0464/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0464/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 27421-2019-55-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 31 de enero de 2019, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mayber Almanza Muriel contra Ana Litzie Peña Villalta, Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de enero de 2019, cursantes de fs. 65 a 70 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 19 de noviembre de 2008, Eny Livia Rojas Rodríguez instauró demanda de asistencia familiar en favor de sus dos hijos, arribándose a un acuerdo que fue homologado el 3 de diciembre de igual año; cuatro años después, la nombrada solicitó el desarchivo del proceso y señaló como nuevo domicilio de su persona, una calle innominada sin numeración en Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, teniéndose por señalado el mismo mediante proveído de 30 de marzo de 2012; posteriormente el 22 de octubre de 2015, se demandó el incremento de la asistencia familiar manifestando desconocer su domicilio, impetrando se notifique al Servicio de Registro Cívico (SERECI) y al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); por lo que, la autoridad judicial dispuso se notifique a dichas instituciones a objeto de informar sobre su último domicilio.

Por su parte, el 24 de julio de 2013, solicitó la cesación de la asistencia familiar señalando como su domicilio procesal la Plaza 14 de Septiembre Acera Este 0565, evidenciándose una notificación de 7 de diciembre de 2015 en el mismo con la liquidación que posteriormente fue aprobada el 31 de igual mes y año conminándole al pago de Bs25 150.- (veinticinco mil ciento cincuenta bolivianos).

De otro lado, cuando la demandante solicitó el incremento de la asistencia familiar (memorial de 22 de octubre de 2015), introdujo "información" sobre el desconocimiento del domicilio real de su persona, a partir del cual, previo el cumplimiento de las exigencias procedimentales omitidas, "...todo desarrollo procesal posterior debe realizarse mediante edictos" (sic), pero pese a ello, la autoridad judicial se limitó a la información proporcionada por el SERECI que estableció como domicilio la localidad de Ivirgarzama en Mortenson y calle Chuquisaca donde fue apremiado; luego la demandada por proveído de 25 de agosto de 2016, señaló que la certificación (no especifica cuál) no mencionó una dirección precisa, disponiendo la notificación mediante edictos, cuando a contrario sensu la certificación del SERECI estableció con claridad el reporte de su domicilio real en la referida dirección de la localidad de Ivirgarzama; proceso que después de dos años fue reactivado por la demandante, quien presentó los edictos y liquidación por Bs44 750.- (cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta bolivianos) disponiendo el traslado y la notificación conforme dispone el art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), procediéndose a su notificación mediante cédula en el tablero del juzgado. Finalmente la demandante solicitó la aprobación de la planilla de liquidación siendo deferida por proveído de 19 de septiembre de 2018 bajo el argumento de que al estar legalmente notificado, se aprobaba la misma, intimando su pago dentro del tercer día; y, en caso de incumplimiento se expida mandamiento de apremio, a cuyo fin, la demandante presentó las publicaciones de los edictos de 7 y 14 del mismo año, impetrando la emisión del respetivo mandamiento que fue dispuesto por proveído de 29 de noviembre de igual año.