al expediente administrativo en la Subalcaldía fueron infructuosos, siendo negada toda información bajo argumentos de falta de "interés legal".
Ante la preguntas realizadas por el Juez de garantías, la parte accionante refirió que el muro construido por los demandados impidió el acceso principal a su vivienda afectando el libre tránsito de su familia incluyendo niños y adultos mayores indicó que el pasaje Pedro Marbán es de propiedad municipal conforme al catastro y que históricamente fue el ingreso habitual al inmueble explicó que el acceso alternativo por la calle Emilio Delgadillo no es viable debido a la fuerte pendiente y al riesgo estructural de la vivienda lo que constituye una restricción arbitraria a sus derechos fundamentales.
I.2.2. Informe de los particulares demandados
Rosmary Pereira Delgado, mediante su abogada y en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, informó lo siguiente:
- 1)No existe ninguna vulneración al derecho a la libertad personal o de locomoción de los presuntos afectados. Señaló que su defendida únicamente es propietaria de una fracción del terreno en cuestión (216 m²) adquirida mediante anticipo de legítima, aspecto que, según afirmó, puede acreditarse con documentos como el testimonio y una información rápida;
- 2)Argumentó que el área donde se habría restringido el paso no corresponde a su clienta y, por tanto, la acción de libertad no debería dirigirse en su contra. Asimismo, reconoció que en el pasado, tras un derrumbe natural, la Subalcaldía Periférica solicitó que se habilitara un paso provisional, lo cual se concretó mediante un acta de compromiso firmada entre el subalcalde Omar Mamani y el propietario del inmueble, aclarando que dicho paso fue otorgado de buena fe y de forma temporal, sin que ello implicara cesión definitiva de derechos;
- 3)Actualmente existe un acceso alternativo para los vecinos, a través de la calle Teniente Coronel Delgadillo, y que el cierre del pasaje en cuestión solo habría afectado la comodidad de quienes preferían esa vía más corta, pero no significó una restricción absoluta a su movilidad; y,
- 4)La Alcaldía recientemente habría declarado el área como bien de dominio público, por lo que su clienta estaría realizando gestiones administrativas de fiscalización para esclarecer la situación jurídica del paso en disputa. En ese sentido, sostuvo que la controversia debe resolverse en el ámbito administrativo o civil, y no mediante acción de libertad, ya que no existiría ninguna amenaza o restricción ilegítima a derechos fundamentales atribuibles a su defendida.
Posteriormente, ante las consultas efectuadas por el Juez de garantías el abogado de la demandada señaló que no se trató de una construcción nueva sino de la reposición de un muro que ya existía dentro de los límites de su propiedad privada y que no se invadió espacio municipal explicó que los accionados actuaron en el marco de su derecho propietario y que el demandante de tutela no tiene derecho sobre el área en conflicto alegando además que este nunca ejerció posesión sobre ese espacio.
Los abogados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Leslie Daniel Alfredo Santiago Velarde y Juan Roberto del Granado Mena, solicitaron que la acción de libertad sea declarada improcedente por varias razones legales y fácticas, mismas que serían las siguientes:
- i)No existe un acto lesivo imputable al GAM de La Paz, que haya puesto en peligro los derechos a la vida o a la libertad personal del impetrante de tutela, conforme a lo dispuesto en el art. 125 de la CPE;
- ii)La construcción del muro que motivó la presente acción no fue ejecutada ni autorizada por la entidad municipal, y que el accionante no logró identificar claramente ningún acto u omisión atribuible a la Subalcaldía Periférica o a un servidor público de dicho Gobierno Municipal. En consecuencia, alegó que existe una falta de legitimación pasiva por parte de la Subalcaldesa, ya que no se demostró participación municipal alguna en los hechos denunciados; y,
- iii)Los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establecen que la acción de libertad debe dirigirse contra quienes, mediante acción u omisión, vulneren los derechos fundamentales, lo cual -según la defensa- no ha ocurrido en este caso. Más aún, presentó como prueba una resolución administrativa mediante la cual el GAM de La Paz, dispuso la demolición de un muro construido indebidamente sobre un área pública, lo cual fue ejecutado el 23 de noviembre, demostrando -según su argumento- que la Alcaldía actuó en defensa del interés público y no en perjuicio de particulares.
Posteriormente, el abogado Juan Roberto del Granado Mena complementó la exposición señalando que:
- a)El conflicto se remonta a una demanda de usucapión interpuesta en 2004 por familiares de la parte demandada (familia Pereira Delgado), la cual fue rechazada por el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial mediante la Sentencia 490/2007. En dicha Resolución, se declaró probada la demanda reconvencional de reivindicación presentada por el GAM La Paz, respecto a una superficie de treinta y un metros cuadrados (31 m²) correspondiente al pasaje Pedro Marbán;b) Indicó que, tras intentos infructuosos de ejecutar un mandamiento de desapoderamiento por vía judicial, el GAM de La Paz procedió en sede administrativa a recuperar el espacio público, lo cual se concretó el 23 de noviembre de la presente gestión. Añadió que la acción de libertad fue presentada por personas ajenas a este pasaje -específicamente la familia Jiménez- cuyo inmueble tiene salida directa a la calle Teniente Coronel Emilio Delgadillo, vía que se encuentra actualmente habilitada pese a haber sufrido un deslizamiento en gestiones anteriores; y, c) Concluyó que el pasaje Pedro Marbán es de uso público, pero con destino privado limitado a tres viviendas, entre ellas la de los Pereira Delgado, más no así la del peticionante de tutela. En consecuencia, afirmó que no existe afectación a la libertad de circulación, ni persecución ilegal o indebida, por lo que solicitó el rechazo de la acción de libertad.
Jenny Uruchi, Técnico de la Subalcaldía Periférica del GAM de La Paz, confirmó que el muro fue levantado sin autorización en un área de propiedad municipal explicó que, aunque se trató de una reposición no se tramitó ningún permiso por lo tanto la intervención fue irregular y corresponde al municipio regular su uso mediante los procedimientos administrativos establecidos.
Ante las consultas realizadas en audiencia por parte del Juez de garantías, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal sostuvo que la construcción del muro fue realizada sin autorización sobre un espacio que figura como bien de dominio municipal según informe técnico y plano catastral argumentó que el pasaje es de uso privado para tres inmuebles y que la familia del demandante de tutela no tiene derecho legal de uso sobre el mismo afirmó además que el acceso alternativo por la calle Emilio Delgadillo se encuentra habilitado y es suficiente para garantizar la transitabilidad del accionante.
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