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TCP

0461/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0461/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 79979-2025-160-AP Departamento: Beni

En revisión la Resolución 116/2025 de 21 de noviembre, cursante de fs. 178 a 183, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Jorge Antonio Giménez Libera en Representación Legal de la Comunidad Originaria Guadalupe contra Reynaldo Pardo Fernández, Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia; Juan Ronald Mamani Choquecallata; Benigno Zoto Colque; Graciela Condori Velásquez de Calle; y, David Ramos Mamani, miembros del Directorio de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 86 a 96, la parte accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Guadalupe es una pequeña comunidad, que se encuentra ubicada en la provincia de Sud Lípez, en el municipio de San Antonio de Esmoruco, su actividad económica se basa en el pequeño turismo y la actividad agraria rudimentaria, por cuanto sus pobladores deben abandonar diariamente la comunidad y trasladarse a zonas contiguas, para conseguir el sustento diario de las más de 250 familias que la componen, con serias amenazas de desaparecer por la migración campo ciudad, y que a pesar de su situación han podido construir precariamente, casas, calles, colegios y toda la infraestructura necesaria para sobrevivir.

Refiere que el municipio de San Antonio de Esmoruco está en las mismas condiciones que su comunidad, pero conjuntamente acudieron a los niveles de la administración central, para impulsar proyectos que puedan dignificar su vida, recibiendo solamente respuestas negativas a dicha situación, cuando debería ser tratada con mayor urgencia y diligencia.

En la gestión 2021, consiguieron información fehaciente, respecto a un contrato de producción minera, que fue firmado por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la empresa de Servicios de Ingeniería Minera Metalurgia S.A. (SIMM S.A.); por lo que, confiando en la buena fe del Estado, se ha ido gestionando las correspondientes autorizaciones de la comunidad, ya que al ser una nación y pueblo indígena originario campesino, para realizar cualquier actividad se requiere de la autorización de sus autoridades, habiendo sostenido una relación amigable y de apoyo desinteresado, situación que se convirtió en una oportunidad de crecimiento económico y patrimonial de la comunidad, la cual creció en infraestructura y recibió colaboración en temas humanitarios, llegando a contar con un profesor de secundaria en beneficio de la niñez y de la comunidad, logros impensados sin la colaboración de la referida empresa SIMM S.A.

Pero, desde la gestión 2021, a pesar de la firma notariada del contrato, no se ha formalizado el acto jurídico referido, pese a la representación realizada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), finalmente, averiguaron que el contrato inicial de 2021 fue devuelto a COMIBOL en dos ocasiones, la última con observaciones de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

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