Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27344-2019-55-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución de 21 de enero de 2019, cursante de fs. 1143 vta. a 1150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pastor Carrazana Jiménez contra Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de diciembre de 2018, cursantes de fs. 171 a 185 y de subsanación el 24 de igual mes y año (fs. 201 a 210), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso sumario de regularización de derecho propietario seguido a instancias de Germán Choque Calle y Máxima Canaviri Canque de Choque en contra suya, en el Juzgado de Instrucción Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija, manifestó a la autoridad judicial en todo el desarrollo del proceso, que los demandantes ingresaron a tomar posesión pacífica del inmueble el 3 de octubre de 2007 y por tal razón no cumplieron con los cinco años de posesión anteriores a la promulgación de la Ley 247 de 5 de junio de 2012 -Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Viviendas-, que a su entender, fue promulgada en la misma fecha.
En el citado proceso sumario, se dictó la Sentencia de 26 de mayo de 2017, declarando probada la demanda; por lo que, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por los Vocales ahora demandados, mediante Auto de Vista SC1° AV-80/2018 de 8 de junio, que confirmó en todas sus partes la Sentencia impugnada, determinación que es lesiva a sus derechos fundamentales, puesto que incurre en las siguientes vulneraciones:
- a)Lesión al derecho a una resolución motivada y congruente con relación al derecho a la tutela efectiva; dado que, no resolvió los agravios referidos a: la solicitud de nulidad de la sentencia por falta de motivación y valoración integral de la prueba, la inexistencia de requisitos de procedencia de la demanda en razón a la normativa y jurisprudencia y la improcedencia de la demanda de regularización de derecho propietario correspondiendo la demanda de usucapión; limitándose el fallo cuestionado a realizar una relación de los actuados procesales y de las pruebas, con argumentos descontextualizados referidos a que como demandado no probó su derecho propietario y que el demandante acreditó posesión pública, continua y pacífica por más de cinco años, siendo que el agravio consistió en reclamar la inexistencia de requisitos de procedencia de la demanda;
- b)No se pronunció con relación al reclamo de incumplimiento de los requisitos de procedencia de la demanda, referido a los cinco años de antigüedad con anterioridad a la promulgación de la Ley 247 y el pago de impuestos de cinco años, previstos por los arts. 10.1 y 11 de referida Ley, limitándose a afirmar, el demandado no acreditó su derecho propietario; desconociendo el hecho de que el demandante en confesión espontánea indicó que ingreso al inmueble el 3 de octubre de 2007;
- c)Vulneración al derecho al debido proceso en su dimensión sustantiva y a una resolución motivada y a la valoración integral de la prueba; dado que, señaló como agravio, que no fueron evaluados el Informe de Ordenamiento Territorial, el Folio Real y la confesión espontanea realizada en la demanda, a ser valorada en el marco del art. 162.II del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg), que demostrarían el incumplimiento de requisitos esenciales para la procedencia del citado proceso; por lo cual, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en la , debió realizarse una valoración de la prueba antes señalada, que constituye confesión espontánea estableciéndose que los demandantes ingresaron el 3 de octubre de 2007; y, que realizado el computo de los cinco años se encontrarían fuera de los alcances de la Regularización de derecho propietario; y,
- d)Existe una interpretación inmotivada de los arts. 10 y 11 de la citada Ley, así como falta de valoración integral de la prueba por omisión valorativa, al haber omitido la apreciación del informe de Ordenamiento Territorial.
Respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, instituyó que el proceso se inició en la vigencia del Código de Procedimiento Civil abrogado, y de acuerdo a lo previsto en el art. 13.III de la Ley 247, se debe conocer la presente acción tutelar.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de debida motivación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 13.II y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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