0467/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2023-S1 Sucre, 23 de mayo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47201-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 20 de abril de 2022, cursante de fs. 159 vta. a 162, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana Hurtado Serrano por sí y en presentación legal de Máxima Hurtado Serrano y Elizabeth Delgadillo Inca contra Limber Cossío Arnez, Alcalde; y, Jhonatan Xavier Santa Cruz Zabala, Intendente ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Puerto Villarroel.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 7 y 13 de abril de 2022, cursantes de fs. 75 a 81 vta., y 84 a 85 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En junio de 2021, estableció su actividad laboral denominada "Café Bar Rodeylad La Esquina", ubicada sobre la avenida Santa Cruz esquina calle Pando de la localidad de Ivirgarzama del municipio de Puerto Villarroel del departamento de Cochabamba, la cual no solo cubrió las necesidades de su familia, sino también al requerir personal de apoyo le permitió ofrecer empleo con un salario mínimo nacional a dos personas con familias independientes una de ellas que tiene a su cuidado un niño con discapacidad; y, otra que es madre soltera que tiene su hijo de edad escolar.

El 15 de febrero de 2022, pasado las 22:00 horas, cuando atendía a sus clientes, en el lugar, se constituyeron servidores públicos de la Intendencia del GAM de Puerto Villarroel, arguyendo que los martes es prohibido vender bebidas alcohólicas y que procederían a clausurar su negocio; en ese sentido, el 16 de ese mes y año -al día siguiente- en su establecimiento apareció un precinto con el rótulo clausura definitiva, sin establecer la contravención de la norma municipal vigente, ejerciéndose un acto ilegal, unilateral y arbitrario, catalogado como medidas de hecho, porque se le impuso una sanción administrativa sin que exista un proceso administrativo previo en el que pueda defenderse ni una resolución; por lo que, desde el 15 de febrero del 2022,hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, su negocio permanece cerrado y clausurado, sin que exista la posibilidad de trabajar y generar empleos para sus dependientes, privándole del sustento diario para su familia. Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, su esposo acudió a las dependencias del GAM de Puerto Villarroel, con el objeto de informarse de la clausura; no obstante, en oficinas de la Dirección Jurídica de ese ente municipal, sin que exista un proceso previo se le notificó ilegalmente con la Resolución Ejecutiva de Clausura Definitiva M.A.E. 025/2022 de 22 de febrero, emitida por el Alcalde de dicha entidad gubernamental -ahora demandado-, y recién en esa oportunidad se enteró de las infracciones establecidas en la Ley Autonómica Municipal 34 de 29 de diciembre de 2016, por lo que, con esa medida el citado Alcalde, utilizado las mismas vías de hecho cometidas por el Intendente del GAM de Puerto Villarroel -ahora demandado-, clausurando su establecimiento, e imponiéndole una sanción económica que debía cancelar en un plazo de quince días, debido a que si no se hacía efectivo el pago, se procedería con el decomiso o confiscación de sus bienes muebles.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo; y, a la estabilidad laboral de las personas con discapacidad; citando al efecto los arts. 8, 9.5, 14.II, 46, 47.I, 115.II, 116.I y 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 156 a 162, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela, por intermedio de su representante legal en audiencia pública ratificó los argumentos expuestos en su acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.2. Mediante Informe de Clausura Definitiva de 16 de febrero de 2022, Jhonatan Xavier Santa Cruz Zabala, Intendente del GAM de Puerto Villarroel, se dirige a Limber Cossío Arnez, Alcalde de la indicada entidad edil, en el cual, señala que Roxana Hurtado Serrano -accionante- cometió las siguientes contravenciones:

"Mediante la presente me cabe informar, con respecto al establecimiento 'BAR RESTAURANT LA ESQUINA', que en fecha 15 de febrero del 2022 se realizó el operativo de control a establecimientos de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en esta ciudad intermedia de Ivirgarzama puerto Villaroel, Donde la señora: ROXANA HURTADO SERRANO responsable del establecimiento, se encontraba funcionanado a horas 22:33 Pm Atendiendo al público en general, con la venta y expendio de bebidas alcohólicas, donde esta misma había cometido los cargos de:

* Avance de horario de funcionamiento. Se encontró a varios clientes en dependencias de este local consumiendo bebidas alcohólicas en gran cantidad y en estado inconveniente a la hora indicada en el presente informe, donde el martes es considerado día de la salud y está prohibido la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

* No contar con la licencia de funcionamiento. La señora aclaro que tramito la licencia de funcionamiento ya que aún le falta la certificación del barrio para la aprobación de este establecimiento, pero esto sucedió ya desde la gestión 2021 y hasta la fecha no presento la documentación necesaria.

* Por atender en estado de ebriedad al cliente. Donde se encontró a la propietaria en estado inconveniente atendiendo a sus clientes e incluso tuvo accionares negativos en contra de la intendencia municipal.

(...)

De esa manera la Intendencia Municipal, procedió a la clausura DEFINITIVÀ del establecimiento BAR RESTAURANT LA ESQUINA que está ubicado en la Avenida Santa Cruz, entre calle Pando y calle 25 mayo, el día lunes 15 de febrero del 2022." (sic [fs. 2 y 3]).

II.3. A través de Informe Legal DJDN/IL-084/2022 de 22 febrero, María Lizeth Rojas Mendez, Abogada de Saneamiento de Bienes Municipales e Intendencia del GAM de Puerto Villarroel, recomienda la clausura definitiva del establecimiento "La Esquina" y se disponga una multa económica de 4 500 UFVs, a ser cancelada por Roxana Hurtado Serrano -impetrante de tutela- en un plazo no mayor de quince días (fs. 9 a 13); asimismo, se tiene Certificación de 21 de febrero de 2022, mediante la cual, Eugenio Rodriguez Castro, Responsable de Ingresos Municipales de la indicada entidad gubernamental, señala que de la verificación del Sistema de Ingresos Municipales "SISTEMA SIIM", no existe registro de la actividad económica denominada Bar Restaurant "La Esquina" a nombre de Roxana Hurtado Serrano -peticionante de tutela-. (fs. 14)

II.4. Por Resolución Ejecutiva de Clausura Definitiva MAE 025/2022 de 22 de febrero, Limber Cossio Arnez, Alcalde del GAM de Puerto Villarroel -ahora demandado- dispone:

"ARTICULO PRIMERO.- Se DISPONE la CLAUSURA DEFINITIVA DEL CENTRO DE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENOMINADO 'LA ESQUINA', OUE TIENE COMO RESPONSABLE A ROXANA HURTADO SERRANO SIN CARNET DE IDENTIDAD, por Faltas establecidas por el Art.4, Art. 26 y el Art. 29 de la Ley 259 de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Art. 16, Art. 40, Art.41 y el Art. 64 núm. 1) y 3) y el Art. 65 núm. 10) de la Ley Autonómica Municipal N° 34 de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

ARTICULO SEGUNDO.- SE ESTABLECE UNA MULTA ECONOMICA DE 4.500 UFV's (CUATRO MIL QUINIENTOS UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), en contra de en aplicación a lo dispuesto por los arts. 64 núm. 1) 3) y art. 65 núm. 10) de la Ley Autonómica Municipal N° 34, los cuales deberán ser cancelado en un plazo de 15 días hábiles ...

En caso que la sanción económica no sea cancelada dentro los 15 días otorgados para la misma, se aplicara una multa penal del 3% sobre la base del total de la multa por día de retraso en aplicación de lo dispuesto por el art. 53 parágrafos III de la Ley Autonómica Municipal N° 34.

ARTICULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a las sanciones establecidas dará lugar a la aplicación del artículo 55 de la Ley Autonómica Municipal N° 34 de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que textualmente cita el procedimiento del decomiso o confiscación de los bienes muebles del establecimiento infractor bajo inventario, los cuales podrán ser devueltos una vez cumplidas las sanciones. De ser necesario se pedirá auxilio de la Fuerza Pública en caso de resistencia.

ARTICULO C?ARTO.- En aplicación de lo dispuesto por el art. 64 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo la SANCIONADA tiene el plazo de 10 días computables a partir del día siguiente de su legal notificación a objeto de poder impugnar la presente Resolución, a través del recurso de Revocatoria." (sic [15 a 19])

La indicada Resolución se notifica a Richard Flores Ruiz (esposo de la accionante) el 16 de marzo de 2022. Asimismo, se adjunta fotografías de la clausura del "Bar Restaurant La Esquina". (fs. 20 a 22)

II.5. Cursan declaraciones voluntarias notariales de Elizabeth Delgadillo Inca, y Máxima Hurtado Serrano -accionantes-, carnet de discapacidad intelectual con porcentaje 37% del menor JESD, certificado de nacimiento del menor y libreta escolar del menor MCH; asimismo del kardex de estudio de la Universidad Mayor de San Simón de Deysi Chauca Hurtado; e Historial académico de la Universidad de Aquino de la carrera de Medicina de Lady Diana Chauca Hurtado. (fs. 23 a 31)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho

Frente a las acciones provenientes de medidas de hecho, corresponde considerar la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, la cual, refirió otros fallos constitucionales, y se basó en ellos, así como también, procedió a modular la línea jurisprudencial desarrollada hasta ese momento; entonces, entendiendo que es preciso tener conocimiento del contexto jurisprudencial en el que emergió dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, es menester señalar aspectos importantes que son parte del razonamiento de la misma, a ese fin, se tiene a bien citar la 0SC 0832/2005-R de 25 de julio1, la cual estableció los siguientes aspectos en cuanto al alcance de las medidas de hecho, indicando que ellas prescinden de las instancias legales a fin de realizar una "justicia" directa, cuando resultan ilegítimas, precisamente por no estar respaldadas legalmente, además, que por el daño ocasionado y la gravedad del mismo, merecen una tutela inmediata; sobre esa base, la 0SCP 0148/2010-R de 17 de mayo, si bien entendió la necesidad de actuar con prontitud y efectividad frente a medidas de hecho, también vio la necesidad de establecer las condiciones precisas en las que se podía activar la vía constitucional de forma directa, para lo cual señaló:

No obstante, se deja presente que existen requisitos para considerar la situación como medida de hecho y hacer abstracción de las exigencias procesales, como ser:

Ahora bien, habiendo ya señalado de manera muy sucinta el contexto en el que emergió la citada SCP 0998/2012, se pasa a indicar las condiciones establecidas por esta -modulando entre ellas algunas señaladas por la referida 0SCP 0148/2010, ya que, se entiende, vio por conveniente superarlas- para solicitar la tutela constitucional frente a la presencia de medidas de hecho:

Posteriormente, pero no mucho tiempo después, el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, la misma que en su Fundamento Jurídico III.1.1 hizo una reseña que de forma expresa, detalló cuáles eran aquellas situaciones en las que se daban las medidas de hecho de manera recurrente, señalando lo siguiente:

También se evidencia que la referida SCP 1478/20127, a tiempo de enfatizar la censura a las medidas de hecho, señaló que las mismas desconocen el ejercicio del acceso a la justicia de quien cuenta con la seguridad jurídica y certeza, previstas por el art. 178.I de la Norma Suprema, de que los conflictos suscitados se solucionarán, a través de una de las jurisdicciones previstas en la Constitución. Asimismo, sin pretender establecer una limitación, se refirió al contenido del derecho de acceso a la justicia, señalando lo siguiente:

En ese mérito, resaltó que el primer derecho vulnerado por las medidas de hecho es el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y que a partir de su vulneración, no es poco frecuente que se vulneren otros derechos conexos, a partir de su supresión, dada la interdependencia de los derechos fundamentales prevista por el art. 13.I de la CPE y en ese mérito dio los siguientes ejemplos:

Por ejemplo en los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad y este derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros (SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, entre otros casos); además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par, se tutelará el derecho a la propiedad. Y si su afectación recae además en la morada del afectado, también podrá ser objeto de tutela el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE).

En otros supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión dispuesta por autoridad judicial competente y éste derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con la resolución judicial que no esté sometida a controversia judicial y, por lo tanto, sea incontrovertible, además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par se tutelará el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE), cuando la afectación de la acción recaiga en la morada del afectado. (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. El derecho al debido proceso y su aplicación en el ámbito administrativo respecto a la clausura de locales comerciales

El art. 115.II de la CPE, respecto al debido proceso establece lo siguiente "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".

Por su parte, la 0SC 1534/2003-R de 30 de octubre, señaló el alcance del debido proceso garantizado por la Norma Suprema, refiriendo que se "...constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar..."

En ese entendido, la 0SC 0999/2003-R de 16 de julio, manifestó que:

...asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, infiriéndose de ello que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición constitucional.

La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes."

Entendimiento reiterado en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto.

De acuerdo a lo desarrollado ut supra, en cuanto al derecho a la defensa la 0SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1330/2012 de 19 de septiembre y 0186/2014-S2 de 24 de noviembre, entre otras, refirieron que el derecho a la defensa como elemento del debido proceso, previsto en el art. 115.II de la CPE, comprende dos aspectos:

...La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio'" (negrillas añadidas).

Posteriormente, en cuanto a los alcances de la potestad sancionadora del Estado, la SCP 0100/2014 de 10 de enero³, indicó lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el Estado, en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública la potestad sancionadora, cuyas normas que la regulan constituyen el llamado Derecho Administrativo Sancionador. "Esta potestad sancionadora, por los fines que persigue, se bifurca en dos: la disciplinaria y la correctiva. La primera se dirige a proteger los propios intereses de la Administración como organización (eficiencia, puntualidad, etc.); sus sanciones están dirigidas a sus funcionarios, así como a personas vinculadas a la Administración por especiales deberes y relaciones jurídicas. La segunda, se dirige a imponer sanciones a la generalidad de ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos que las normas les imponen como administrados. Este es el caso de las infracciones que establece por ejemplo, el Código Tributario en su Título III, en el que se establecen sanciones específicas para quienes incumplan los mandatos y prohibiciones contenidos en la referida norma legal (Derecho administrativo penal). En estos supuestos, la Administración tiene facultad para imponer sanciones, las que, en algunos casos, tienen igual o mayor gravedad que las establecidas en el Código Penal (este es el caso de las multas), pero tal potestad no alcanza en ninguno de los casos, a imponer la pena privativa de libertad, la cual está reservada al órgano judicial correspondiente" (las negrillas pertenecen al texto original).

En ese mismo sentido, la 0SC 0287/2011-R de 29 de marzo, estableció que:

El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares, dentro del cual se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, presentar las excepciones que correspondan a criterio suyo, sobre las cuales en todos los casos deberá existir pronunciamiento expreso del Tribunal o autoridad a cargo del proceso disciplinario.

Conforme a la jurisprudencia constitucional precedentemente desarrollada, se tiene que la sanción administrativa debe ser el resultado de un debido proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada en su contra.

Finalmente, en cuanto a la clausura de locales comerciales con relación al debido proceso administrativo, la aludida SCP 0100/2014⁴, manifestó que:

...la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como requisito de validez el respeto de los derechos fundamentales, y que emerja de un debido proceso dotado de sus elementos esenciales. En ese orden de cosas, la directa imposición de la sanción de clausura de locales comerciales, prescindiendo de las garantías mínimas que le asisten a los administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I y el derecho a la defensa previsto en el art. 119, todos de la CPE; asimismo, tal medida afecta el derecho al trabajo de los administrados, porque con la clausura del local comercial, efectivamente se ven restringidos en generar recursos económicos y, con ello incluso se estaría ante una afectación de otros derechos conexos, como la alimentación, dejando de lado el mandato constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables, equitativas y satisfactorias en todas sus formas...

En ese sentido, la justicia constitucional no tiene limitantes cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, por lo cual, la exigencia de que la actuación de las autoridades públicas se enmarque conforme la Constitución Política del Estado, la ley y las normas del ordenamiento jurídico cuando emitan una resolución, no solo se da en el ámbito judicial, sino también en el campo administrativo, disciplinario, entre otros; puesto que no puede convalidarse decisiones emitidas en total transgresión de la ley.

III.3. Sobre la Ley Autonómica Municipal de Control para el Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas del GAM de Puerto Villarroel

La referida norma municipal establece:

Artículo 1. (OBJETO).- La presente Ley Municipal tiene por objeto establecer normas que regulen las acciones y procedimientos administrativos para que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel mediante las instancias competentes, ejerza las políticas de Autorización, Control, Prevención y Fiscalización sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en resguardo de la vida, salud pública y la seguridad ciudadana de los habitantes del Municipio, en cumplimiento de la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas No. 259 de 11 de julio de 2012.

(...)

Artículo 45. (DE LAS INSPECCIONES).- Las inspecciones son acciones y mecanismos administrativos utilizados por el Gobierno Municipal, con la finalidad de fiscalización, verificación y control a todos los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el cumplimiento de normativa y regulaciones para su apertura y función, dentro de la Jurisdicción del Municipio de Puerto Villarroel.

Artículo 46. (DE LAS INSPECCIONES).-

I. Todas las inspecciones serán operativizados y ejecutados de manera ordinaria y extraordinaria por las instancias del Gobierno Municipal de Puerto Villarroel, de ser necesario en coordinación y trabajo conjunto con la Policía Boliviana, Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, autoridades de organizaciones, personal de la Fiscalía, SEDES (Servicio Departamental de Salud) y SEDEGES (Servicio Departamental de Gestión Social), etc.

II. La Inspecciones serán movilizados y desplegados ordinariamente bajo un cronograma, elaborado según un plan de acción de control a todos los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas; y extraordinariamente bajo una denuncia o hechos de inseguridad ciudadana. Intendencia Municipal deberá habilitar un Libro de Actas de Inspecciones, para levantarse acta de cada una de las inspecciones realizadas.

III. Las Inspecciones serán realizadas con la finalidad de verificar y evidenciar el cumplimiento e incumplimiento de las normativas y regulaciones al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Artículo 47. (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECCIONES).- Las competencias de las Instancias del Gobierno Municipal (Intendencia Municipal, etc.) cumplirán de acuerdo al siguiente procedimiento.

1. Según cronograma de Inspección ordinaria o Extraordinaria, la Intendencia Municipal y la comisión de autoridades, procederán con la inspección de establecimiento de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

(...)

4. Al momento de la inspección en caso de verificarse y evidenciarse la flagrancia de la falta o contravención, la autoridad competente podrá determinar y efectivizar en el momento de la CLAUSURA temporal, con el pegado del precintado y otras medidas que corresponden.

(...)

9. En caso de existir Faltas que ameriten el proceso administrativo, la autoridad municipal competente, emitirá la Resolución de Apertura de proceso Administrativo (en la que se ratificara la clausura temporal), y se procederán con la citación formal al titular propietario o representante legal y/o administrador encargado del establecimiento, dentro del plazo de 3 días hábiles, adjuntado la boleta de infracción, acta de inspección, para que en su derecho de defensa y aclaración, presente todas las pruebas de descargo que vean pertinentes, dentro del plazo probatorio de diez días hábiles a partir de recibido la citación.

10. Serán aceptados todos los medios de prueba legalmente establecidos y determinados por el Código Civil Boliviano, Ley de Procedimiento Administrativo, la presente Ley Municipal y otros reglamentos específicos. Sera considerado como medio de prueba idóneo y pre constituido el acta de inspección y el informe técnico de inspección.

11. Vencido el plazo de los diez días para la presentación de las pruebas de descargo, la autoridad municipal, dentro el plazo de los 10 días hábiles siguientes, emitirá la Resolución Final que determine la desestimación y archivo de obrados y/o las sanciones y sus plazos de cumplimiento.

12. Con la Resolución Final Administrativa será notificada al propietario infractor y/o a su representante legal o administrativo del establecimiento en el plazo de 3 días hábiles.