0467/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga lo siguiente:

1. a)Se deje sin efecto la Resolución Sumarial Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 26 de diciembre, dictada por la autoridad sumariante municipal y el Decreto Edil 15/2021 de 13 de enero, emitido por el ex Alcalde Municipal, debiendo la actual autoridad ejecutiva municipal, emitir una nueva resolución conforme a derecho; y,
2. b)Considerando su condición de persona con discapacidad, se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral con la debida orden de pago de sus sueldos devengados desde el mes que fue ilegalmente destituido.

Cristhian Miguel Cámara Arratia, Alcalde del GAM de Trinidad del departamento del Beni, a través de su representante legal, mediante informe escrito de 22 de julio de 2021, cursante de fs. 280 a 283; y en audiencia, manifestó lo siguiente:

1. 1)El Reglamento Interno de Personal del GAM de Trinidad, aprobado mediante Decreto Municipal 13/2018 de 5 de abril, se aprobó dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, Ley 482 de Gobierno Autónomos Municipales, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Decreto Supremo (DS) 26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, Ley General del Trabajo y Ley Municipal 55/014 de 24 de abril; siendo este, un instrumento operativo complementario del Sistema de Administración de Personal que tiene por finalidad establecer, normar y regular la relación de dependencia de los servidores públicos con el GAM, sin realizar distinción alguna si están bajo el Estatuto del Funcionario Público o la Ley General del Trabajo, por cuanto abarca y se aplica obligatoriamente a todos los servidores dependientes en las áreas, incluyendo a la Dirección General de Terminales de Buses del GAM de Trinidad, como una Unidad Desconcentrada que tiene una dependencia directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Municipal; por lo que, resulta desatinada la afirmación de ilegalidad de dicho Reglamento, puesto que por principio se presume la constitucionalidad de toda norma, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad;
2. 2)El impetrante de tutela, intenta desconocer la normativa emitida por el Ejecutivo Municipal, haciendo referencia solo a los primeros Decretos Supremos sobre la cuarentena, sin tomar en cuenta que el DS 4229 de 29 de abril de 2020, estableció la cuarentena condicionada y dinámica en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán cumplir los Municipios y/o departamentos; dictándose la Resolución Ministerial (RM) 229/20 de 18 de mayo, el Decreto Edil 200/2020 de 10 de julio, el Comunicado 36/2020 de 13 de julio, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; asimismo, se tienen los Instructivos BTB 008 y 009, ambos de 21 de julio de 2020, por los cuales se informó a todo el personal el cumplimiento del Decreto Edil 200/2020 antes señalado, indicando que a partir del 22 de julio se establecía el horario de trabajo de 08:00 a 14:00, el control de asistencia y el de permanencia en sus puestos de trabajo;
3. 3)Conforme a lo anterior, no existe ninguna ilegalidad en la llamada de atención que se realizó a través del Memorándum 01/2020 de 29 de julio, puesto que todos estaban trabajando regularmente desde el 22 de julio, si bien la terminal no operaba por la prohibición de viajes interdepartamentales; sin embargo, dentro de la misma existen oficinas administrativas de los operadores de transportes, como tiendas de alimentos, multicentro de ENTEL y otros, más aun si el ahora peticionante de tutela en su cargo de portero de ingreso a la Terminal antes referida, tenía la obligación de abrir y cerrar el portón y controlar el ingreso de personas autorizadas; empero, hizo caso omiso de su obligación en diferentes ocasiones, con el argumento que no existía un manual que diga cuáles son sus funciones, pese a que el Instructivo DTB 009/2020 de 21 de julio, es claro sobre las obligaciones y funciones que tiene a su cargo; lo propio ocurrió en cuanto al Memorándum UD. TBT 02/2020 de 30 de julio, que argumentó nuevamente la inexistencia de un Manual de Funciones, desconociendo la existencia del mismo que fue aprobado por Decreto Municipal 009/2020 de 20 de marzo, donde se encuentra identificado el cargo que ocupa, el objetivo, las funciones específicas y otros;
4. 4)Respecto al Memorándum UD. TBT 03/2020 de 10 de septiembre, en base a una conciliación realizada en el Ministerio de Trabajo, fue dejado sin efecto, hecho que fue considerado en la resolución de recurso jerárquico, la cual señaló que en el supuesto que dicho memorándum haya quedado sin efecto, quedan cuatro amonestaciones escritas emitidas por las autoridades de la Terminal de Buses que no fueron reclamadas en su momento, habiéndose determinado en un proceso administrativo, el grado de responsabilidad cometidas por el funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El Reglamento Interno de Personal, aprobado por Decreto Municipal 013/2018, en su art. 60 inciso i) respecto a la destitución por proceso administrativo interno, establece la acumulación de tres amonestaciones escritas por infracciones descritas en el Reglamento;
5. 5)La invocación al derecho al trabajo y tutela constitucional de personas con discapacidad que hace el accionante, no le exime de responsabilidad administrativa por faltas que cometiere en el ejercicio de sus funciones; por lo que, no puede amparar su conducta e incumplimiento en su discapacidad; y,
6. 6)Una vez declarada la ejecutoria de la Resolución Sumarial 0AS 006/2020 de 13 de enero, ratificada mediante Decreto Edil 15/2021 de 13 de enero, se hizo efectiva su destitución mediante Memorándum 01/2021 de 26 de enero, se realizó el pago de sus beneficios sociales y sus saldos de vacaciones con cheque de 17 de marzo de 2021, dineros cobrados por el solicitante de tutela el 20 de marzo del mismo año, conforme se acredita por el extracto bancario de la Cuenta Única del Municipio, habiendo el accionante optado por sus beneficios sociales, intentando ahora por la vía constitucional su reincorporación no obstante que cobró sus beneficios sociales, existiendo además hechos consentidos que demuestran su intención de no seguir ejerciendo el cargo de sereno en la entidad, puesto que participó de las elecciones sub nacionales del 2021 como candidato a Asambleísta suplente de la provincia Cercado, cargo que actualmente ocupa, como acredita por la publicación de resultados del Órgano Electoral. Por los motivos expuestos pide se declare la improcedencia de la acción de defensa o en su caso se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, mediante Resolución 077/2021 de 29 de julio de 2021, cursante de fs. 292 a 299, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)En el caso objeto de análisis, se tiene evidenciado que el impetrante de tutela fue sometido a proceso administrativo interno, sobre la base normativa del Reglamento Interno de Personal del GAM de Trinidad, el mismo que si bien no se encuentra aprobado por el Ministerio de Trabajo, cuenta con validez jurídica mientras no sea declarada su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional y en tanto no lesione los derechos y garantías del procesado;
2. ii)Así, en la problemática que sustenta esta acción, se puede observar que dentro del proceso instaurado contra el peticionante de tutela, se siguió un procedimiento a partir de la emisión del Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 006/2020 de 24 de noviembre, el mismo que fue puesto en su conocimiento a efectos de que pueda ejercer su derecho a la defensa y desvirtuar los cargos que pesaban en su contra, abriéndose término probatorio para que pudiera presentar los elementos de prueba que considere necesarios, también hizo uso de todos los medios de impugnación, habiéndose pronunciado la Resolución Sumarial 0AS 006/2020 de 16 de diciembre, así también la Resolución Sumarial Proceso Administrativo Interno Recurso de Revocatoria 0AS 006/2020 de 31 de diciembre; y, la resolución jerárquica Decreto Edil 15/2021 de 13 de enero; concluyendo que al concurrir responsabilidad administrativa, correspondía sancionarlo con la destitución de su fuente laboral, sustentando la decisión en el art. 60 inciso i) de su Reglamento;
3. iii)No corresponde a la justicia constitucional analizar y definir la situación del trabajador, sino, únicamente limitarse a determinar si sus derechos, fueron o no conculcados. En el presente caso, el solicitante de tutela en lugar de acudir a la justicia ordinaria en materia laboral, denunciando los extremos ahora señalados, activó directamente la vía constitucional inobservando el principio de subsidiariedad, situación que impide a esa jurisdicción emitir criterio jurídico alguno; y,
4. iv)En relación a la reincorporación solicitada adicionalmente por el impetrante de tutela, la documentación aportada en el proceso, evidencia que ante la destitución laboral generada en base al proceso administrativo interno, la entidad empleadora realizó el trámite correspondiente para el pago de beneficios sociales a favor del ahora accionante, situación que derivó que mediante cheque 0108456, el GAM antes señalado canceló la suma de Bs4 528,92 (Cuatro mil quinientos veintiocho con 92/100 bolivianos), por concepto de vacaciones pendientes y demás beneficios sociales, situación que se enmarca en lo dispuesto por el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece que cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos y otros derechos que le corresponde, situación que al haberse presentado y cumplido dentro del caso de autos, al haber cobrado sus beneficios sociales consintió de manera voluntaria su desvinculación del cargo de Sereno Portero de la Terminal de Buses "Gral. Edmundo Vaca Medrano".

II.2. A través de la Resolución Sumarial de Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 16 de diciembre, dictada por la Autoridad Sumariante antes referida, resolvió sancionar a Saúl Ortiz Nava, con la destitución del cargo de portero de la Terminal de Buses "Gral. Edmundo Vaca Medrano", dependiente del GAM de Trinidad, por la contravención al Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Decreto Municipal 013/2018 de 5 de abril, conforme a lo establecido en el art. 61 inciso c) con relación al art. 60 inciso i) Acumulación de tres amonestaciones escritas. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos:

1. a)En cumplimiento al Decreto Edil 200/2020 de 10 de julio, que establece la cuarentena condicionada y dinámica para el Municipio de Trinidad, permitiendo el trabajo en todas las actividades económicas y/o comerciales en el sector público y privado, con una jornada laboral excepcional, reducida a seis horas, se hizo conocer a todos los porteros de las terminales de buses de Trinidad el Instructivo DTB 009/2020 de 21 de julio, emitido por la Encargada de Personal de Terminales de Buses, referido al horario de trabajo, control de asistencia, permanencia de personal en sus puestos de trabajo y sobre el uso de uniforme institucional;
2. b)El 29 de julio de 2020, se le llama la atención verbalmente por parte del Jefe Administrativo Financiero, por incumplir sus funciones asignadas, pese a este hecho el funcionario hizo caso omiso; por lo cual, se procedió a enviarle el primer Memorándum 01/2020 de 29 de julio, por no permanecer en su puesto de trabajo. El 30 de julio de 2020, verificaron que pese al Memorándum enviado, el funcionario se negó a cumplir sus funciones asignadas; por lo que, recibió el segundo Memorándum UD. TBT 02/2020 de 30 de julio. Luego se emitió el Memorándum UD. TBT 03/2020 de 10 de septiembre, por no asistir a su fuente laboral, documento que supuestamente quedó sin efecto pero que no ha sido demostrado a esta Autoridad sumariante. Posteriormente, el 6 de octubre de 2020, se le entregó el Memorándum UD. TBT 04/2020 de 6 de octubre, de cuarta llamada de atención por atrasos en la hora de ingreso, dando un total de ciento veintidós minutos al mes. El 17 de noviembre de 2020, se le entregó el Memorándum UD. TBT 05/2020, realizándose la quinta llamada de atención por inasistencia injustificada del servidor público a su fuente de trabajo;
3. c)Esta cantidad de Memorándums, en total cinco amonestaciones escritas, sobrepasa lo establecido en el Régimen Disciplinario del Reglamento Interno de Personal, que sanciona en el art. 60 inciso i) Acumulación de tres amonestaciones escritas; y,
4. d)En el memorial de 8 de diciembre de 2020, Saúl Ortiz Nava ahora impetrante de tutela, adjuntó como descargo fotocopia simple del Carnet de Afiliación otorgado por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) con Código de Registro 5132 emitido el 27 de marzo de 2015, con vigencia hasta el 27 de marzo de 2020, documento que no es considerado por encontrarse desde hace meses vencido (fs. 69 a 70).

II.3. Saúl Ortiz Nava -ahora accionante-, impugnó la Resolución antes referida que dispuso su destitución a través del memorial de 22 de diciembre de 2020; en el cual manifestó como agravios lo siguiente:

1. 1)En relación al Memorándum UD. TBT 03/2020 de 10 de septiembre, la autoridad sumariante olvida por completo lo establecido en los arts. 46 y 48 de la CPE, normativa constitucional y de cumplimiento obligatorio que no ha sido aplicada por dicha autoridad;
2. 2)Respecto al carnet de afiliación otorgado por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), el mismo que se encontraría vencido desde el 27 de marzo de 2020, la autoridad sumariante olvida de forma dolosa que mal podría renovar su carnet de afiliación al IBC, pues en las fechas posteriores al 27 de marzo de 2020 nos encontrábamos en cuarentena emergente de la pandemia del Covid-19; y,
3. 3)La Autoridad Sumariante de forma dolosa omite aplicar al caso de autos lo normado por los arts. 70, 71 y 72 de la CPE y los razonamientos contenidos en la Resolución de la Sala Constitucional 69/2019 de 28 de agosto, que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio (85 a 86 vta.).

II.4. Por Resolución Sumarial 0AS 006/2020 de 31 de diciembre, emitida por la Autoridad Sumariante, se ratificó totalmente la Resolución Sumarial de Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 16 de diciembre, iniciado contra Saúl Ortiz Nava, por la contravención del Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Decreto Municipal 013/2018 de 5 de abril, conforme a lo establecido en el art. 61 inciso c) con relación al art. 60 inciso i) Acumulación de tres amonestaciones escritas; con los siguientes fundamentos:

1. i)La Dirección Desconcentrada del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Terminal de Buses "Gral. Edmundo Vaca Medrano", emitió cinco amonestaciones escritas en su contra por asuntos de índole disciplinario, sobrepasando la cantidad de amonestaciones a las establecidas en el Régimen Disciplinario de Reglamento Interno de Personal, que sanciona en el art. 60 inciso i) Acumulación de tres amonestaciones escritas; ii) En el supuesto caso de que no se haya demostrado que el Memorándum UD. TBT 03/2020 antes señalado, hubiera quedado sin efecto, aún quedan cuatro memorándums o amonestaciones escritas; por lo que, la base que sustenta el proceso administrativo con los cuatro Memorándums de llamada de atención emitidos de índole disciplinario; y, iii) Se debe tener presente que la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, Ley 2027, Ley General del Trabajo y la Reglamentación vigente, no exime de responsabilidad administrativa a ningún funcionario público, determinándose precisamente en un proceso administrativo el grado de responsabilidad por contravenciones o faltas disciplinarias cometidas por el servidor público en el ejercicio de sus funciones; por lo que, no se puede amparar su conducta e incumplimiento de sus funciones en la normativa aplicable a personas con discapacidad y en documentación que corresponde a otro caso (fs. 74 a 78).

II.5. Contra la señalada Resolución, Saúl Ortiz Nava, interpuso recurso jerárquico, señalando como agravios lo siguiente:

1. a)La Resolución impugnada, carece completamente del principio de motivación, hecho que vulnera lo normado por los arts. 46, 48, 115, 116, 180 y 410 de la CPE; y,
2. b)La indicada Resolución tiene como sustento legal de su decisión, lo supuestamente normado por el régimen disciplinario del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, aprobado mediante Decreto Municipal 013/2018 de 5 de abril, el mismo que es completamente ilegal y por aplicación de la Resolución de la Sala Constitucional 69/2019 de 28 de agosto, se torna inaplicable al caso de autos, más aún si en el caso en concreto se está valorando la conducta funcionaria de una persona con discapacidad; por lo que, pide se deje sin efecto la resolución impugnada y se lo restituya a su fuente laboral, todo en aplicación de los arts. 70, 71 y 72 de la CPE (fs. 87 a 88).

II.6. El Alcalde del GAM de Trinidad, a través del Decreto Edil 15/2021 de 13 de enero, resolvió confirmar totalmente la Resolución Sumarial 0AS 006/2020 de 31 de diciembre, la misma que ratifica la Resolución Sumarial Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 16 de diciembre, que dispuso la destitución de Saúl Ortiz Nava; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Los argumentos contenidos en la Resolución Sumarial Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 31 de diciembre, no han sido objeto de agravio alguno en el recurso jerárquico interpuesto. La resolución antes señalada cumple con la debida motivación y fundamentación como parte esencial del derecho al debido proceso;
2. 2)El recurrente no precisa ni fundamenta la supuesta ilegalidad del Reglamento Interno de Personal, no obstante que la Resolución Sumarial 006/2020 de 16 de diciembre, rechazó dicha pretensión, al establecer que dicho Reglamento ha sido elaborado conforme a normativa vigente correspondiendo al ejecutivo su aprobación, conforme lo establece el art. 9 de la Ley 1178, constituyendo el instrumento operativo y complementario al Sistema de Administración de Personal, entre otros fundamentos; argumento que no fue objeto de agravio y/o cuestionamiento alguno en el recurso de revocatoria. Por lo demás, el Reglamento Interno de Personal aprobado por Decreto Municipal 013/2018 de 5 de abril, tiene como fundamento los arts. 232 y 283 de la CPE, la Ley 1178, el DS 26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, gozando además dicho instrumento normativo del principio de constitucionalidad y legalidad;
3. 3)La Resolución de la Sala Constitucional 69/2019 de 28 de agosto, no expresa ni establece de forma alguna, que el Reglamento antes señalado sea ilegal, la misma responde y resuelve otros hechos distintos a los que motivan el presente proceso, es así que ni los hechos ni la doctrina expresada en esa resolución resulta vinculante o aplicable al presente caso; y,
4. 4)Respecto a la invocación que hace el recurrente de los artículos 70, 71 y 72 de la CPE, sobre el derecho al trabajo y tutela constitucional de las personas con discapacidad, la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria rechazó tal argumento de manera fundamentada; el mismo que tampoco fue objeto de agravio en el presente recurso jerárquico. Si bien es evidente que el Estado garantiza y tutela el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de las personas con discapacidad; empero, la norma establece la salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley para la desvinculación laboral previo debido proceso, conforme indica la SCP 0874/2013 de 16 de agosto (fs. 79 a 84).

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, legalidad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; toda vez que, considera que se le inició proceso administrativo interno de manera ilegal; ello debido a que:

1. i)El Auto de Apertura, en ninguna de sus partes refiere en qué tipo de falta supuestamente hubiera incurrido, puesto que no especifica si es gravísima, grave o leve, y así tener pleno conocimiento del tipo de sanción que se pretende aplicar, situación que lo dejó en total indefensión;
2. ii)El ex funcionario público que ejercía funciones de Jefe Administrativo y Financiero, no tenía competencia para amonestarlo por el hecho de la supuesta falta; toda vez que, sus funciones no son inherentes al manejo de personal, sino netamente administrativas y financieras;
3. iii)La Resolución impugnada carece de fundamentación al no resolver los agravios objeto de las impugnaciones en la vía administrativa, referidas a los ilegales memorándums de llamada de atención y a la imposición de una sanción gravosa de destitución en base a un Reglamento Interno de Personal que carece de legalidad al no haber sido aprobado u homologado por el Ministerio de Trabajo; y,
4. iv)Al ser una persona con ceguera, goza de la protección establecida por el art. 71 de la CPE, así como de la Ley 223 -Ley General para Personas con Discapacidad-; aspecto que no ha sido considerado por las autoridades demandadas; por ello, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponer:
5. a)Se deje sin efecto la Resolución Sumarial Proceso Administrativo Interno 0AS 006/2020 de 26 de diciembre, dictada por la Autoridad Sumariante y el Decreto Edil 15/2021 de 13 de enero, emitido por el ex Alcalde Municipal, debiendo la actual autoridad ejecutiva municipal, emitir una nueva resolución conforme a derecho; y,
6. b)Considerando su condición de persona con discapacidad, se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral con la debida orden de pago de sus sueldos devengados desde el mes que fue ilegalmente destituido.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son o no evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)Sobre el derecho al debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo sancionador;
2. 2)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
3. 3)La tutela de los derechos de personas con discapacidad o que tienen a su cargo personas con discapacidad. Jurisprudencia reiterada; y,
4. 4)Análisis del caso concreto.

...respecto al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado, se desprenden dos temas, que se sustentan en normas constitucionales-principios del nuevo modelo de Estado:

1. 1)El fundamento de su ejercicio; y,
2. 2)Los límites a ese ejercicio, que encuentran una barra de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso.

1. 1)El ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, en el ámbito disciplinario, permite a la administración pública en sus distintos órganos e instituciones del nivel central y de las diferentes entidades territoriales autónomas imponer sanciones a sus servidoras y servidores públicos para garantizar que se cumplan los fines y funciones esenciales del Estado previstos en la Constitución y la ley conforme refiere el art. 9 de la CPE, siendo ese su fundamento. En efecto, son la Constitución, la legislación y reglamentación del nivel central y de las entidades territoriales autónomas que en ese cometido le confieren a la administración pública la potestad y facultad de aplicar, en vía disciplinaria, diversos tipos de sanciones a sus servidoras y servidores públicos.

1. 2)Ahora bien, el ejercicio de la potestad de las entidades públicas de imponer sanciones disciplinarias a sus propios servidores públicos, está subordinado y limitado al respeto de determinadas garantías mínimas, entre ellas, la garantía del debido proceso, por cuanto ello controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello, en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía.

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre5 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre6 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²7-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio8, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio9, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre10, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo11 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.