Texto del fallo
Sintesis de la ratio decidendi
Deniega la acción de libertad por subsidiariedad excepcional, porque el accionante debió denunciar la supuesta aprehensión ilegal ante el juez cautelar, encargado del control jurisdiccional de la etapa preparatoria; no obstante dicha causal para denegar la acción, el Tribunal sostiene que el fiscal demandado no cometió ningún acto ilegal, por cuanto puso al accionante a disposición del juez cautelar dentro del plazo previsto en el código de procedimiento penal.
Extracto de la ratio decidendi
FJ. III.6. "De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se establece que, una vez ocurrido el presunto hecho criminal el 9 de septiembre de 2014, a horas 13:30 aproximadamente, Alfredo José Apaza Gonzales y Juan Carlos Pardo Arósqueta, acudieron a la FELCC, sentando la denuncia (el segundo) por robo agravado previsto en el art. 332 del CP, el 10 de septiembre, se le notificó con la orden de aprehensión suscrita por el Fiscal Mario Rocha Castro, en suplencia legal del titular Cristian Vásquez Céspedes en razón de encontrarse ausente en la localidad de ventilla (camino Oruro-Potosí) cumpliendo responsabilidades propias de sus funciones. Una vez ejecutada la orden de aprehensión ingresa a celdas policiales el 10 de septiembre a horas 11:19, y registra salida el 11 de septiembre a horas 11:00, dentro del plazo de veinticuatro horas contenido en la segunda parte del art. 266 del CPP, que señala: “El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios”; La autoridad fiscal comunicó el inicio de investigación al Órgano Jurisdiccional, en el plazo establecido en el art. 298 in fine del CPP, siendo el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Oruro, contralor de garantías constitucionales, alternativamente el Ministerio Público imputó formalmente el delito de robo agravado en contra de Alfredo José Apaza Gonzales y Juan Carlos Pardo Arósqueta, sobre la base de sus consideraciones realizadas en el requerimiento fundamentado, habiendo sido imputado formalmente y resuelta su situación procesal por el Juez de Instrucción en lo Penal, no se evidencia indebida privación de libertad ni procesamiento indebido, habiendo las autoridades fiscales adecuado su conducta a las normas que rigen la materia, sin hallar responsabilidad reprochable en sus actos. No obstante lo consignado en el párrafo precedente, debe tenerse presente el contenido de la en cuanto al agotamiento de la denuncia de aparentes irregularidades ante el Juez Cautelar que refiere: “Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional”, en el presente caso ocurre precisamente esta causal de improcedencia por subsidiariedad, en caso de considerarse indebidamente privado de libertad y ante la supuesta falta de comunicación de inicio de investigación, el accionante debió haber denunciado estas irregularidades ante el Órgano Jurisdiccional que previno el inicio de la investigación y no activar de manera simultánea la acción de libertad desconociendo la competencia del Juez de Instrucción en lo Penal, ante quien se remitió tanto la orden de aprehensión, imputación formal así como la solicitud de aplicación de medidas cautelares, aspecto que hace además a la denegatoria de la acción en estudio".
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2015-S1 Sucre, 12 de mayo de 2015
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma Acción de libertad
Expediente: 09099-2014-19-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 22/2014 de 12 de septiembre, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo José Apaza Gonzales contra Cristian Vásquez Céspedes y Mario Rocha Castro, Fiscales de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda.
Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2014, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante, expone los siguientes fundamentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 9 de septiembre de 2014, aproximadamente a horas 13:30 se suscitó un hecho delictivo con la sustracción de una cantidad aproximada de $us20 400.- (veinte mil cuatrocientos dólares estadounidenses) y Bs466 000 (cuatrocientos sesenta y seis bolivianos) de propiedad de la Cooperativa Minera “Libertad” de Corocoro, a denuncia de Juan Carlos Pardo Arósqueta el hecho fue tipificado como robo agravado promovido en contra de “autores, cómplices y encubridores”, desde la tarde de ese día se le privó de la libertad sin hacerle conocer las razones específicas ni sindicarlo como autor o partícipe del hecho. Al caso se le asignó la numeración ORU 1400535, los únicos documentos que lo conforman son el acta de declaración informativa como víctima y denunciante Juan Carlos Pardo Arósqueta de fecha 9 de septiembre a horas 16:30, declaración de 10 de septiembre de Deymar Lima Huarachi y las órdenes de aprehensión donde se le cita para prestar su declaración informativa como presunto autor de robo agravado para el día miércoles 10 de septiembre a horas 11:15, en la Fiscalía divisó propiedades, mandamiento expedido con resolución fiscal del mismo día.
La orden de aprehensión es de 10 de septiembre de 2014 y lleva la firma del Fiscal Mario Rocha Castro en “suplencia legal”, no existe ninguna resolución al respecto y a tiempo de hacer las averiguaciones respectivas se informó que la resolución está en la computadora, asimismo, se instruye al encargado de llaves de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mantenga en calidad de “custodio” a los ciudadanos Alfredo Apaza Gonzales y Juan Carlos Pardo Arósqueta.
Considera ilegal su privación de libertad desde el 9 de septiembre, al no existir flagrancia, resolución fundamentada de aprehensión y tampoco aviso a la autoridad jurisdiccional, solo un requerimiento extraño de calidad de custodio, sin que se le haya recibido la declaración informativa que en sí era el objeto de la aprehensión.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Alega la lesión de su derecho a la libertad, sin hacer alusión a norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicita se le conceda la tutela disponiendo su libertad inmediata.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia se desarrolló el 12 de septiembre de 2014, según acta cursante de fs. 23 a 26, en la que se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Desistimiento de la acción
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