0468/2019-S2

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia interpuesta el 25 de agosto de 2010 por parte de la Contraloría General del Estado, por la presunta comisión de los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros, en razón a los años transcurridos, por escrito presentado el 29 de enero de 2016, conforme al art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, el Juez cautelar hoy demandado, quebrantando su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de forma arbitraria e ilegal, dictó el Auto Interlocutorio 26/2016 de 29 de marzo, por el cual, rechazó dicha excepción, alegando supuestamente:

1. a)Que no demostró que la demora o dilación fue negligente;
2. b)Por existir pluralidad de imputados, hecho que tornó que el caso sea complejo y por ende sea necesaria una investigación más a fondo;
3. c)No procede la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso por encontrarse involucrados aspectos económicos del Estado;
4. d)Por no haber establecido la calificación y determinación de la demora incurrida y no señalar a quién era atribuible dicha dilación;
5. e)De igual forma por asumir una actitud pasiva y no plantear incidente y/o excepción, por cuya razón no opera la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso;
6. f)Asimismo, debido a la falta de presentación de prueba pertinente que refleje los extremos de dilación, conforme señala la SC 0449/2011-R de 18 de abril;
7. g)Por omitir realizar una auditoría jurídica cronológica, compleja y objetiva del cuaderno procesal que especifique con fojas y fechas el tiempo transcurrido, traducido en días, meses y años. De igual forma, por omitir realizar el descuento de vacaciones judiciales por cada año, conforme señala la última parte del art. 130 del adjetivo penal, así también como el descuento respecto a los días inhábiles;
8. h)Por haber incurrido en falta de fundamentación en relación a la auditoria jurídica, aspecto que no puede ser suplido por el Juez o Tribunal de la causa;
9. i)No habría realizado el respectivo ofrecimiento e individualización de pruebas para verificar el tiempo transcurrido; y,
10. j)Al estar vigente una resolución de imputación formal en su contra, la misma debe ser resuelta previamente.

Frente a dicha decisión, dedujo recurso de apelación incidental, originando que los Vocales -ahora demandados-, emitan el Auto de Vista 237 de 28 de octubre de 2016, por el cual, incumpliendo los arts. 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), inobservando la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 0110/2010-R de 10 de mayo y sin considerar que se encuentra sometido al referido proceso penal, más de seis años y once meses, declararon improcedente dicho recurso, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Que debido a la complejidad del caso y pluralidad de los imputados, la demora incurrida del referido proceso fue necesaria;
2. 2)El sindicato no habría colaborado en el desarrollo de la etapa preliminar y en la etapa preparatoria;
3. 3)No efectuó una debida relación cronológica en la auditoria jurídica y no asumió su defensa como corresponde; contrariando lo dispuesto en la SC 0449/2011-R;
4. 4)De acuerdo a los arts. 112 de la CPE y 29 bis del CPP, no prescriben los delitos cometidos por servidores públicos cuando atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico; y,
5. 5)El Auto Interlocutorio apelado contiene la debida fundamentación.

Solicita se conceda la tutela demandada, disponiéndose:

1. i)Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 26/2016 de 29 de marzo, Auto complementario 28/2016 de 1 de abril y Auto 45/2016 de 21 de abril, todos emitidos por el Juez cautelar hoy demandado; y,
2. ii)El Auto de Vista 237 de 28 de octubre, dictado por los Vocales hoy demandados, disponiendo que los mismos dicten un nuevo Auto de Vista, así como el Auto complementario 14 de 12 de enero de 2017, en sujeción a los preceptos legales y jurisprudenciales desarrollados.