Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0452/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 68671-2024-138-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 252/2024 de 18 de octubre, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Jorge Máximo Averanga Pérez y Álvaro Quispe Cucho contra Zenón Quispe Mamani, Jefe de Grupo; Gabriel José Luna Ticona, Subjefe de Grupo; Juan Carlos Quispe Sapana, Primer Inspector; Daniel Baltazar Laura; Agustín Mamani y Reynaldo Paz Ramos, Inspectores, respectivamente; Marco Condori Quispe, Secretario de Actas; Teodoro Quispe Arcani, Secretario de Hacienda; Juan Carlos Suárez y Jorge Luis Quispe Poma, Secretarios de Deportes; Gustavo Mamani Lazo, Porta Estandarte; y, Jhonny Pastor Cutipa Copaja, todos de la Directiva del "Grupo Taxífono San Antonio" de la Terminal Metropolitana Interdepartamental de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 y 27 de septiembre de 2024, cursantes de fs. 93 a 104; y, 112 a 114 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Jorge Máximo Averanga Pérez y Álvaro Quispe Cucho -ahora accionantes- trabajaron en el "Grupo Taxífono San Antonio" de la Terminal Metropolitana Interdepartamental de El Alto del departamento de La Paz , el primero, durante treinta años y el segundo durante siete años, ocupando cargos en la actividad sindical y cumpliendo con el estatuto y reglamento internos de dicha institución; sin embargo, el 20 de marzo de 2024 se les envió un memorándum de expulsión, emitido por la Directiva del "Grupo Taxífono San Antonio" -ahora demandados-, producto de un rumor que señalaba que intentaron negociar la parada del trufi 164, basándose en una denuncia del Jefe y Subjefe del "Grupo Libertad", sin que exista prueba idónea escrita o verbal que justifique tal accionar.
La determinación de expulsarlos, tomada por el Directorio del "Grupo Taxífono San Antonio", incumplió el Estatuto y Reglamento Interno del Sindicato Mixto de Choferes "29 de Mayo" al que pertenecen; puesto que, correspondía que antes se les permitiera ejercer su derecho a la defensa en un proceso previo en el Tribunal Disciplinario del referido Sindicato, conforme lo establecido por los arts. 70 al 75 de su Estatuto, para establecer si efectivamente cometieron los actos que pretenden atribuirles.
Apenas fueron notificados con su expulsión el 3 de abril de 2024, cuando los memorándums de expulsión de 20 de marzo de 2024 e inmediatamente fueron difamados a través de redes sociales sin tener todavía conocimiento de la arbitraria determinación, sin un previo proceso y sin la oportunidad de presentar pruebas.
El Directorio del "Grupo Taxífono San Antonio", a través de nota de 21 de marzo de 2024, dirigida al Secretario General del Sindicato Mixto de Choferes "29 de Mayo", solicitó la suspensión de los impetrantes de tutela de sus actividades sindicales; a pesar de haber sido legítimamente elegidos por la Asamblea de la referida institución como dirigentes del sindicato -como Delegado de la Federación y Secretario de Conflictos respectivamente- el 13 de junio de 2022.
Posteriormente, el 1 de abril del mismo año, el Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Choferes "29 de Mayo", en respuesta a sus requerimientos, desmintió categóricamente la versión de que el referido Tribunal tenía conocimiento de la suspensión ni de su expulsión, ya que para la aplicación del art. 35 inc. f) de su Reglamento interno, debía ser necesario un proceso, como lo establece el art. 24 de la referida normativa interna.
El 11 de junio, el Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Choferes "29 de Mayo", en respuesta a sus notas, mandó un informe al Presidente del Tribunal de Honor de Transporte Departamental de La Paz, en el que manifestó claramente que se vulneraron sus derechos sindicales al ser expulsados de sus fuentes de trabajo, solicitando al mismo tiempo que fueran juzgados conforme a las normas sindicales; por tal motivo, solicitaron al Tribunal de Honor de Transporte Departamental que atienda sus denuncias, pero no recibieron respuesta alguna.
Aparte de ello, los accionantes refieren que acudieron ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que el 19 de junio de 2024, en respuesta a sus notas afirmó que las organizaciones sindicales se rigen por sus propios estatutos y estos no prevén la injerencia del Estado; luego, el 3 de julio del mismo año, dando respuesta a sus solicitudes, el representante de la Defensoría del Pueblo, mediante nota dirigida al Secretario Ejecutivo de la Federación Andina de Choferes 1ro de Mayo de El Alto, recomendó a dicho ente sindical que era su obligación dar solución al presente caso.
De todo lo previamente detallado, concluyen que acudieron ante todas las instituciones tanto sindicales como estatales, tratando de buscar la tutela de sus derechos fundamentales vulnerados por parte de los demandados, obteniendo respuestas negativas, buscando deslindarse de sus responsabilidades, dejándoles a merced de las autoridades que cometieron tal injusticia; por lo que, agotaron las vías administrativas que tenían a su alcance.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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