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TCP

0462/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0462/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 54682-2023-110-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 006/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 52 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Romero Bustos contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Adonis Torrico Díaz, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Estación Policial Integral del Sur (EPI-SUR) del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de marzo de 2023, cursante a fs. 2; y, 14 a 27 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación previsto por el art. 308 del Código Penal (CP), con referencia al art. 310 inc. d) del mismo cuerpo legal, mediante Resolución -Auto Interlocutorio- de 10 de febrero de 2023, Adonis Torrico Díaz, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la EPI-SUR del departamento de Cochabamba -ahora codemandada-, dispuso su detención preventiva por el periodo de seis meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del indicado departamento.

Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, expresando de manera clara y precisa los agravios sufridos; sin embargo, el mismo fue declarado improcedente mediante Auto de Vista de 7 de marzo de 2023, por el cual, con excesiva arbitrariedad y subjetividad, Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, confirmó el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de dicho año, incurriendo en las siguientes irregularidades:

  1. a)Respecto al agravio sobre que no se materializaba la probabilidad de autoría, porque el certificado médico forense elaborado el mismo día que se realizó la acción directa, no estableció agresión en ninguna parte del cuerpo de la supuesta víctima, y que la misma no se encontraba en estado de inconsciencia, ya que describió los supuestos hechos denunciados, la Vocal demandada, al igual que la Jueza codemandada, concluyó que no podía exigirse a una persona que sufrió violencia sexual, la existencia de desgarros o signos físicos de violencia para inferir indicios de violación con agravante;
  2. b)En cuanto al punto de agravio relativo al peligro procesal de fuga inserto en el art. 234.6 del Código Procesal Penal (CPP) -actividad delictiva reiterada-, ratificó la inobservancia de los principios iura novit curia, pro actione, pro persona, favorabilidad, razonabilidad, etc., lo que repercutió en su derecho a la presunción de inocencia al interpretar que solo se requeriría antecedentes de otro proceso, aunque aquel se encuentre sin sentencia firme y ejecutoriada para acreditar su concurrencia y la restricción de su libertad; por lo que, dicho razonamiento ingresó en suposiciones subjetivas, derivando en meras conjeturas cuando ni siquiera se estableció su culpabilidad, citando a ese efecto la ; y,
  3. c)Con relación a su reclamo respecto al riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del citado Código (peligro efectivo para la víctima), al igual que la Jueza codemandada, de manera inmotivada, infundada e incongruente, sostuvo su concurrencia, apoyándose en la supuesta asimetría de género entre hombre y mujer, ratificando subjetivamente que la misma se encontraba en estado de inconsciencia, al habérsele suministrado supuestamente alguna sustancia, razonamiento que vulneró su derecho al debido proceso en su elemento valoración objetiva de la prueba y sana crítica, pues no se debió asumir posiciones subjetivas cuando los indicios de prueba no apuntaban a ninguno de los argumentos referidos por la Jueza inferior.

Por lo que -a su criterio-, las autoridades demandadas, lesionaron su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, así como al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva e inobservaron los principios de favorabilidad y pro actione, pues, pese a haber expresado los fundamentos del recurso de apelación incidental contra la determinación de la Jueza a quo, con criterio subjetivo, riguroso y sesgado, el Tribunal de alzada concluyó que no se evidenció vulneración de sus derechos, sustentando su decisión de declarar la improcedencia de dicho recurso de manera indebida, priorizando rigorismos insustanciales por encima de sus derechos fundamentales y apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad al realizar la compulsa y valoración de la prueba razonable, puesto que, esta no puede circunscribirse a la enunciación o enumeración de los elementos de prueba, sino que debe contener una exposición clara y precisa de cómo fueron examinados y por qué merecieron un determinado valor de manera conjunta, armónica y acorde a las reglas de la sana crítica; por lo que, una sola prueba no puede fundar por sí misma y de manera aislada o autónoma una decisión, sino que debe existir una interdependencia con las otras pruebas, aspecto que no aconteció en el presente caso a través de las resoluciones emitidas por las autoridades demandadas.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración razonable de la prueba, a la tutela judicial efectiva en vinculación con su derecho a la libertad, así como a los principios de presunción de inocencia, legalidad, tipicidad, taxatividad, celeridad, pro homine, pro persona, pro actione, favorabilidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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