0452/2021-S1

Habiéndose dispuesto la realización de las elecciones generales mediante Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales -Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019-; el 3 de febrero de 2020, presentó todos los documentos requeridos por el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas Elecciones Generales 2020, inscribiéndose como candidato a diputado uninominal titular por la circunscripción 55 de departamento de Santa Cruz, por la ALIANZA "CREEMOS"; posteriormente, el 7 de idéntico mes y año, Alan Merlín Gil alegando que su persona no cumple con el requisito de residencia permanente presentó una demanda de inhabilitación contra su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, la cual fue corrida en traslado al Delegado de su Agrupación Ciudadana, quien mediante memorial presentado el 27 de igual mes y año, contestó a la misma, rechazándola y pidiendo se declare improbada; así, el 3 de marzo de 2020, los Vocales del indicado Tribunal -ahora demandados- emitieron la Resolución Jurisdiccional 015/2020 -notificada el 31 de agosto de mencionado año-, que resolvió inhabilitarlo de su candidatura, debido a que no demostró la residencia permanente por más de dos años en la circunscripción 55; no obstante, no se pronunciaron sobre algunas pruebas que fueron aportadas en el proceso de elección, como el certificado de sufragio, tampoco valoraron razonablemente las pruebas ofrecidas y presentadas en la contestación; motivo por el que, el 3 de septiembre del citado año, presentó recurso extraordinario de revisión contra la aludida Resolución Jurisdiccional, el cual "a la fecha" -se entiende el 2 de octubre de 2020 fecha en la que interpuso la acción de amparo constitucional- no fue atendido, tramitado ni respondido expresamente por el Tribunal Supremo Electoral; en consecuencia, "agotado el mismo" y al no constituirse en causal que configure la inobservancia al principio de subsidiariedad acude a la jurisdicción constitucional, debido a que las autoridades ahora demandadas al momento de proferir la Resolución Jurisdiccional 015/2020:

1. a)Omitieron valorar el certificado de sufragio presentado como prueba en el memorial de contestación, olvidando que la misma es determinante para demostrar el cumplimiento del requisito de residencia permanente, pues establece que su persona sufraga en un recinto electoral de la circunscripción 55; además, valoraron de forma inadecuada e irrazonable el certificado de su cédula de identidad, la certificación de inscripción en el Padrón Electoral y la declaración jurada voluntaria notariada; aspectos que dieron lugar a la vulneración del principio de verdad material;
2. b)Incurrieron en incongruencia interna, debido a que, no se demostró su residencia permanente, cuando en la misma Resolución Jurisdiccional 015/2020 fue reconocida;
3. c)Emitieron su decisión con falta de fundamentación y motivación, pues no se expusieron las razones respecto a cada una de las cuestiones planteadas; y,
4. d)No se efectuó una interpretación adecuada y razonable de la normativa constitucional al insistir en su inhabilitación sin considerar que se reconoce, protege y garantiza el derecho a ser elegido; y, se prohíbe toda forma de discriminación; además, no se analizó la SCP 0024/2018 de fecha 27 de junio de 2018.

El accionante a través de su representante legal ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos, manifestó que:

1. i)La falta e inadecuada valoración de la prueba afecta a los principios de equidad y razonabilidad pues si se hubiese considerado las pruebas presentadas en la contestación el resultado sería diferente, por ello se solicitó que la jurisdicción constitucional pueda revisar dicha labor valorativa, ya que no existe pronunciamiento respecto al certificado de sufragio; además, no se valoró los otros documentos de descargo -certificado de documento de identidad y certificación de inscripción en el Padrón Electoral-;
2. ii)Para que toda resolución sea fundamentada y motivada debe señalarse individualmente todos los medios de prueba aportados por las partes, lo que no ocurrió con el certificado de sufragio, la declaración jurada notariada, la certificación de inscripción en el Padrón Electoral, entre otros;
3. iii)Se lesionó su derecho al debido proceso en su elemento congruencia debido a que dentro de la Resolución Jurisdiccional 015/2020 por un lado, conforme al certificado de inscripción en el Padrón Electoral se establece que su persona reside y vota en la circunscripción 55, y por otro lado señala que supuestamente "cambio de empadronamiento"; y,
4. iv)La Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales establecen y reconocen el derecho a votar y ser elegido y de garantizar en todo el sistema electoral una libre y amplia participación; no obstante, en el caso concreto, se lo discriminó, ya que se quiere inhabilitar a un candidato que cumplió con todos los requisitos que exige el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas Elecciones Generales 2020.

Salvador Ignacio Romero Ballivián, María Angélica Ruiz Vaca Díez, Rosario Baptista Canedo, Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Francisco Vargas Camacho y Daniel Atahuichi Quispe, Vocales del Tribunal Supremo Electoral, a través de sus representantes legales, en audiencia, manifestaron que:

1. a)La Resolución Jurisdiccional 015/2020, efectuó un razonamiento integral y armonizado entre todos los considerandos con base en la única pretensión postulada en la demanda de inhabilitación; por lo que, si se cumplió "...con el debido proceso de fundamentación congruente, misma que resuelve lo incoado en el marco de los principios de inmediatez, eficacia, eficiencia y economía procesal, garantizando incluso el derecho a la defensa del encausado en el transcurso del procedimiento..." (sic);
2. b)Respecto a la omisión e inadecuada valoración de la prueba denunciada por la parte peticionante de tutela, cabe señalar que el Tribunal Supremo Electoral valoró la prueba que consideró pertinente, conducente y necesaria a fin de establecer el cumplimiento del requisito de residencia establecido no solo por la Ley del Régimen Electoral, sino también en la Constitución Política del Estado; en tal sentido, se valoró el certificado de inscripción en el Padrón Electoral que demostró el cambio de domicilio del accionante al municipio de Camiri perteneciente a la circunscripción 55; no obstante, dicho cambio se efectuó recién el 4 de julio de 2019; asimismo, se consideró el periódico "la estrella del oriente" de 15 de abril del citado año, en el que se publicó un edicto que transcribió un memorial en el que el peticionante de tutela constituyó su domicilio real en "la calle jorori N° 2090" de la circunscripción 45, pruebas que generaron incertidumbre para establecer el requisito de dos años de residencia. Por otra parte, respecto a los registros del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) se tienen tres cédulas de identidad del impetrante de tutela, la última como válida e indefinidamente que fue presentada al momento de registrar su candidatura en el que se consigna en la circunscripción 55; sin embargo, se tiene una anterior cédula que fue inscrita el 4 de julio de 2019 cuyo domicilio refiere "la calle jorori N° 2090" de la circunscripción 45; por lo que, el Tribunal Supremo Electoral efectuó acciones conducentes para establecer la verdad material sobre el cumplimiento de la residencia permanente;
3. c)En relación a la falta de interpretación adecuada y razonable de la norma y jurisprudencia en materia electoral, la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, desarrolló la doctrina de las auto restricciones, señalando que la justicia puede revisar la labor interpretativa que lesione derecho y garantías constitucionales, debiendo explicar por qué dicha labor resulta insuficientemente motivada, incongruente, absurda o ilógica; en tal sentido, es necesario identificar cuál de las reglas fueron omitidas; aspectos que en el caso concreto no se tomaron en cuenta; y,
4. d)En lo concerniente a la lesión al derecho de petición; ante la interposición del recurso extraordinario de revisión, el Tribunal Supremo Electoral emitió el Auto 38/20, por el cual se declara improcedente dicho recurso, debido a que no se cumplió con las condiciones de admisibilidad, Auto que fue notificado el 8 de octubre de 2020.

En la vía de aclaración, enmienda y complementación, solicitó se aclare y complemente:

1. 1)Cual es la lesión del derecho a participar en una contienda electoral máxime si la fecha ya encontraba fijada para el 18 de octubre de 2020;
2. 2)Con que atribuciones se afirmó que se cumplió con el requisito de residencia permanente, o si es que interpretó un artículo de la Constitución Política del Estado que es una facultad reservada al Tribunal Constitucional;
3. 3)Si existe un límite en el tiempo para el ejercicio de la facultad de disponer la inhabilitación;
4. 4)La parte accionante en su acción de defensa no hizo referencia a la extemporaneidad de la demanda de inhabilitación; por lo que, debió limitarse a lo solicitado; y,
5. 5)El impetrante de tutela no denunció la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, empero, fue considerado.