Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento
Expediente: 74109-2025-149-ACU Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 103/2025 de 30 de abril, cursante de fs. 287 a 294, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Juan de Dios Condori, Jilir Mallku; Nicolasa Santantera Barrera, Jilir Mama Mallku; Marcela Santander Varrera, Mama Sullka Mallku; Freddy Hilarión Cusi Quispe, Jalja Mallku; Néstor Daniel Miranda Huaycho, Qilqa Mallku; Lucy Zenobia Miranda Huacho, Uywa Mama Mallku; y, Zenobia Titirico Quispe, Wipala Mama Mallku Ejecutiva Cantonal, todas autoridades originarias de la comunidad Quipa Quipani Choquenaira del municipio de Viacha provincia Ingavi del departamento de La Paz contra Janeth Pacheco Zambrana, Directora Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 de diciembre de 2024 cursante a fs. 91 a 103 y 24 de enero de 2025 cursante a fs. 108 vta. y 112 a 115 vta. respectivamente, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del procedimiento administrativo de saneamiento de la propiedad agraria, de la comunidad Charahuaytu Jacha Pampa, en el que se pretendía sanear la extensión de 270 ha, se emitió la Resolución Administrativa RA-SS 0062/2016 de 12 de enero, que en su cláusula tercera dispuso medidas precautorias, consistentes en la prohibición de asentamiento, trabajos y de innovar, y de considerar transferencias de registro preventivo de la tierra fiscal en el registro de derechos reales y en el registro de tierras fiscales, ello conforme a lo establecido en el art. 10 del Decreto Supremo 29215 de 2 de agosto de 2007.
Los accionantes refieren que su comunidad originaria "Quipa Quipani Choquenaira" se opuso al pretendido saneamiento; ya que, este incluía a predios de su comunidad, siendo notificados con la disposición de las precitadas medidas precautorias, sin embargo, la comunidad Charahuaytu en complicidad con la familia "Urquizo y Palacios" (sic) avasallaron sus predios y les expulsaron de su comunidad, sin respetar las precitadas medidas precautorias. Ante tales arbitrariedades cometidas en su contra, presentaron varias notas ante el INRA Departamental de La Paz, para que se cumpla lo dispuesto en las medidas precautorias, denunciando que la autoridad demandada omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el precitado art. 10 del DS 29215, pese a las reiteradas solicitudes efectuadas mediante notas, que fueron presentadas en las gestiones 2016, 2017, y 2024, oportunidades en las que se solicitó de forma expresa la aplicación de las referidas medidas precautorias respecto del avasallamiento que sufrieron como comunidad agraria, observándose así una conducta renuente al respecto.
Mediante Decreto de 16 de agosto de 2024, emitido por la misma Directora Departamental de La Paz del INRA, se conminó a la familia Urquizo Palacios, como a la comunidad Charahuaytu Jachapampa, así como a la comunidad originaria Quipa Quipani Choquenaira, a dar estricto cumplimiento a la RA-SS 0062/2016 de 12 de enero, y cuya parte dispositiva tercera dispuso la aplicación de medidas precautorias sobre el predio en conflicto, bajo apercibimiento de ley en contra de los infractores.
Empero, a pesar de que las indicadas familias y la precitada comunidad Charahuaytu Jachapampa fueron notificados con el Decreto de 16 de agosto de 2024, se advierte que materialmente estos no han cumplido con lo determinado por la autoridad departamental del INRA, habiendo transcurrido más de dos meses de su notificación; sin que, la autoridad demandada haya procedido con el desalojo de los asentamientos ilegales, lo que ocasionó que su comunidad quede desprotegida.
EL 22 de octubre, por hoja de ruta Nº 12015/2024, dieron a conocer a la autoridad demandada el incumplimiento de la referida medida precautoria y solicitaron el desalojo de sus predios con la fuerza pública; sin embargo, fueron notificados con el Decreto de 25 de octubre del mismo año, firmado por la Directora del INRA Departamental de La Paz, que afirmó que estando considerados los hechos denunciados, y valorados a tiempo de disponer la conminatoria al cumplimiento de las medidas precautorias dispuestas al efecto, se esté a lo dispuesto en el Decreto de 16 de agosto; ello implica una renuencia de la Directora Departamental La Paz a cumplir con el art. 10 del DS 29215, que resulta atentatoria contra sus derechos fundamentales.
I.1.2. Norma Constitucional o legal presuntamente incumplida
Denunciaron el incumplimiento del art. 10 del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, en cuanto a la facultad del INRA para disponer, de oficio o a pedido de parte o de entidades públicas, en procedimientos agrarios administrativos, medidas precautorias con carácter temporal, oportunas y proporcionales a la amenaza o riesgo del caso concreto, incluso con el apoyo de la fuerza pública, entre ellas, el desalojo de asentamientos ilegales.
I.1.3. Petitorio
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