Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente 25203-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 07/2018 de 15 de agosto, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Remberto Lazarte López contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de San Julián, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de julio de 2018, cursante de fs. 37 a 42, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 4 de septiembre de 2017, Naely Melgar Salvatierra y Alcides Roca Melgar, le iniciaron demanda ejecutiva, por el cobro de la supuesta deuda de $us23 000 (veintitrés mil dólares estadounidenses), presentando como documento base de ejecución el contrato privado de préstamo de dinero de 4 de marzo de 2015, según el cual se otorgó como garantía la maquinaria agrícola tipo tractor marca Ford, modelo 7840, año 1990, color azul, chasis 2000806; en consecuencia, se dictó la sentencia inicial ordenando el pago de la suma antes mencionada.
El Servicio Agropecuario dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (SEDACRUZ), a solicitud del Juez ahora demandado, certificó el registro de dos maquinarias agrícolas, sobre las cuales los ejecutantes solicitaron anotación preventiva; sin embargo, el Juez de la causa solo ordenó la anotación de la maquinaria agrícola marca Caterpillar, chasis CAT0322, modelo 322CLN, póliza C 66 de 6 de enero de 2012; por lo que, el oficial de diligencias realizó el acta de embargo de dicha maquinaria y designó como depositaria de la misma a la ejecutante.
Mediante oficio 340/2018, dirigido por el Juez demandado a SEDACRUZ, refirió que en cumplimiento del decreto de 15 de febrero de 2018, proceda a la anotación preventiva de dos maquinarias:
- a)marca Caterpillar, chasis CAT0322, modelo 322CLN, póliza C 66 de 6 de enero de 2012; y,
- b)Maquinaria excavadora, marca Caterpillar, chasis RI00738, motor 3116, año 1995, póliza C 6772 de 12 de junio de 2009; oficio que considera ilegal, por cuanto en relación a la maquinaria citada en el inc. b), no se ordenó embargo ni anotación preventiva; no obstante, se procedió a la anotación preventiva de ambas maquinarias, y luego, ante la solicitud de secuestro se dispuso dicha medida gravosa y desproporcional mediante decreto de 5 de julio de 2018, para finalmente sin justificativo alguno expidió el mandamiento de secuestro; razón por la cual, el 13 del mismo mes y año, planteó incidente de nulidad de obrados y del mandamiento de secuestro; empero, a pesar de que dicho incidente fue corrido en traslado, el Juez de la causa, no se pronunció sobre esa solicitud, situación que le ocasionó serios perjuicios y daño irreparable, irreversible e inminente.
Denuncia que la autoridad demandada, vulneró su derecho al trabajo, por cuanto el 9 de mayo de 2018, suscribió un contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, sobre servicios de maquinaria para la limpieza del canal de la comunidad Libertad, con el plazo a ejecutarse de veinte días calendarios, el mismo que dio inicio el 4 de julio del mismo año, a la fecha el retraso en el contrato ya es de más de diez días y debido a dicha Resolución judicial gravosa, se paralizaron los trabajos por temor a que se ejecute la medida; situación, que le ocasionó un perjuicio irreparable, puesto que el contrato puede ser resuelto por incumplimiento más el pago de las respectivas multas; más aún, cuando es su única fuente laboral para sustentar a toda la familia; también, acusó como vulnerado el derecho a la propiedad privada; puesto que, en el presente caso el Juzgador debió embargar el bien otorgado en garantía según contrato; vale decir, el tractor marca Ford, modelo 7840, año 1990, que cubre suficientemente el crédito, y solo en caso que dicha garantía, no fuese suficiente, se podrá disponer otro embargo y anotación preventiva de manera fundamentada y proporcionada al crédito adeudado, pero no determinar el secuestro de dichos bienes que son sujetos a registro; asimismo, señala que se lesionó el debido proceso en su vertiente de una debida fundamentación; por cuanto, la autoridad demandada no fundamentó la resolución por la que ordenó que se libre el mandamiento de secuestro, menos justificó los alcances ni las razones en las cuales se apoya para disponer dicha medida gravosa sobre la maquinaria agrícola, contraviniendo lo dispuesto por el art. 314.II del Código Procesal Civil (CPC).
Sobre el principio de la subsidiariedad, argumentó que la acción de amparo constitucional tiene su excepción cuando la vulneración de un derecho constitucional es inminente e irreparable, como ocurre en el presente caso.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante, considera que lesionado sus derechos al trabajo, a la propiedad privada y al debido proceso en su vertiente de una debida fundamentación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 46, 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga, la nulidad de la Resolución y del mandamiento de secuestro.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 15 de agosto de 2018, según costa en acta cursante de fs. 48 a 50 vta., produciéndose los siguientes actuados:
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