0455/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 27378 -2019-55-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 03/2019 de 25 de enero, cursante de fs. 419 a 423, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rafael Arcangel Quispe Flores contra Víctor Luis Guaqui Condori, ex Vocal de la Sala Penal Primera; y, Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocal de la Sala Penal Cuarta ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo; y, Ramiro Jarandilla Maldonado, Rudy Nelson Terrazas Torrico, Daniel Efrain Ayala Yupanqui, Juan Carlos Soria Carpio y Erlan Boris Almanza Casanovas, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de enero de 2019, cursante de fs. 22 a 24, el accionante, expone lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de Diputado Nacional de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia legítimamente electo al amparo del art. 151.I de la Constitución Política del Estado (CPE) la cual le faculta "denunciar" y "art. 23.b) del RG", que le obliga a "...proponer investigaciones en asuntos de interés público..." (sic), presentó querella penal ante el Ministerio Público, como parte coadyuvante para que se procese penalmente a Felipa Huanca LLupanqui, Nemecia Achacollo Tola, Juanita Ancieta, "Roberto" Machaca y otros, dentro el Informe Circunstanciado, pronunciado y remitido por el Contralor General del Estado por el cual se conoció el desfalco millonario del Fondo de Desarrollo Indígena Originario (FONDIOC), detectando que de los más de mil proyectos aprobados por dicho Fondo, 153 proyectos se encontraban como fantasmas o inexistentes, habiéndose desembolsado grandes sumas de dinero que en esa oportunidad ascendía a más de Bs71 000 000.- (setenta y un millones 00/100 bolivianos).

Señala que, por esos actos constitucionales de denunciar y opinar sobre dichos hechos de corrupción y proponer investigaciones sobre asuntos de interés público, fue sometido a proceso penal, por el delito de acoso político contra mujeres y violencia política contra mujeres -arts. 148 bis y 148 ter del Código Penal (CP)- cuando en el fondo el tipo penal de referencia exige que para la configuración del delito el sujeto activo debe ser una persona común o que no tenga "cualidad" y que la acción típica debe ser realizar actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, que le hubiese impedido ejercer su derecho político, o que haya sufrido agresión física o psicológica, lo que en el fondo no existe; "esta señora" fue denunciada en forma genérica primero por el Contralor General del Estado en su informe y luego por un representante del Estado -Diputado Nacional-, en razón a que contra ella y otras personas existen indicios de responsabilidad; en tal sentido, la acción que se inició contra su persona vulnera los arts. 151.I y 152 de la CPE y "Art. 23.B DEL RG"; ya que fue imputado por el Ministerio Público, desconociendo la norma constitucional y el Reglamento General de la Cámara de Diputados, al considerar viable este proceso penal lesionando su inviolabilidad personal como Diputado Nacional.

Agrega que, planteó excepción de falta de acción penal por no estar el proceso legalmente promovido y que su accionar no constituye delito mientras sea Diputado Nacional, salvo delito flagrante; empero, Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo ahora recurrido, a través de Auto Interlocutorio 11/2017 de 6 de enero, rechazó dicha excepción bajo el fundamento "Que, la inviolabilidad es una prohibición de imponer una pena a los asambleístas en el ejercicio de sus funciones" (sic) y "Que la inviolabilidad solo me ampara para cometer delitos contra el honor de orden privado" (sic) y "Que por los diversos verbos que compone el tipo penal, mi conducta se adecua a esta comisión" (sic), aspectos que no señala el art. 151 del CPE y tampoco expresó como su conducta se adecua al tipo penal de acoso político.