Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26752-2018-54-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 290 a 293 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yamil Franz Gonzales Exeni en representación legal de David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo representando a su vez a Vacilia Olañeta Barroso contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros; y, Vicente Remberto Cuellar Téllez, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 y 21 de noviembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 223 a 235 vta. y 239, la parte accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 4 de septiembre de 2014, fue incorporada como profesional II de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, mediante Memorándum "CM-DIR.NAL. RR.HH. 467/2014"; sin embargo, mientras cumplía sus funciones el 2017 fue diagnosticada con una de las enfermedades más agresivas, graves y costosas como es el cáncer.
Lamentablemente, los Consejeros demandados mientras su persona se encontraba con baja médica tomaron la decisión de destituirla, mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0539/2018 de 30 de abril de agradecimiento de servicios, emitido por el Director Nacional de RR.HH. a orden de los Consejeros del Consejo de la Magistratura, determinación que fue notificada a su persona el 16 de mayo de igual año -el día que concluyó su baja médica-.
Ante tal situación, interpuso recurso de revocatoria contra el memorándum indicado supra; el cual, fue confirmando a través de la Resolución RR/DNRH 003/2018 de 28 de mayo; por lo que, el "6" de junio de similar año presentó recurso jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución R.J./S.P. 012/2018 de 2 de julio, notificada el 28 de agosto de igual año; a partir del cual, ratificaron la anterior Resolución emitida.
La determinación de destituirla sin indicar el motivo ni justificar tal decisión, vulneró de forma flagrante la propia normativa del Consejo de la Magistratura que en el art. 72.II del Reglamento Interno para Personal Administrativo del Órgano Judicial, establece que la cesación de los servidores administrativos, no procede por decisiones discrecionales y unilaterales de las autoridades sin previa justificación contenida en el memorándum u otro documento de conocimiento del servidor.
El momento de la emisión del ilegal memorándum de agradecimiento de servicios, demuestra que las autoridades demandadas la destituyeron de su fuente laboral solo por ser una mujer con cáncer, ya que su situación no se ajustaba a ninguna de las causales establecidas en el art. 72.I del citado supra Reglamento, encontrándose inhabilitada para realizar cualquier tipo de trabajo por estar postrada en cama, dadas las intervenciones quirúrgicas a la que fue sometida; aspecto este, que confirma que su desvinculación se debió a la enfermedad que padece; por cuanto, extrañamente las indicadas autoridades asumieron tal decisión luego de que su persona presentara la nota de 5 de febrero de 2018, en la que puso a conocimiento del Pleno del Consejo de la Magistratura su delicado estado de salud, a fin de que las mismas precisamente consideren que las constantes bajas médicas se deben a que sufre una enfermedad crónica-terminal; sin embargo, sin tomar en cuenta tales aspectos las autoridades demandadas decidieron retirarla.
Así, en la Resolución jerárquica de forma totalmente evasiva omitieron señalar el motivo de retiro, evitando ingresar al análisis del indicado art. 72 del indicado Reglamento interno, manifestando en la oportunidad únicamente que el Pleno del Consejo de la Magistratura, tiene la facultad de desvincular a cualquier funcionario administrativo que tenga calidad de provisorio, aspecto que contraviene incluso su propia normativa y la jurisprudencia constitucional establecida respecto al derecho a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral relacionada a enfermos con cáncer, considerados éstos como personas con discapacidad que no pueden ser retirados de forma discrecional de sus fuentes de trabajo, sino solo a través de procesos administrativos sancionatorios que respeten el debido proceso y garanticen el derecho a la defensa, debiéndola considerar dentro de la protección que se brinda a los sectores en condiciones de vulnerabilidad (, , y ).
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