0470/2019-S1

En revisión la Resolución 04/2019 de 25 de enero, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Rainer Franz Loayza Vargas contra Adan Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; y, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera, todos del departamento de La Paz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 19 de enero de 2019, cursante de fs. 2 a 13 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con la agravante en caso de víctimas múltiples, se emitió imputación formal, celebrándose audiencia de aplicación de medidas cautelares personales en la que se dictó la Resolución 453/2018 de 14 de diciembre, que ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, medida extrema que fue apelada, radicando dicha actuación en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental referido, misma que, ratificó la Resolución impugnada mediante Auto de Vista 09/2019 de 15 de enero. En tal sentido, denuncia los siguientes agravios contra ambas Resoluciones:

1. a)Determinaron la probabilidad de autoría con simples fotografías que solo lo muestran con dinero, no así, recibiendo ni haciendo incurrir en error a ninguna persona, para que resultase perjudicado en su patrimonio; por otro lado, las declaraciones informativas no pueden ser consideradas como elementos de convicción si carecen de respaldo;
2. b)Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no se efectuó una valoración correcta de los documentos aparejados en audiencia, toda vez que, se observó los ingresos económicos de la empresa contratante que no se vinculan a la existencia de la relación laboral, máxime si en apelación el Tribunal de alzada, fuera de la petición formulada por su persona observó y agravó su situación al actuar de manera extrapetita, cuando complementando la fundamentación del inferior, señaló que en el formulario de reconocimiento de firmas y rúbricas, se tenía como fecha del contrato, el "...10 DE OCTUBRE CUANDO EL CONTRATO FÍSICO ES DE 10 DE NOVIEMBRE" (sic), sin que en ningún momento la Juez a quo se hubiera referido sobre el mismo;
3. c)En cuanto al peligro de fuga, previsto en el art. 234.10 del CPP, la imputación formal, señaló textualmente que concurría este presupuesto por cuanto se tornaba un peligro -reitera- para la sociedad, tomando en cuenta que eran varias las personas que cayeron en los supuestos engaños realizados y que en libertad podría continuar con ese tipo de actividades, en desmedro de la población. Empero, la Resolución 453/2018, sin examinar lo solicitado, sustentó su decisión en que más bien confluía el indicado peligro para las supuestas víctimas, toda vez que debía llegarse a la verdad histórica de los hechos, razonamiento que fue confirmado por el Tribunal de Alzada pese a que en la Resolución de Imputación Formal no se encontraba ninguna fundamentación respecto al peligro efectivo para las víctimas sino sólo para la sociedad; y,
4. d)Con relación a los riesgos de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP; tanto la resolución primigenia como la confirmatoria realizaron su debida fundamentación en conjunto, sin proceder a la individualización de cada uno de los peligros de obstaculización, evitando de esta manera concretar la forma de defensa de éstos, haciendo inaccesible su modificación en una meridiana solicitud de cesación a la detención preventiva. I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados El impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; a la defensa en base a los principios de oralidad, proporcionalidad, favorabilidad, legalidad, seguridad jurídica objetividad y razonabilidad citando al efecto los arts. 23, 115, 116, 117 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo que:
5. 1)Se anule el Auto de Vista 09/2019 de 15 de enero y la Resolución 453/2018 de 14 de diciembre;
6. 2)Señale nueva audiencia en el plazo de setenta y dos horas para la consideración de las medidas cautelares manteniéndose en dicha Resolución lo favorable en cuanto a los riesgos ya enervados en audiencia cautelar y de apelación, celebradas anteriormente; y,
7. 3)Su inmediata libertad. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 73, presente el representante sin mandato del peticionante de tutela; y, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La parte accionante ratificó y reiteró in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Adan Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 31 a 35, manifestaron que:
8. i)El impetrante de tutela alega que se estaría vulnerando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, pero es necesario tener en cuenta que las mismas, no deben ser ampulosas y que la segunda está relacionada con los motivos que precisamente llevan al Juzgador a tomar una decisión; en el caso presente, se consideró el art. 398 del CPP que marca el límite de la competencia del Tribunal de alzada y es en función a dicha disposición legal que pronunció el Auto de Vista 09/2019 e incluso se concedió en parte la apelación, precisamente haciendo un análisis integral de los alcances de una medida cautelar y si se tuviera en cuenta el razonamiento de la parte peticionante de tutela en sentido de que no existiría fundamentación y motivación, entonces estarían subsistentes los riesgos procesales de los arts. 234.1, 234.2, 234.10 y 235.1 y 2 del CPP;
9. ii)Una de las características de las medidas cautelares es la temporalidad y variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por el Juez a quo y los Tribunales de alzada no causan estado, pueden variar conforme se modifiquen las circunstancias;
10. iii)La pretensión de la parte accionante es que la jurisdicción constitucional actúe como un Tribunal de tercera instancia, aspecto que no es posible, ya que el Tribunal de garantías no es una instancia casacional, por ello, no se puede revisar la legalidad ordinaria, ni valorar las pruebas que han sido objeto de valoración por el Juez a quo y el Tribunal de apelación; y,
11. iv)El Auto de Vista 09/2019, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, no habiéndose expresado en la acción de libertad dónde radica su estado de indefensión, siendo este un requisito para su procedencia. Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 48 y 49, refirió que: a) El presente caso fue resuelto en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Quinto del referido departamento, y que a la fecha se encuentra en el Juzgado de origen; y, b) No se ha vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional menos Tratados y Convenios Internacionales, toda vez que, la Resolución de medidas cautelares identificó claramente a los sujetos activos, pasivos y el bien jurídico protegido; y, el Ministerio Público estableció que la conducta del imputado se subsume al delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, quienes demostraron que a título de ser parte de la empresa el imputado recogía los montos de dinero que estas entregaban, motivo por el cual se verificó la concurrencia de los arts. 233.1 y 2 en relación al art. 234.1. 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP. I.2.3. Resolución La Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/2019 de 25 de enero, cursante de fs. 74 a 78 vta, concedió en parte la tutela solicitada disponiendo que los Vocales demandados emitan nueva Resolución debidamente motivada con relación a los agravios demandados, superando la incongruencia aditiva y omisiva dentro el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación sin necesidad de audiencia; y, denegando la tutela en relación a Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de dicho departamento, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la Resolución 453/2018, sobre el peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP, la parte impetrante de tutela reclamó al Tribunal de alzada, que la Jueza a quo puso en duda su relación laboral por la situación económica de la empresa; sin embargo, las autoridades judiciales co demandadas mediante Auto de Vista 09/2019, en lugar de circunscribir su pronunciamiento al agravio demandado, adicionó una nueva observación con respecto a la contradicción de las fechas del contrato y el certificado de reconocimiento de firmas y rúbricas del mismo ante el Notario de fe pública, por lo que ingresó en incongruencia aditiva conforme a la SCP 0038/2013 de 11 de enero² y 0774/2014 del 21 de abril; 2) Sobre el art. 234.10 del CPP, el peticionante de tutela reclama que en la imputación formal se consignó que su supuesta conducta sería un peligro efectivo para la sociedad, tomando en cuenta que varias personas habrían caído en los presuntos engaños realizados por su persona y que en libertad podría continuar con ese tipo de actividades en desmedro a la población; sin embargo, en audiencia de aplicación de medidas cautelares se amplió la fundamentación por la vertiente de peligro efectivo para las víctimas, agravio puntual que no fue respondido positiva o negativamente por el Auto de Vista 09/2019, incurriendo de esta manera ese Tribunal de alzada en incongruencia omisiva; y, 3) Acerca del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP, el accionante reclamó que ambos numerales fueron resueltos de forma genérica y sin un fundamento diferenciado, cuando cada uno posee su propia identidad, circunstancia que lo deja en estado de indefensión, puesto que fue ratificado por la Resolución de Alzada sin examinar que según la referida norma cada peligro procesal se encuentra individualizado, de lo que se concluye que el Tribunal de instancia no respondió sobre el agravio invocado por el impetrante de tutela. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Ximena Linares Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, el 14 de diciembre de 2018, se presentó imputación formal contra Rainer Franz Loayza Vargas -ahora peticionante de tutela- por la supuesta comisión del mencionado delito, porque éste ofreció a la denunciante trabajar en la empresa Seven Oportunity, invirtiendo en la empresa, a fin de que se incremente sus ingresos mediante pago de intereses de forma semanal, los mismos, que se duplicarían con la captación de más inversores que pasados los meses se reclutaron a más personas entregándose al imputado distintos montos de dinero quien se negó a firmar documento alguno en constancia apoderándose de ellos sin devolver los mismos ni las ganancias aparentemente comprometidas. (fs. 36 a 39). II.2. Por Resolución 453/2018 de 14 de diciembre, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz -ahora codemandada- dispuso la detención preventiva de Rainer Franz Loayza Vargas -hoy accionante- por verificarse la concurrencia de los requisitos establecidos en los arts. 233.1 y 2 en relación al 234.1, 2 y 10 y 235.1 y 2 del CPP (fs. 62 a 64). II.3. Consta Auto de Vista 09/2019 de 15 de enero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, que declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la defensa y la procedencia en parte de las cuestiones planteadas; y en consecuencia, dio por acreditado familia y subsistente los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 referente a la actividad lícita; 234.2 peligro de fuga; 234.10 peligro para la víctima; y, 235.1 y 2 del CPP confirmando en el fondo la Resolución 453/2018 de 14 de diciembre (fs. 66 a 70).