Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0453/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 75587-2025-152-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Cochabamba
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Patricia Dolores Sánchez Troche y María Lesmil Córdova Machado en representación legal de Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad del art. 10.III de la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2006 -Ley 3302 de 16 de diciembre de 2005; y, Disposición Final Segunda inc. a) de la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2025 -Ley 1613 de 1 de enero de 2025-, por ser presuntamente contraria a los arts. 1, 272, 297, 298 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SINTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 14 de agosto de 2025, recepcionado por la comisión de admisión el 18 de igual mes y año, cursante de fs. 21 a 32 vta., la parte accionante manifiesta que, la Ley 3302 fue promulgada el 2005, bajo el amparo de una Constitución y un modelo de Estado ahora abrogados, argumenta que, en ese entonces los departamentos eran administrados por prefectos (funcionarios designados por el Presidente, formando parte del poder ejecutivo central) por lo que era lógico que el nivel central mediante una ley de presupuesto general del Estado "asignara a sus propias reparticiones departamentales (las prefecturas) la financiación de ciertas tareas con recursos del IDH" (sic); sin embargo, sostiene que aplicar esa misma lógica a los gobiernos autónomos departamentales actuales resulta un anacronismo jurídico y una aberración constitucional, ya que las gobernaciones autónomas no pertenecen al Órgano Ejecutivo central; por el contrario, son autónomos y cuentan con autoridades electas por el pueblo; además, poseen las facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa de acuerdo a lo previsto por el art. 277 de la Norma Suprema.
El art. 10.III de la Ley 3302, contiene materias como el régimen penitenciario, políticas de salud y de educación, las cuales conforme al art. 298 de la Ley Fundamental son competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado; en tal sentido, para que un gobierno departamental asuma la ejecución de una competencia del nivel central, debe mediar un proceso de transferencia o delegación mediante una ley, acompañando ésta de los recursos económicos necesarios para su ejercicio.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 1613, es contraria al principio de supremacía constitucional previsto en el art. 410 de la CPE, al prorrogar la vigencia del art. 10.III de la Ley 3302, intenta mantener con vida una norma preconstitucional incompatible con el nuevo orden autonómico, resultando este mecanismo de "ultra actividad" en inconstitucional, porque una ley no puede validar una norma de rango inferior, que atenta contra los principios, valores y la estructura orgánica de la Constitución Política del Estado, pues se obliga a los gobiernos autónomos departamentales a actuar como las extintas prefecturas, financiando responsabilidades ajenas con recursos que deberían destinarse al desarrollo departamental y al ejercicio de sus competencias exclusivas y concurrentes.
Alega que, en nuestro modelo de Estado el principio de jerarquía normativa se encuentra intrínseca e ineludiblemente condicionado por el principio de competencia; al respecto, el art. 410.II Constitucional no establece de forma explícita que un Decreto Supremo sea jerárquicamente superior a un Decreto Departamental; por el contrario, la gradación normativa sitúa a las leyes nacionales y a la legislación departamental, así como a los decretos de los diferentes órganos ejecutivos, en un mismo nivel jerárquico, cuya prevalencia y aplicabilidad se define por la titularidad de la competencia; en consecuencia, la pretensión de aplicar mandatos financieros de la Ley 3302 en desmedro de la capacidad de autogestión del gobierno autónomo departamental, con el argumento de una supuesta jerarquía superior, es una interpretación errónea y centralista que ignora al Estado autonómico ordenado en la Norma Suprema.
La Ley 3302 es una norma preconstitucional, concebida para un modelo de Estado que no se encuentra vigente; por lo que, la misma solo puede tener una aplicación residual y supletoria cuando las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) aun no ejercieron sus competencias; no obstante, actualmente los referidos gobiernos autónomos se encuentran en pleno ejercicio de sus atribuciones, tienen estatutos autonómicos vigentes y planes de desarrollo en ejecución; por tanto, la obligación impuesta por el art. 10.III de la citada Ley perdió toda base de aplicabilidad; razón por la cual, la intención de mantener su vigencia por medio de una prórroga constituye una aplicación forzada e inconstitucional de una norma supletoria que agotó su finalidad transitoria, al contradecir los principios y disposiciones de la Norma Suprema y de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez".
La autonomía conforme prevé el art. 272 de la CPE, implica la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones; sin embargo, el art. 10.III de la Ley 3302 impone a los gobiernos departamentales la financiación de materias que son de titularidad del nivel central del Estado, entre ellas, el costo del régimen penitenciario que se constituye en una competencia privativa y exclusiva del nivel central -art. 298.I y II de la Ley Fundamental-; costo del bono de vacunación y de las becas universitarias, que son competencias exclusivas del nivel central -art. 298.II de la Norma Suprema-.
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