0458/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0458/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 24925-2018-50-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 09/2018 de 26 de julio, cursante de fs. 3565 a 3574 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Vilbar Ascencio Quispe Mamani en representación legal de Georg Walter Maier contra Juan Ricardo Soto Butrón y Lucio Fuentes Hinojosa ex Magistrados; Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra actuales Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental de Bolivia; del mismo Tribunal.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de mayo y 6 de junio de 2018; que cursan de fs. 74 a 94 y, 3034 a 3038, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El predio denominado "El Cerrito" fue sometido a proceso de saneamiento de la propiedad agraria, conjuntamente los predios de "San Julián", "Los Mangales", "Pico de Plancha" y "Área Escolar", comprendidos en el Polígono 142, ubicados en los municipios de San Julián y El Puente de la provincia Ñuflo Chávez y Guarayos del departamento de Santa Cruz, a cuyo efecto fue emitida la Resolución Suprema Final de Saneamiento 13179 de 24 de octubre de 2014, que arbitrariamente desconoce el derecho de propiedad agraria de su mandante sobre dicho predio, mismo que fue declarado tierra fiscal, pese a cumplir la función social e incluso la económico social, demostrados y evidenciados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Por tal situación, fue interpuesta una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, que fue resuelta por su Sala Primera mediante Sentencia Nacional Agroambiental S1a 112/2017 de 22 de noviembre, declarando improbada la misma, Resolución considerada vulneradora de los derechos y garantías constitucionales de su mandante, pues no contendría una fundamentación adecuada, omitiendo la aplicación de normas legales que sustenten lo determinado, sin realizar un análisis intelectivo, limitándose a una relación de los antecedentes y reiteraría lo referido en la contestación a la demanda; tampoco efectuaría juicios de valor enmarcados en la ley aplicable ni establecería el nexo de causalidad de porqué se afecta el derecho propietario del hoy accionante.

Agregó, que no obstante que denunció la falta de notificación a la Comisión Agraria de Santa Cruz, con la Resolución determinativa de área de saneamiento, la misma que se cuestiona justifica ésta omisión, señalando que dicha diligencia no era necesaria, por cuanto la indicada Resolución había sido emitida por el Director Departamental de Santa Cruz del INRA, quien al mismo tiempo desempeñaba las funciones de Secretario permanente de la indicada Comisión Agraria Departamental y por tanto no podía notificarse a sí mismo.

Sostuvo igualmente, que la Sentencia cuestionada, no realiza una valoración correcta de la prueba aportada en el proceso de saneamiento del predio El Cerrito, en relación a la denuncia de omisión de notificación con la resolución determinativa, como establece el art. 166 del Decreto Supremo (DS) 25763 de 5 de mayo de 2000 y la emisión del informe en conclusiones independientes para cada predio, prevista en el art. 303 del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, normativa respecto de la cual realizan una arbitraria e ilegal interpretación. Del mismo modo, en cuanto a la falta de notificación con los informes en conclusión y cierre al hoy impetrante de tutela, se tiene el edicto de 27 de julio de 2012, publicado en el periódico "La Estrella del Oriente" al día siguiente, de cuyo contenido se advierte la falta de notificación al propietario del predio El Cerrito (Georg Walter Maier) ya que a quien se notifica es a Wolfgang Maier; es decir a una persona distinta, en el que tampoco se da a conocer ningún resultado preliminar o final del proceso saneamiento del referido predio como ordena el art. 305.I del DS 29215, elementos que no fueron valorados en los marcos de razonabilidad y equidad, que lo colocaron en un estado indefensión.