Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 23503-2018-48-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 04/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 112 a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Chanel Crispín Ingala Mamani contra Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar Quinto; Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 76 a 79 vta., el accionante a través de su representante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, se encuentra radicado el proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, en cuyo mérito el 24 de julio de 2017, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro, considerando la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los numerales 4 del art. 234 y 1 y 2 del art. 235, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva que fue considerada en audiencia el 11 de enero de 2018, donde el Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio Motivado 17/2018 de igual fecha, que rechazó la solicitud, alegando que los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP "...encontraría ejecutoriado..." al no haber sido apelados y que la parte imputada debe demostrar que éstos peligros de obstaculización ya no se encuentran vigentes; los cuales no fueron desvirtuados.
Como esos argumentos no correspondían a una adecuada fundamentación, solicitó enmienda y aclaración; sin embargo, la autoridad judicial demandada lejos de aclarar su decisión, añadió circunstancias que no fueron consideradas a tiempo de disponer su detención preventiva, al extremo que se dio a la tarea de revisar lo que dijeron las partes en la audiencia de consideración de las medidas cautelares, cuando la jurisprudencia constitucional señala que en la audiencia de cesación de la detención preventiva se deben desvirtuar los motivos que la fundaron y no introducir nuevos fundamentos.
Interpuesto el recurso de apelación, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista 34/2018 de 23 de febrero, declararon improcedente el recurso, al considerar subsistentes los riesgos procesales previstos en los numerales 4 del art. 234; 1 y 2 del art. 235 del CPP, con el fundamento que el Auto Interlocutorio que dispuso la detención preventiva "...estaba ejecutoriada..."; puesto que, no presentó nuevos elementos de convicción para desvirtuar dichos riesgos; que la prueba presentada no era pertinente y que el extracto de visitas no tiene ninguna vinculación con el riesgo de obstaculización; más aún, cuando la intención del imputado es acreditar que no influirá en los partícipes, testigos, peritos etc.; además, señalaron de manera subjetiva que como el vehículo siniestrado está en un garaje particular, esto permitiría modificar las circunstancias físicas del motorizado o del lugar, pese a que los riesgos procesales deben ser desvirtuados con prueba objetiva.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y correcta valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio Motivado 17/2018 de 11 de enero y el Auto de Vista 34/2018 de 23 de febrero, pronunciados por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro y los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, respectivamente; debiendo estos últimos dictar una nueva resolución valorando adecuadamente los nuevos elementos de convicción que el imputado presentó en audiencia de cesación de la detención preventiva.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 106 a 111 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, no presentaron informe ni concurrieron a la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, pese a su legal citación, cursante a fs. 81, 84 y 85.
I.2.3. Resolución
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 04/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 112 a 117 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:
- a)La Resolución que negó la solicitud de cesación de la detención preventiva fue pronunciada por Marcelo Salazar, entonces titular del Juzgado de Instrucción Penal, quien no fue mencionado en la acción de tutela; por lo que, no corresponde atender la acción de libertad con el añadido que data de bastante tiempo atrás;
- b)El petitorio no es congruente; toda vez que, si se deja sin efecto el Auto Interlocutorio Motivado 17/2018, el tribunal de alzada no tendría sobre qué decisión asumir una determinación; y,
- c)Las Resoluciones impugnadas cuentan con la debida fundamentación, pues ambas explican por qué consideran subsistentes los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 235.1 y 2 del CPP; distinto es cuestionar su logicidad o la postura asumida por un juez o tribunal; pues, para ello, deben exponerse con precisión y claridad los motivos por los cuales considera que la determinación no es razonable.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante decreto constitucional de 21 de agosto de 2018 (fs. 126), se dispuso la suspensión del cómputo de plazo, a efectos de recabar información complementaria; habiendo obtenido la misma, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 4 de junio de 2019 (fs. 140), se reanudó el cómputo del plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del término legal.
Al no existir consenso en Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
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