Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de amparo constitucional
Expediente: 26752-2018-54-AAC Partes: Yamil Franz Gonzales Exeni en representación legal de David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo representando a su vez a Vacilia Olañeta Barroso contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Duran, Consejeros; y, Vicente Remberto Vuellar Tellez, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura.
Departamento: Cochabamba
I. ANTECEDENTES
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió: REVOCAR en parte la Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 290 a 293 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los Consejeros del Consejo de la Magistratura; y, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución R.J./S.P. 012/2018 de 2 de julio, correspondiendo que las citadas autoridades emitan nueva resolución debidamente motivada y fundamentada, conforme a los fundamentos expuestos ut supra; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en relación a los derechos a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud; y, a la solicitud de pago de sueldos devengados y demás derechos y beneficios reconocidos por ley; no obstante, disiente en cuanto a los fundamentos jurídicos en función a los cuales la resolución aludida concedió en parte y denegó respecto al Director Nacional de RR. HH. Del Consejo de la Magistratura; por lo que, emite el presente voto disidente bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
De los hechos que motivaron la interposición de la presente acción, que se constituye en la causa para solicitar el resguardo de los derechos invocados por la accionante, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral por cuanto las autoridades demandadas le comunicaron mediante memorándum CM-DIR-NAL.RR.HH.0539/2018 de 30 de abril en el que se determinó agradecer sus servicios como servidora pública del área administrativa del Órgano Judicial, cuyos cargos sin excepción alguna, son transitorios por disposición legal, en cumplimiento a decisión asumida en Sala Plena de 4 de abril de 2018 y sin considerar que se encuentra afectada por la enfermedad de cáncer de mama; memorándum que fue impugnada mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, la decisión asumida fue confirmada en su totalidad, mediante resoluciones que no fueron fundamentadas; en cuyo mérito solicita se deje sin efecto el memorándum citado supra, las Resoluciones Administrativas (RRAA) RR/DNRH 003/2018 de 28 de mayo y R.J/S.P. 012/2018 de 2 de julio que confirman la decisión asumida, la reincorporación inmediata al mismo puesto y nivel salarial que ocupaba antes del despido y el pago de salarios devengados y demás derechos y beneficios reconocidos por ley
Expuesto la problemática, la , en revisión, resolvió REVOCAR en parte la Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 290 a 293 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los Consejeros del Consejo de la Magistratura; y, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución R.J./S.P. 012/2018 de 2 de julio, correspondiendo que las citadas autoridades emitan nueva resolución debidamente motivada y fundamentada, conforme a los fundamentos expuestos ut supra; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en relación a los derechos a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud; y, a la solicitud de pago de sueldos devengados y demás derechos y beneficios reconocidos por ley; analizando únicamente la resolución de última instancia emitida por los Consejeros del Consejo de la Magistratura y considerando el derecho al debido proceso en su elemento fundamentación, derecho no denunciado como vulnerado por la peticionante de tutela, cuando conforme al petitorio de esta última debió considerarse también la resolución de primera instancia, fundamentos con los cuales disiento por cuanto se considera que en el caso debió concederse en todo conforme al petitorio impetrado.
En consecuencia, a efectos de una mejor comprensión, los ejes temáticos sobre los que se desarrollará la presente disidencia son los siguientes:
II.1. El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas, incluyendo el trabajo del funcionario provisorio
La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo, que en nuestro caso se encuentra reconocido expresamente en el art. 46.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), como el derecho al trabajo digno; respecto a su contenido, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de establecer su contenido, entendiendo como "la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia"1. En sintonía con la norma fundamental, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el "Protocolo de San Salvador"2 establece en su art. 6:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Este derecho se encuentra armónicamente complementado con el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, reconocido en el núm. 2 de la citada norma fundamental; a decir de la jurisprudencia constitucional expresada en la , sobre la citada base normativa, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:
... en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente 3.
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