0469/2019-S2

Sintesis del caso

Sintesis de la ratio decidendi

Se concedió la tutela solicitada por cuanto los demandados vulneraron los derechos de la accionante, dado que se le impuso una sanción de expulsión del centro educativo, sin antes haberle iniciado un proceso disciplinario previó, aspecto que incluso hubiera posibilitado la impugnación de la decisión cuestionada, además que la señala decisión emitida por los demandados carece de fundamentación y motivación, además que no se realizó un test de ponderación para establecer la sanción.

Extracto de la ratio decidendi

F.J.III.6. “Ahora bien, el problema jurídico que motiva esta acción de amparo constitucional, será analizado y resuelto desde un enfoque estructural del problema a partir de las responsabilidades compartidas que tiene el Estado, a través del Ministerio de Educación, la sociedad, la Unidad Educativa demandada, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la familia de la adolescente de 14 años, conforme se abordó en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Al respecto, es posible señalar, que de los antecedentes arrimados al expediente, la Unidad Educativa La Paz “B” -ahora demandada-, al momento de imponer la sanción de expulsión de la menor AA -el 15 de septiembre de 2017-, no observó, como era su deber, el interés superior del niño en su triple dimensión, esto es, como un derecho sustantivo directamente aplicable y justiciable, como principio de interpretación y norma de procedimiento; por cuanto, ante la situación de violencia o acoso escolar existente en dicha Unidad Educativa, debieron brindar apoyo psicopedagógico tanto a las víctimas como a la adolescente -circunstancialmente agresora- conforme se concluyó en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a partir de un enfoque estructural del problema que no se limita a imponer sanciones, sino, velar por el interés superior de ambos, situación que ciertamente hubiera permitido valorar las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados, modificando incluso la sanción. A más de lo señalado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que de acuerdo al Acta de expulsión de la accionante, de la Unidad Educativa La Paz “B” de 15 de septiembre de 2017, la Directora, la Comisión Disciplinaria y el Consejo de Profesores “en conocimiento de la Directiva de la Junta Escolar”, de los delegados de curso y de la Dirección de Educación-2, resolvieron que la estudiante -ahora accionante- “…por sus antecedentes y reincidencias constantes en prácticas de indisciplina e inconducta particularmente las de prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de ACOSO ESCOLAR…” (sic), debía ser sancionada con la expulsión de esa Unidad Educativa; determinación fundada en el art. 48 de la RM 001/2017 y el Reglamento Disciplinario del Estudiante de esa Unidad Educativa. Sin embargo, del análisis de dicha determinación, se observa que no existió un proceso disciplinario interno previo a la sanción de la accionante; pues, si bien se basan en las normas antes señaladas -RM 001/2017 y Reglamento Disciplinario del Estudiante de la Unidad Educativa La Paz “B”- empero, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación del principio de jerarquía normativa, corresponde la aplicación de normas superiores que exigen, en resguardo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, el desarrollo de un proceso previo para la imposición de una sanción y, en ese ámbito, se debe dar aplicación a lo dispuesto por el art. 117 de la CPE y del CNNA, que conforme se ha visto, exigen que la imposición de cualquier sanción sea previo desarrollo de un debido proceso. Así, en el caso, se evidencia que contra la accionante no se inició ningún proceso interno sancionador, tampoco se le comunicó formalmente la existencia de una investigación en su contra, lo que determinó que no pudiera asumir defensa y presentar pruebas de descargo, constatándose, adicionalmente, que en la parte final de la respectiva Acta, se estableció que la determinación de expulsión no consentía la impugnación, restringiéndole adicionalmente, ese derecho, no obstante las previsiones constitucionales y lo normado expresamente por el art. 117 del CNNA, mismo que establece que en los procesos disciplinarios escolares se debe garantizar el derecho a la impugnación ante autoridad superior e imparcial. Del mismo modo, tampoco se advierte, en el marco del derecho a una resolución fundamentada y motivada, explicada a partir del interés superior del niño y el test de proporcionalidad -Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional-, que el Acta de expulsión contenga la explicación y justificación suficiente donde se realice un juicio de proporcionalidad de los elementos que configuran el interés superior del niño, que denote que se consideró dicho interés, en qué criterios se basó la decisión y cómo se han ponderado los intereses de la adolescente frente a otras consideraciones, a partir de elementos normativos y fácticos, que demuestre que la valoración de la prueba es razonable. En efecto, no existen razones justificatorias que sustenten la sanción de expulsión a través de una fundamentación y motivación suficiente que explique si dicha sanción a la estudiante circunstancialmente agresora, se redujo al mínimo posible al ser de última ratio, ponderando en todo caso, entre el interés superior de la niña víctima y el de la niña circunstancialmente agresora. En este sentido, se debe recordar que al ser la expulsión la última opción, corresponde que las autoridades educativas, antes de imponerla, analicen si es posible aplicar otra sanción menos grave, como por ejemplo suspensión provisional, hasta que se someta al apoyo psicopedagógico, claro está, justificando si ésta es proporcional a las circunstancias y a la gravedad del acto, comportamiento o conducta de la adolescente. Analizado el caso, que repercute en otros similares, este Órgano Jurisdiccional, con sustento en normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad, advierte que es esencial que el Estado, a través del Ministerio de Educación, como medida de prevención y protección del derecho del niño a no ser objeto de ninguna violencia sin excepción -desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2- en el marco de la adopción de medidas positivas, incorpore en el currículo del Subsistema de Educación Regular, el estudio de Derechos Humanos, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, es fundamental que desarrolle un procedimiento disciplinario escolar marco claro, que luego sea adoptado por cada unidad educativa. Finalmente, es necesario recordar que en el marco de la responsabilidad compartida que tiene el Estado, la sociedad y la familia en la educación de una cultura de paz y respecto al otro diverso y diferente en sus derechos humanos, de evidenciarse a través de un previo debido proceso disciplinario escolar, cualquier forma de violencia que afecte o menoscabe el derecho del niño a no ser objeto de ninguna violencia sin excepción en el ámbito del Sistema Educativo Plurinacional, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la familia de la adolescente también tiene una corresponsabilidad compartida, cuyos efectos de la sanción deberán alcanzarle.”

Precedentes

F.J.III.3. “La triple dimensión del interés superior del niño y su aplicación en el debido proceso disciplinario escolar

¿Cuál es el contenido del interés superior del niño? y ¿Cómo debe aplicarse en el proceso disciplinario escolar ante situaciones de violencia entre niños?

El interés superior del niño está consagrado en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad[25], como son los arts. 60 de la CPE[26]; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño[27]; y, 9 del CNNA, última norma legal que señala que debe interpretarse de acuerdo a la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de derechos, cuando éstos sean más favorables.

En efecto, el interés superior del niño ha sido interpretado de manera amplia y favorable por la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013), en su punto 6, que reconoce una triple dimensión del “interés superior del niño”, señalando que es un derecho, un principio[28] y una norma de procedimiento, a partir de la interpretación del art. 3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño[29]. Dice que es:

En ese sentido, el contenido y alcance del interés superior del niño desarrollado de manera amplia y favorable en las decisiones del Comité de los Derechos del Niño, que señala que cumple una triple función de derecho sustantivo, principio de interpretación y norma de procedimiento, debe ser observada en todos los procesos judiciales y administrativos en una comprensión del acceso a la justicia en sentido amplio y en todos los problemas vinculados a los niños, también, claro está, en el caso de violencia entre niños, del mismo modo, precautelando su observancia tanto respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia como a aquéllos que se constituyen circunstancialmente en agresores, por constituirse estos últimos, a su vez, víctimas del sistema, como se señaló anteriormente.

Del mismo modo, la Opinión Consultiva (OC) 17/2002 de 28 de agosto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), sobre el interés superior del niño dijo: “…implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño” (las negrillas fueron añadidas).

A partir de lo señalado es evidente que el principio de interés superior del niño, debe ser el criterio rector para el desarrollo del debido proceso disciplinario escolar; pues, no solo que, en el marco de lo previsto en la Constitución Política del Estado, toda sanción debe ser impuesta previo desarrollo de un debido proceso, sino que también, las decisiones que se adopten en el desarrollo del mismo, deben ser analizadas considerando su repercusión en la niña, niño o adolescente.

Efectivamente, debe considerarse que el art. 115.II de la CPE, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, por otra parte, el art. 117.I de la Norma Suprema, de manera expresa señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; debido proceso que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solo es exigible en el ámbito jurisdiccional sino también en el administrativo.

En ese sentido, la SCP 2539/2012 de 14 de diciembre, recogiendo la jurisprudencia constitucional anterior, señala que el debido proceso exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial y que sus derechos se acomoden a lo previsto por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar. Por su parte, la SCP 0035/2014-S1 de 6 de noviembre en el Fundamento Jurídico III.7, respecto al debido proceso en el ámbito disciplinario escolar, establece:

…siendo viable la aplicación de sanciones en el ámbito educativo, lo que no conlleva la afectación del contenido esencial del derecho a la educación, resulta claro que las mismas deben ser impuestas en el marco de un debido proceso, en el que se respeten los derechos fundamentales del implicado en la conducta a ser sancionada, medida educadora que constituye un mensaje educativo-jurídico, en sentido de que la vida radica en un cumplimiento de derechos y deberes, y cuándo éstos no se cumplen existe una limitación a fin de reconducir la conducta hacia la observancia de las normas que conforman el sistema jurídico boliviano, que a su vez, conlleva a la convivencia pacífica en el Estado Constitucional, que debe garantizar el ejercicio, goce y disfrute de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, sin privilegios de ninguna naturaleza.

Es importante señalar que un procedimiento sancionatorio escolar, no está configurado de forma igual a un proceso sancionador en sede judicial, lo que no quiere decir que con una falta un alumno no pueda infringir los dos ámbitos, normas escolares y penales previstas en el Código del Niño, Niña y Adolescente o en el Código Penal. Siendo diferenciado el procedimiento, también no es contrario a derecho que los procedimientos sean más ágiles y menos formalistas sin dejar las normas básicas del derecho al debido proceso, salvo que los alumnos o menores mediante sus padres o tutores, reconozcan las faltas que hubieran cometido, en cuyo caso, la entidad escolar a través de sus autoridades conformadas según Reglamento podrá decidir directamente la sanción que consideren correspondiente a la falta cometida, y para el caso que el alumno no esté de acuerdo con la misma debe tener todos los medios para impugnarla en las instancias internas como en las instancias administrativas escolares de orden público, así como en su caso y cuando corresponda, ante autoridades judiciales ordinarias, que tengan facultad para decidir sobre la sanción proporcional a la falta.

En el mismo sentido, debe mencionarse al art. 117 del CNNA que respecto a la disciplina escolar sostiene que las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, señalando algunas previsiones, entre ellas, que en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las Unidades Educativas deben establecerse “b) …los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas”; señalando la norma, además, que “c) …antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e imparcial” (las negrillas nos pertenecen).

En el marco de lo desarrollado precedentemente, cabe mencionar al art. 48 de la RM 001/2017[30] que hace referencia a la sanción de expulsión, la cual debe ser producto de un debido proceso previo escolar; es decir, no puede sancionarse a un estudiante de manera directa; sin embargo, la misma norma establece excepciones en los casos que exista “…pruebas suficientes de culpabilidad, como ser: robo, hurto, agresión física y/o sexual, compra/venta y/o consumo y/o tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas y armas, y difusión de imágenes que afectan la privacidad de las y los estudiantes, así como prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar que se constituyan en delitos penales”; supuestos en los cuales, de acuerdo a dicha norma, la Dirección del establecimiento educativo puede expulsar de manera directa y sin proceso previo a la o el estudiante, bajo la condición que exista prueba suficiente; de donde se desprende que las salvedades previstas en la norma están sujetas a la discrecionalidad de las autoridades escolares; pues, son quienes determinarán si un caso se encuentra debidamente probado y existe prueba suficiente.

Similar redacción se encuentra contenida en la RM 162/01 -Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario-, que en su art. 21.c, dispone:

Sólo en casos comprobados de robo, hurto, agresión física sexual, oferta, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias controladas y portación de armas, el alumno será expulsado definitivamente de la Unidad Educativa, dando parte al Ministerio Público. La expulsión será determinada por el Director de la Unidad Educativa, el Consejo de profesores y la Junta Escolar, e informada por escrito al Director Distrital”. La instancia de apelación es la Dirección del Núcleo y si ésta no existe, la Dirección Distrital de Educación.

Ahora bien, dentro de un proceso disciplinario escolar, en el marco de las normas constitucionales y legales citadas, así como de la jurisprudencia glosada, referidas a la garantía del debido proceso, es indispensable que previa imposición de cualquier sanción se desarrolle un debido proceso en el que se respete el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la tutela reforzada de la que gozan; de donde se desprende que, en el marco del principio de jerarquía normativa, corresponde la aplicación de la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente; en ese sentido, debe entenderse que cualquier sanción en el ámbito escolar debe ser aplicada previo proceso disciplinario; más aún cuando se trata de una expulsión; pues, esta determinación tiene repercusión en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial en el derecho a la educación.

Además de lo manifestado, debe anotarse que el art. 116 del CNNA determina que el Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente, una educación sin violencia contra cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional. Asimismo, la misma norma señala que se garantiza la provisión de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de sus derechos, y el incremento y fortalecimiento de sus capacidades. En coherencia con dicha norma, el art. 156 del mismo Código establece que en todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente.

En ese contexto, el art. 49 de la RM 001/2017 determina que en el marco del respeto a los derechos humanos, se remitirán a los centros especializados de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, a estudiantes de las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas que cometieren abusos y acciones deshonestas que mellen la integridad de sus pares (acoso escolar), previa notificación a sus padres, tutor y apoderados; añadiendo que los gobiernos municipales podrán brindar apoyo psicopedagógico con personal especializado en las Unidades Educativas de su jurisdicción; apoyo que debe ser brindado de manera obligatoria en los casos de violencia o acoso escolar, tanto a las víctimas como a las niñas, niños o adolescentes circunstancialmente agresores; pues, solo de esta manera se otorga una solución estructural al problema.”

Titulacion jurisprudencial

La triple dimensión del interés superior del niño y su aplicación en el debido proceso disciplinario escolar

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0469/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 21202-2017-43-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 09/2017 de 3 de "septiembre" -lo correcto es octubre-, cursante de fs. 323 a 325, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por ECHY en representación sin mandato de su hija menor AA, contra Virginia Nilda Calderón Blanco, Directora de la Unidad Educativa La Paz "B" (Liceo La Paz turno tarde).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 25 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 17 a 19 vta. y 24 a 25, la representante de la accionante, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de septiembre de 2017, la Regenta de la Unidad Educativa La Paz "B" (Liceo La Paz turno tarde) le entregó una citación para que asista a una reunión urgente a celebrarse el 15 de igual mes y año a horas 18:00, a la cual acudió; empero, grande fue su sorpresa ya que la mencionada citación fue planificada para la expulsión de su hija; de ahí que la Directora en forma verbal le dijo: "su hija queda expulsada", asimismo, le exigió que firme una hoja, ante lo cual solicitó que previamente se le entregue copia de la resolución sancionatoria, petición que le fue negada expresando que esa decisión era inapelable.

En ese orden, el 18 de septiembre de 2017 acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 7 - Centro, para denunciar lo sucedido, entidad a la cual también la referida Unidad Educativa le negó la entrega de la indicada resolución sancionatoria de expulsión; por lo que, solicitó la misma de manera escrita ante la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz, sin que hasta la fecha obtenga respuesta alguna.

Considera que la decisión sancionatoria de expulsión es un "...acto de pura venganza..." (sic) por las denuncias que presentó contra ella, dos profesores y la Regenta, por incumplimiento de deberes y violencia psicológica ejercida contra su hija, toda vez que nunca se le abrió un proceso disciplinario, motivo por el cual no tuvo la posibilidad efectiva de defenderse; consiguientemente -a su juicio- es de facto, sorpresiva e ilegal; pues, su hija no puede asistir al colegio ni conocer el contenido de la resolución de expulsión, vulnerándose con ello, su derecho a la defensa; toda vez que, al no ser notificada con el Auto del sumario, no pudo presentar pruebas; asimismo, la Directora de la aludida Unidad Educativa lesionó el derecho al juez natural imparcial; puesto que, tenía el deber de apartarse del proceso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados