0468/2019-S1

David Añez Ali en representación de BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia, en audiencia señaló que:

1. a)Por proveído de 10 de mayo de 2018 dictado por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz, se conminó a la parte demandante cumplir con el pago de la cuantía ya determinada en el Auto de 8 de marzo de 2017, confirmado por el Auto de Vista 366/17, bajo apercibimiento de tenerse la demanda como no presentada; de lo que se colegiría que el Juez de la causa estaba ejecutando el Auto de Vista que ahora se pretende impugnar; empero, una vez notificada a la parte demandante el 16 de mayo de 2018, estos no impugnaron conforme a derecho, motivo por el cual por proveído de 21 del mismo mes y año se rechazó el memorial que antecede por no contar con la firma de sus abogados como lo establece el art. 69 del CPC, consecuentemente fue por un acto propio que consintieron la ejecución del Auto de Vista que ahora reclaman;
2. b)Sobre los argumentos que presentan contra el Auto de Vista 366/17, no solicitaron enmienda, complementación ni aclaración infiriéndose que los demandantes consintieron con la referida Resolución; y,
3. c)Respecto a que las resoluciones de exención de costos y costas no hacen cosa juzgada, este fundamento no es valedero porque según el art. 123 de la CPE, la ley solo dispone para lo venidero. En tal sentido, mediante proveído de 19 de enero de 2007 -antes de la vigencia de la CPE de 2009- se conminó al pago del cuatro por mil que corresponde a la cuantía por los daños y perjuicios demandados y luego de las impugnaciones correspondientes fueron notificados con su ratificación el 21 de julio del referido año y al presente son once años sin impugnar mediante acción de amparo constitucional, en consecuencia se verifica la calidad de cosa juzgada en dicho Auto de Vista; además, de las posteriores que se dictaron a mérito de la misma solicitud impetrada por los demandantes ante las autoridades judiciales de turno que también adquirieron la eficacia de cosa juzgada conforme ya lo expusieron los otros terceros interesados. I.2.4. Resolución La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del departamento de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 22 de octubre de 2018, cursante de fs. 259 a 262, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos:
4. 1)La denuncia de vulneración al derecho de petición y de acceso a la justicia se halla limitada al requisito de cumplir con lo que exige la norma ordinaria, debiendo cancelarse el arancel del cuatro por mil, la exención que se demanda puede ser aceptada por la autoridad ordinaria pero adjuntando prueba que justifique la imposibilidad de pago para cubrir los gastos judiciales;
5. 2)El recurso de apelación contiene diez numerales con relación a los supuestos agravios sufridos, en audiencia de la presente acción tutelar se alegaron once y en la demanda escrita se denunciaron siete agravios señalándose como resueltos los invocados como "4.1, 4.2 y 4.3" sin que logre identificar los restantes, habida cuenta que tampoco se identificó qué norma no se aplicó o fue indebidamente empleada; se hace referencia a las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución Política del Estado y "SC 1164" con relación a los principios de gratuidad, probidad, honestidad y sin duda alguna el Tribunal de alzada se manifestó sobre la actuación del Juez a quo cuando señaló que obró de manera correcta teniendo en cuenta que anteriormente ya se hubiera resuelto sobre lo peticionado por los recurrentes -ahora accionantes- y si bien estos tendrían el derecho de reiterar dicha solicitud, lo tienen que hacer de manera objetiva y con documentación idónea que acredite su pertinencia;
6. 3)Cuando se manifiesta en la acción de amparo constitucional que las autoridades demandadas omitieron establecer que la documentación idónea se encontraría en el expediente como es el certificado de defunción y el hecho de quedar viuda limitó su economía, debido a lo cual hasta la fecha no se habría dictado una resolución motivada congruente, exhaustiva a la petición de exención de costos y costas, esta fue resuelta de manera correcta por el Tribunal de alzada; puesto que, no se puede considerar un certificado de defunción como único documento idóneo para un beneficio de gratuidad; toda vez que, este no va acreditar si tiene los recursos económicos o no, solo demuestra el fallecimiento de un ser humano, no justifica la imposibilidad de pago por sí solo, entonces las autoridades demandadas al realizar esa motivación obraron de manera correcta; y,
7. 4)Consecuentemente, si bien es cierto que la justicia es gratuita existen presupuestos que se deben cumplir y respecto al derecho de defensa este tampoco se vulneró porque se encuentra reservado para el demandado y para el imputado en procesos penales; sobre el debido proceso por sí solo no puede ser tutelado, verificándose la presencia de motivación. Por otro lado, acerca de la ausencia de valoración se considera que la relación no es precisa ya que no se especificaron los agravios sufridos así también en el Auto de Vista, es decir no se comprendió cuáles son los puntos "4.1, 4.2 y 4.3" que se deben resolver y por lo tanto el único punto central gira en torno al beneficio de gratuidad que para ser otorgado debe acompañarse prueba idónea. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 16 de septiembre de 2016, por el cual Nilda Mabel Ortiz vda. de Aldunate, Karla Paola y Diego ambos Aldunate Ortiz -ahora impetrantes de tutela-, solicitaron se declare beneficio de litigar sin costos ni costas dentro del proceso civil ordinario de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual seguido por sus personas contra YPFB, BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia y STAP (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante Auto de 8 de marzo de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz, rechazó el referido incidente, llamando severamente la atención por la malicia y severidad de los incidentistas -ahora peticionantes de tutela- con el fundamento de que la petición realizada fue rechazada de forma reiterada por Auto de Vista de 23 de noviembre de 2007, luego por decreto de 31 de enero de 2008 y finalmente por Auto de 13 de septiembre de 2012, resoluciones que se encontrarían ejecutoriadas con valor de cosa juzgada, correspondiendo solo su ejecución, evidenciándose una conducta dilatoria, temeraria y maliciosa de los demandantes recargando las labores jurisdiccionales de ese despacho judicial al obligar a resolver ese incidente (fs. 9 a 11). II.3. Por memorial presentado el 25 de abril de 2017, los ahora accionantes, plantearon recurso de apelación contra el Auto de 8 de marzo del citado año, mismo que fue resuelto por Auto de Vista 366/17 de 31 de octubre de 2017, confirmando la Resolución apelada siendo notificado el 21 de noviembre del mismo año (fs. 16 a 20 y 55 a 57). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los impetrantes de tutela, consideran lesionados sus derechos a una justicia gratuita, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta, transparente y sin dilaciones, a la igualdad de oportunidades, a la fundamentación y motivación, a una "jurisdicción ordinaria" y el principio de congruencia; toda vez que, las autoridades judiciales:
8. i)Omitieron ingresar al análisis de fondo del recurso de apelación, limitándose a indicar que su petición se juzgó anteriormente y que además debía demostrarse con documentación idónea, sin considerar que la misma se encuentra en el expediente como es el certificado de defunción de su esposo;
9. ii)Confirmaron el Auto de 8 de marzo de 2017, tomando en cuenta solo tres expresiones de agravios de los siete que señalaron en el recurso de apelación; y,
10. iii)No motivaron ni fundamentaron el porqué de su decisión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso La SCP 1054/2017-S3 de 13 de octubre, puntualizando el entendimiento asumido por la amplia jurisprudencia constitucional al respecto, precisó: "En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus Resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, estableció que: '...[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.