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TCP

0459/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0459/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0459/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 79598-2025-160-AP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 302/2025 de 21 de noviembre, cursante de fs. 259 a 265, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Sabino Chávez Mamani, Originario del Ayllu Qullana de Marka Humanata contra Felipa Rosamary Moller Flores, Directora de la Dirección Departamental de Oruro, en suplencia legal de la Dirección Departamental de la Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 30 de octubre de 2025, cursante de fs. 173 a 184, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 8 de noviembre de 2021, las comunidades y organizaciones indígena originario campesinas del municipio de Humanata realizaron múltiples pronunciamientos, notas, votos resolutivos y denuncias dirigidas a la AJAM, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Defensor del Pueblo, mediante los cuales advirtieron la vulneración de sus derechos colectivos, en particular a la vida, al territorio, al agua, a la salud y al medio ambiente, a raíz de la intención de otorgar concesiones mineras en sus territorios ancestrales; en ese contexto, a través de cabildos abiertos, asambleas generales y resoluciones orgánicas -principalmente entre julio y agosto de 2023- declararon estados de emergencia, rechazaron de manera expresa toda actividad minera, denunciaron avasallamientos y exigieron la paralización de los trámites administrativos, señalando que dichas actividades afectarían gravemente al río Suches, principal fuente de agua para consumo humano, riego y sostenimiento de la actividad ganadera.

No obstante, las solicitudes de información y peticiones de audiencia formuladas ante la AJAM no fueron atendidas de manera formal ni fundamentada, restringiéndose el acceso a la información pública, situación que fue reiteradamente denunciada sin obtener respuesta oportuna; pese al rechazo expreso de las comunidades, la referida autoridad, informó la existencia de múltiples trámites de concesión minera en curso, inicialmente alegando la imposibilidad de brindar información y posteriormente, en la gestión 2025, reconociendo la existencia de al menos noventa y tres solicitudes y contratos administrativos mineros, lo que generó zozobra, incertidumbre e indefensión en la población afectada.

Ante la amenaza sobre sus territorios y recursos naturales, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Humanata del departamento de La Paz, emitió la Ley Municipal 118/2024 de 29 de febrero de 2024, mediante la cual declaró Área natural de gestión integral y conservación de agua de la referida institución gubernamental -área protegida municipal- en toda su jurisdicción, con el objeto de preservar el agua, el medio ambiente y los ecosistemas, prohibiendo en consecuencia actividades que pudieran poner en riesgo dichos bienes jurídicos; asimismo, se estableció que las comunidades contaban con titulación colectiva bajo la modalidad de propiedad comunitaria, acreditando su posesión preexistente y su derecho sobre el territorio, aspecto que fue puesto en conocimiento de la AJAM sin que ello hubiera impedido la continuidad de los trámites mineros.

De los hechos descritos, manifestó que se advirtió que las autoridades demandadas vulneraron derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los Ayllus de Marka Humanata, al poner en riesgo su vida, su territorio y su existencia en condiciones dignas; respecto a lo cual señaló:

  1. a)En cuanto al derecho a la vida, se evidenció que las actuaciones de la autoridad minera, al promover concesiones en territorios ancestrales y sobre el río Suches, comprometieron su dimensión individual y colectiva, al poner en riesgo los medios de subsistencia, el equilibrio ecológico y la convivencia armónica de las comunidades con su entorno;
  2. b)Respecto al derecho a la libre determinación y territorialidad, se estableció que las comunidades, pese a su preexistencia y al ejercicio de su derecho a decidir sobre su territorio mediante sus propias formas de organización, fueron desconocidas por las autoridades, quienes continuaron con los trámites mineros, afectando su control y dominio sobre sus tierras y recursos; y,
  3. c)Finalmente, en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano, se evidenció que la intención de otorgar concesiones mineras se realizó sin demostrar la existencia de estudios de impacto ambiental, generando una amenaza de contaminación y degradación de los ecosistemas, especialmente de las fuentes de agua, con afectación tanto a las generaciones presentes como futuras.

En consecuencia, se advirtió una vulneración concurrente de derechos colectivos, derivada de actuaciones administrativas que desconocieron la protección constitucional de los pueblos indígena originarios campesinos y pusieron en riesgo su subsistencia y forma de vida, constituyendo estos hechos el fundamento de la interposición de la presente acción popular.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del derecho a la vida, derecho a la libre determinación y territorialidad y derecho a vivir en un medio ambiente sano, citando al efecto los arts. 15.I, 30.II.4, 33 y 34, de la Constitución Política del Estado (CPE); 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 7.1 y 2, 25, 26 y 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia:

  1. 1)Se disponga la inmediata paralización, extinción de los trámites de concesión minera y anulación de cualquier otra concesión de área minera que se haya otorgado a la fecha a las cooperativas o empresas mineras solicitantes; en todo el territorio del GAM de Humanata del departamento de La Paz y circundante del río Suches;
  2. 2)Se instruya a las instituciones del Estado el cumplimiento del art. 30.III de la CPE; y,
  3. 3)Que la AJAM, para futuros trámites de concesiones mineras, previamente acredite el estudio de impacto ambiental, señalando si es profundo o no.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2025, según constan en acta cursante de fs. 248 a 258; se produjeron los siguientes actuados:

1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que:

  1. i)El río Suches, ubicado en la reserva natural de la Cordillera Apolobamba, recorrió varios municipios hasta desembocar en el lago Titicaca, y que sobre este territorio se otorgaron concesiones administrativas mineras, habiendo desde el 8 de noviembre de 2021, diversas comunidades y organizaciones -diecinueve en total- que realizaron reuniones, cabildos, votos resolutivos y presentaron notas dirigidas a la AJAM, denunciando la vulneración de derechos, solicitando la paralización de trámites mineros y la restricción de actividades extractivas en sus territorios, sin haber obtenido respuesta oportuna;
  2. ii)La referida autoridad hizo caso omiso a dichas solicitudes, incluso tras la emisión de la Ley Municipal 118/2024 que declaró área protegida municipal al territorio de Humanata, en concordancia con la Ley del Medio Ambiente -Ley 1333 de 27 de abril de 1992-, y posteriormente, luego de aproximadamente cuatro años, informó la existencia de noventa y tres trámites administrativos mineros entre autorizaciones y contratos, generando inquietud en las comunidades, en razón a que el cuadriculado minero afectó viviendas, actividades ganaderas y fuentes de subsistencia;
  3. iii)No se realizó consulta previa, libre e informada ni se acreditó la existencia de estudios de impacto ambiental con enfoque multisectorial, incumpliéndose el art. 93 de la Ley de Minería y Metalurgia -Ley 535 de 28 de mayo de 2014-, con afectación a cabeceras de cuenca, ríos, vertientes y áreas arqueológicas, lo que implicó la vulneración de derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente sano previsto en los arts. 33 y 34 de la CPE, los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos reconocidos en los arts. 30, 352 y 403 de la Norma Suprema, así como los derechos al agua, a la salud, a la vida, a la biodiversidad y a la autonomía municipal conforme a los arts. 272, 283 y 302 de la misma;
  4. iv)Los hechos generadores se tradujeron en la otorgación de concesiones sin consulta ni licencia ambiental, la omisión de participación comunitaria, el riesgo a las fuentes de agua, la afectación al territorio ancestral y la vulneración de los principios de precaución y prevención, destacándose que para la activación de esta acción tutelar no era necesario esperarse la consumación del daño, conforme lo desarrollado en la jurisprudencia constitucional, y que las concesiones mineras debieron respetar el derecho a la consulta previa;
  5. v)El art. 5 inc. h) de la Ley de Minería y Metalurgia estableció la protección de pueblos indígena originario campesinos en situación de vulnerabilidad; por lo que, la AJAM no podía desvincularse del estudio de impacto ambiental ni del cumplimiento de la consulta previa al formar parte del proceso de otorgación de derechos mineros, denunciando además que dicha autoridad desconoció la condición de pueblo indígena de las comunidades, pese a lo previsto en el art. 30 de la CPE, vulnerando sus derechos colectivos, territoriales, de autonomía y autodeterminación;
  6. vi)El territorio fue entendido no solo como un espacio físico, sino como la base de la vida colectiva vinculada a la agricultura, el pastoreo y la vivienda; por lo que, la actuación de la autoridad minera constituyó un atropello a dichos derechos, además de restringir el acceso a la información previsto en el art. 24 de la Norma Suprema, denunciándose también la existencia de sitios arqueológicos -chulpas- dentro del área afectada, protegidos por normativa vigente, donde no debieron desarrollarse actividades mineras; y,
  7. vii)Finalmente, sostuvo que la amenaza no fue hipotética sino real, al afectar la vida, la cultura, los recursos naturales, el agua, la flora y la fauna, poniendo en riesgo la continuidad misma del pueblo indígena.
I.2.2. Informe de los demandados

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