Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente 24068-2018-49-AAC Departamento: Chuquisaca Partes: Roger Martínez Rodas contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Ximena Lucía Mendizábal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 06/2018 de 28 de mayo, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, denegó la tutela solicitada.
En todo caso considera que se debió REVOCAR dicha Resolución constitucional; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 67/2018 de 20 de febrero, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2017, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del mismo departamento, debiendo esta autoridad emitir nueva resolución; sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante considera que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y errónea interpretación de los arts. 130, 134 y 162 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a ser juzgado en un plazo razonable y a la tutela judicial efectiva, así como los principios de legalidad, de igualdad y de seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas interpretaron erróneamente que el plazo de los cinco días que establece el art. 134 del CPP, para que el Fiscal presente su requerimiento conclusivo, empezaría a computarse desde el momento en que el Fiscal Departamental instruye al Fiscal de Materia; cuando dicha norma es clara al señalar que el plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo empieza a computarse desde el momento en que se notifica al Fiscal Departamental con la conminatoria; además, de haber referido que la notificación efectuada al Fiscal de Materia asignado al caso el 13 de septiembre de 2017, no sería efectiva, empero, sin explicar los motivos de esa decisión; razón por la cual, solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2017 y el Auto de Vista 67/2018, disponiendo que las autoridades demandadas dicten nueva resolución conforme a derecho.
En consecuencia corresponde verificar en revisión, si los hechos expuestos por el impetrante de tutela son evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, se analizarán los siguientes temas:
- a)La cosa juzgada constitucional y la identidad parcial de sujetos activos;
- b)Las condiciones para la vinculatoriedad del precedente;
- c)La vinculatoriedad y los efectos de la parte resolutiva en las acciones de defensa;
- d)El precedente en vigor respecto a la conminatoria al Ministerio Público y el plazo de cinco días previsto en el art. 134 del CPP;
- e)La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y,
- f)Análisis del caso concreto.
II.1. La cosa juzgada constitucional y la identidad parcial de sujetos activos
En cuanto a la cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en su concepción y alcance dos aspectos a saber:
- 1)Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y,
- 2)La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea sentencia, auto o declaración constitucional; así, la 1, determina que contra las resoluciones de la jurisdicción constitucional no cabe recurso ulterior alguno, lo que implica como una lógica consecuencia, que hasta el propio Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido o inhibido de pronunciarse nuevamente sobre un caso ya resuelto a través de sus sentencias constitucionales plurinacionales -u otras resoluciones constitucionales-, ello implica que tampoco puede proceder a revisarlas, ya que las mismas tienen la característica de cosa juzgada constitucional; por lo que, no puede pretenderse un nuevo pronunciamiento sobre lo resuelto en forma definitiva por la jurisdicción constitucional, dado que ello, es base para la seguridad jurídica del Estado.
Por su parte, la 2 determina la imposibilidad de poder activar una acción de amparo constitucional, cuando existe otra resolución anterior emitida dentro de la jurisdicción constitucional, producto de otra acción de amparo presentada previamente, ya resuelta en el fondo; tal prohibición, se extiende a aquellas acciones de amparo constitucional que solicitan el cumplimiento de una sentencia constitucional plurinacional, que resolvió una demanda tutelar, siendo que para tal efecto, se tiene un procedimiento especial ante el mismo tribunal de garantías; por lo que, no corresponde presentar una nueva acción tutelar para solicitar su cumplimiento, sino interponer una queja por incumplimiento -si el caso amerita-, conforme lo dispone el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Entendimiento asumido en la .
Por otra parte, cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional ha establecido los requisitos que deben concurrir en la cosa juzgada; así el Fundamento Jurídico III.1 de la , señala:
...respecto de la interposición anterior de un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades indicadas; es decir:
- a)de sujetos: que sean las mismas personas que presentan el recurso y lo dirigen contra la misma autoridad o personas particulares contra las que recurrieron antes;
- b)de causa: que el motivo (acto o resolución), que da origen al amparo, sea el mismo en ambos casos; y
- c)de objeto: que el propósito del recurso, sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo.
Sin embargo, en lo referente a la identidad de sujetos, posteriormente la jurisprudencia constitucional admitió la cosa juzgada cuando dicha identidad es solo parcial, así el Fundamento Jurídico III.1 de la , señala:
...es también posible declarar la improcedencia del amparo por la causal anotada en los casos en que exista identidad parcial de sujetos, esto es que el sujeto activo o pasivo sean diferentes, pero que el motivo y el propósito del recurso sea el mismo respecto a una problemática anteriormente planteada y sobre la cual la justicia constitucional ya emitió pronunciamiento en el fondo, puesto que conforme a lo sostenido en la sentencia constitucional en último término citada, la disposición responde al fin de optimizar la operatividad de los administradores de justicia y a evitar la duplicidad de fallos en causas ya resueltas (las negrillas nos pertenecen).
Ahora bien, en los casos de identidad parcial de sujetos activos, es decir, cuando las acciones de defensa son presentadas por diferentes accionantes, es necesario efectuar algunas aclaraciones vinculadas a los efectos de las sentencias pronunciadas dentro de las acciones de defensa; pues, de acuerdo al art. 15.I del CPCo, "Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tiene efecto general". En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en el 3 y en la , entre otras, establece que por "...regla general toda sentencia y especialmente de una acción tutelar, tiene únicamente efecto inter partes, y alcanza únicamente a quienes hayan intervenido en el recurso como recurrente o recurrido; en consecuencia, sólo a éstos es a quienes corresponde cumplir lo que se haya determinado en sentencia, y a contrario sensu...".
Conforme a lo anotado, correspondía que en la se modulara el entendimiento contenido en la y otras posteriores que señalaron que es posible invocar la cosa juzgada constitucional por identidad parcial de sujetos activos, en sentido que la parte resolutiva de las sentencias pronunciadas dentro de una acción de defensa, al obligar únicamente a las partes intervinientes, no puede extenderse a terceras personas, salvo que el juez, Sala o Tribunal expresamente lo hubiera dispuesto; de ello, se desprende que la cosa juzgada constitucional no alcanza a los supuestos en los que primero se resolvió una acción de defensa formulada por un procesado o denunciante, emergente de un proceso judicial o administrativo en el que existían una pluralidad de procesados, demandados o demandantes, accionantes, etc., y luego, se interpuso una nueva acción tutelar con identidad de causa y objeto, pero por otro procesado o denunciante.
Entonces, si bien en dichos casos no es posible alegar la existencia de cosa juzgada constitucional, fundamentalmente por los efectos de las resoluciones, pero también porque la posición de la persona accionante, en el proceso del que emerge la acción de defensa, puede incidir en un tratamiento diferenciado del caso; sin embargo, es evidente que existe un precedente que, ante una similitud analógica o identidad de supuestos fácticos, tendrá que ser aplicado a la misma causa por la autoridad judicial demandada, conforme se explica en el punto que sigue.
II.2. Las condiciones para la vinculatoriedad del precedente
Las condiciones para la vinculatoriedad del precedente fueron desarrolladas por la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias, conforme a lo siguiente:
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