Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 24698-2018-50-AL 24714-2018-50-AL (acumulado) Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 224/2018 de 11 de julio, cursante de fs. 49 a 51 vta. del expediente 24698-2018-50-AL, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Suárez Saavedra en representación sin mandato de Marlene Rioja Peralta contra Hugo Michel Lescano y Hugo Bernardo Córdova Eguez, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, la Resolución 227/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 259 a 268 vta. del expediente 24714-2018-50-AL, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Suárez Saavedra en representación sin mandato de Edwin Rivera León contra Hugo Michel Lescano y Hugo Bernardo Córdova Eguez, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia señalado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Expediente 24698-2018-50-AL
I.1.1. Contenido de la acción
Por memorial presentado el 10 de julio de 2018, cursante de fs. 22 a 25 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de trata de personas, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2018, contra el cual interpuso el recurso de apelación, que fue declarado parcialmente procedente por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, quienes mediante Auto de Vista 186/2018 de 29 de junio, establecieron la inconcurrencia del peligro de fuga -relacionado a la existencia de domicilio-; y, determinaron la improcedencia del recurso respecto a los demás motivos de la apelación. Sin embargo:
- a)Al examinar la concurrencia del peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -peligro efectivo para la sociedad o la víctima-, los Vocales demandados, repitieron el razonamiento del Juez inferior, concluyendo que automáticamente se convertiría en peligro efectivo para las víctimas por ser éstas menores de edad, sin tomar en cuenta que desde la denuncia las mismas fueron trasladadas a dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo; por lo que, no tenían contacto con los presuntos agresores ni estaban bajo su dependencia o tutela; tampoco se consideró que demostró con certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), que no tenía ningún antecedente judicial. Por otra parte, se determinó la concurrencia de peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, en base a la declaración contradictoria y no creíble de dos testigos, sin tomar en cuenta que ninguno de los imputados obstaculizó o evitó que presenten sus declaraciones, "...siendo una verdadera mentira que le hayan incluido a su persona en las supuestas entrevistas..." (sic); y,
- b)El Ministerio Público no presentó las pruebas para su judicialización ni solicitó se corra en traslado; por lo que, no dio oportunidad para excluirlas -según se reflejaba en el acta de audiencia cautelar de 20 de junio de 2018- irregularidad que no podía considerarse como acto consentido, por constituir un defecto absoluto inconvalidable -de acuerdo al art. 169 del CPP-, que además provocó la interpretación y aplicación errónea del art. 233.1 del CPP, pues no obstante a que debió establecerse objetivamente la existencia de indicios o evidencias sobre probable autoría o participación criminal; a tal efecto se valoró indebidamente prueba secreta que no fue introducida conforme a la norma.
Agregó que existió una errónea valoración de la prueba; sin embargo, tal aspecto no fue resuelto por los Vocales demandados.
I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Alegó la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso en sus vertientes al derecho a la tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y la presunción de inocencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II; 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada dejando sin efecto el Auto de Vista 186/2018; disponiendo la emisión de uno nuevo que privilegie los principios de presunción de inocencia, legalidad y el derecho al debido proceso; y, se disponga su libertad o en su caso determinen medidas sustitutivas a la detención preventiva.
I.1.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 11 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 48 de obrados, se produjeron los siguientes actuados: I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando sus argumentos manifestó que:
- 1)Acogió a dos menores, para que vivan en su domicilio y puedan contribuir de alguna manera en su trabajo, es por ello que se apertura la denuncia penal que conllevó a la imputación y a la audiencia de medidas cautelares de 20 de junio de 2018, donde se dispuso su detención preventiva; y,
- 2)El Juez de la causa tuvo por acreditados los arts. 233.1 y 234.10 del CPP, debido a la condición de minoridad de las víctimas y su estado de vulnerabilidad de la cual se hubiera aprovechado, determinando el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, considerando que representaba un riesgo para todos los menores de la ciudad de Monteagudo; por lo que, apeló conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que la posibilidad de que se repita el comportamiento del delito no puede emplearse para determinar el peligro para la víctima, resultando además inviable establecer por sospecha la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del CPP; más aún cuando la línea jurisprudencial refiere que la sola presentación del certificado del REJAP, determinaba que no era un riesgo para la sociedad, pues demostraba que no tenía conducta habitual delictiva.
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