0472/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0472/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26198-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 12/2018 de 29 de octubre, cursante de fs. 605 a 614 vta.; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodoro Pozo Uribe contra Noemi Muriel Valdiviezo Montaño, Ana Shirley Calderón Flores, Alexander Cruz Bustillos, Wilson Pizarro Puquimia, Florencio Limón Flores, Miguel Ortiz Limón y Fabricio Pereyra Velasco, ex y actuales miembros del Tribunal de Alzada de procesos disciplinarios de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 de octubre de 2018 y 11 de igual mes y año, cursantes de fs. 400 a 426 y 462 a 463, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En razón a una denuncia presentada en su contra por el Asesor Jurídico de la UMRPSFXCH el 28 de noviembre de 2017, se le inició proceso disciplinario interno en su condición de docente de la carrera de derecho por la presunta comisión de faltas y contravenciones disciplinarias, emitiéndose Sentencia 07/2018 de 9 de marzo, que dispuso su expulsión de la misma; motivo por el cual, formuló el 16 de igual mes y año, tres recursos de apelación, uno contra la antes mencionada sentencia y los otros dos dirigidos contra las resoluciones que resolvieron los incidentes de exclusión probatoria y actividad procesal defectuosa que formuló, todos resueltos a través de la Resolución de 4 de abril de 2018, emitida por las autoridades ahora demandadas, constituidas en Tribunal de alzada.

Señala que, el incidente de actividad procesal defectuosa que formuló contra el auto de admisión y apertura del proceso disciplinario de 30 de noviembre de 2017, se debe a que esta resolución no cumplió los requisitos legales mínimos para aperturar un proceso disciplinario de oficio en su contra, pues no existía elemento probatorio ni fundamento alguno que acredite el conocimiento público del hecho denunciado ni tampoco se acreditó la existencia de una disposición del rector que autorice su procesamiento, pues la prueba en la que se basó la resolución que resolvió el incidente fue producida e introducida de manera posterior a la emisión del auto de apertura e inclusive a la interposición del propio incidente; es decir, que al iniciarse su procesamiento no se tenían los elementos de convicción que acrediten la calidad de públicos los hechos denunciados, ni se contaba con resolución o autorización rectoral; sin embargo de ello, por Resolución de 5 de marzo que 2018, se rechazó el incidente planteado con el argumento que el requisito consignado en el art. 5.1 del Reglamento de Procesos Universitarios, fue cumplido, pues los testigos Ariana Fessy Alipaz y Kevin Gandarillas afirmaron conocer los hechos motivo del proceso a través de redes sociales y concretamente de los grupos de WhatsApp de la carrera de derecho. Así también, porque se adjuntó un ejemplar del periódico La Estrella del Oriente de 24 de noviembre de 2017, donde se consigna una relación pormenorizada de los hechos denunciados, evidenciándose; en consecuencia, el conocimiento público de los mismos.

Motivo por el cual, interpuso recurso de apelación; sin embargo, la resolución de segunda instancia excediendo los límites de lo razonable, basó su determinación en argumentos incongruentes y arbitrarios que van en contra de los antecedentes del proceso y lo planteado en el incidente, pues apartándose de los cánones constitucionales y legales, concluyeron que no es correcta la interpretación y el reclamo que efectuó en su impugnación, debido a que lo importante es verificar si el Rector de la UMRPSFXCH ordenó o no el inició de las acciones legales y si los hechos denunciados adquirieron el carácter de públicos; empero, el motivo central del recurso versa sobre el ilegal e inaceptable hecho de que las autoridades de primera instancia, decidieron rechazar su incidente haciendo uso de argumentos y elementos de prueba que fueron incorporados al proceso de manera posterior a la interposición del incidente.

Agrega que, por memorial de 28 de febrero de 2018, formuló incidente de exclusión probatoria que fue resuelto a través de la Resolución de 4 de abril de igual año con el fundamento que el CD de audio de presuntas conversaciones con la supuesta víctima, lesiona su derecho constitucional al secreto de las comunicaciones privadas, pues de manera expresa manifestó que desconoce como suya la voz que contiene el mismo y que las pruebas signadas como "3, 5, 6 y 8" debieron ser objeto de levantamiento de la reserva que regía conforme dispone el art. 89 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre De Violencia Ley 348 -9 de marzo de 2013- al ser extraídas del proceso penal; no obstante, el Tribunal de alzada resolviendo el incidente antes mencionado, estableció que la información contenida en el CD no es comunicación privada, ya que, presuntamente se trata de una conversación entre una alumna y su docente, respecto a una agresión sexual; además en forma contradictoria señalaron que el referido CD fue obtenido por la Universidad al apersonarse al proceso penal que también se le seguía y luego que fue entregado por la víctima; sin embargo, la misma no formó parte del proceso disciplinario y si bien se apersonó y adjuntó prueba, ésta no ofreció el CD, y por lo mismo, la determinación asumida por el Tribunal se basa en una afirmación falaz y carente de respaldo en el proceso disciplinario.

Finalmente menciona que, la Resolución de segunda instancia emitida el 4 de abril de 2018, que resolvió sus tres recursos de apelación (contra la Sentencia 07/2018 y los dos Autos de 5 de marzo de 2017, que resolvieron los incidentes de actividad procesal defectuosa y exclusión probatoria que formuló) lesionó sus derechos, por cuanto:

Primero: Las autoridades ahora demandadas, ante el conocimiento de que el Tribunal de primera instancia reprodujo y escuchó el CD que es motivó de exclusión probatoria -por su obtención ilegal- procedió a validar esa irregularidad, lesionando su derecho al debido proceso en su elemento de juez imparcial, pues debió anular el Auto traído en apelación disponiendo que se resuelva el incidente de exclusión probatoria sin ingresar a revisar, reproducir y escuchar el contenido de la prueba objeto de la exclusión, asumiendo ambos tribunales que el contenido del CD está referido a conversaciones sostenidas entre el denunciado -ahora accionante- con su alumna y de forma ilógica y sin base alguna proceden a afirmar que dicha voz es la suya, lesionando de esta manera su derecho al juez imparcial.

Segundo: El Tribunal de alzada al ratificar el razonamiento del Tribunal de primera instancia, lesionó su derecho al juez imparcial, pues el numeral I.1 del Segundo Considerando de la Resolución que emitió en sus incisos 1 y 2 demuestran que no actuó manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir resolución, ya que a fin de favorecer la denuncia presentada por el Asesor Legal de la UMRPSFXCH validaron el acto ilegal cometido por el Tribunal de primera instancia de oír el contenido del CD asumiendo sin ningún fundamento que la voz que oyeron de manera ilegal corresponde a su persona, sin considerar tampoco que se consideró prueba aportada después de dictado el auto de primera instancia que nunca ofrecida a los fines del incidente, demostrando así su total parcialización en el proceso, pues a momento de motivar y fundar su decisión lo hicieron en base a elementos de prueba introducidos al proceso de manera posterior a la emisión de la misma resolución que resolvió el incidente de exclusión probatoria, demostrando evidente parcialidad y arbitrariedad.

Tercero: Se lesionó su derecho de las comunicaciones privadas por la producción del CD ofrecido por la parte denunciante dejándolo en absoluto estado de indefensión; toda vez que, el Tribunal de alzada al responder el primer motivo de impugnación que formuló contra la resolución de 5 de marzo de 2018, que dilucidó el incidente de exclusión probatoria de manera irrazonable concluyó que no existe la lesión del derecho al secreto de las conversaciones privadas consagrado en el art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues quien obtuvo la grabación fue la víctima en el momento en que estaba siendo agredida sexualmente; consiguientemente, esta agresión no tiene relación con la privacidad de las personas, omitiendo considerar que fue un tercero ajeno a la comunicación (Asesor Jurídico de la UMRPSFXCH) quien sin tener facultad sobre la misma la ofreció como prueba, hecho que de manera oportuna fue reclamado.

Cuarto: Se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y legalidad, al omitir la producción probatoria del CD ofrecido por la denunciante, dejándolo en absoluto estado de indefensión; en cuanto, existe una incorrecta aplicación del art. 5 numeral 3) del Reglamento de Procesos Universitarios aprobado por el Honorable Consejo Universitario mediante Resolución 32/2002 de 1 de agosto de 2002, pues, el Tribunal de alzada al resolver en el punto 3.3 relativo al tercer defecto de la sentencia, de manera arbitraria señaló que no existe una norma imperativa de carácter prohibitiva que impida a cualquier tribunal escuchar el contenido de un CD ofrecido como prueba documental o que obligue a transcribir su contenido para luego ser valorado; manifestar, que no existe norma alguna que declare la nulidad del acto de escuchar el contenido de un CD que fue grabado por la propia víctima y ofrecido al proceso por la misma, no siendo necesario tampoco el señalamiento de una audiencia pública para reproducirlo; sin embargo, de la interpretación literal y gramatical de la norma contenida en el mencionado artículo se evidencia que la misma al citar al ofrecimiento y producción de prueba, utiliza la conjunción "y"; es decir, que las pruebas deben ser ofrecidas y producidas por las partes. Empero, en el presente caso las autoridades ahora demandadas han incurrido en una errónea interpretación y aplicación del numeral 3) del art. 5 del Reglamento de Procesos Universitarios, pues el hecho de no producir una prueba grabada en presencia de las partes y al contrario escuchar la misma de manera unilateral a espaldas del procesado y todavía referir que no era necesario hacerlo, constituye una grosera vulneración del debido proceso en su vertiente del principio de legalidad y del derecho a la defensa, máxime, si consideramos que dicho elemento probatorio constituyó la prueba esencial que determinó su culpabilidad y consiguiente expulsión de la universidad.

Quinto: Se vulneró el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en su vertiente de congruencia entre el hecho acusado y la sentencia; por cuanto, el Tribunal de alzada con argumentos totalmente arbitrarios convalidó que el Tribunal de primera instancia lo condené por hechos y circunstancias que no fueron denunciados; pues, la denuncia interpuesta en su contra por el Asesor Jurídico de la UMRPSFXCH refiere que se habría cometido un supuesto abuso y acoso sexual en contra de una estudiante el 15 de noviembre de 2017; es decir, que a lo largo de toda la relación de hechos que se expone en la denuncia de 28 de igual mes y año, transcrita inclusive en el primer considerando de la Sentencia 07/2018, se advierte que según la propia denunciante y el Tribunal de Primera instancia, se lo juzgó por hechos supuestamente cometidos el 15 de noviembre; sin embargo de ello, de manera ilegal el Tribunal de primera instancia al momento de establecer los hechos de condena, de manera literal lo condenó por varios hechos, entre ellos el supuesto abuso y acoso sexual el 15 de noviembre y el 16 de igual mes y año. Empero, en el presente caso no se denunció ni se juzgó por hechos presuntamente cometidos el 16 de noviembre de 2017, extremo que se evidencia de la revisión y contraste que se realiza de la denuncia y la sanción impuesta, resultando arbitrario e ilegal que el Tribunal de segunda instancia no considere que el hecho de haber incorporado una fecha más al hecho investigado es un defecto de vital importancia ya que el haberse denunciado solamente por hechos del 15 de noviembre, originó que estructure su defensa respecto a lo ocurrido ese día, aspecto que limitó materialmente el ejercicio de su defensa pues no tenía la obligación de pronunciarse o producir prueba respecto a lo acontecido el 16 de noviembre de 2017, lo que impidió además que haga uso efectivo de los medios legales que la ley otorga para defenderse.

Sexto: Se quebrantó su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada y con motivación congruente; toda vez que, el Tribunal de alzada a tiempo de emitir pronunciamiento no resolvió el primer motivo de apelación contra la Sentencia 07/2018; relativos a que el CD no fue reproducido o escuchado en audiencia por las partes pero si valorado; que no existe pronunciamiento respecto a la errónea valoración de prueba con relación a que la voz del CD era del recurrente -ahora impetrante de tutela- que se escucha el hojeo de papeles que sirvió para incriminarlo; que la víctima se encontraba por el Humbolt, ni sobre el hecho que el muestrario fotográfico no tenía firma ni sellos de ninguna autoridad.

Así también, omitieron pronunciarse sobre el tercer motivo de apelación (Tercer defecto de la sentencia) donde se observó que el Tribunal de primera instancia valoró una prueba no producida, pues escucharon el contenido del CD a espaldas de todos los sujetos, cuando su producción debió efectuarse en audiencia; sin embargo de ello, las autoridades -ahora demandadas- manifestaron que no existe norma prohibitiva que impida a cualquier Tribunal escuchar el contenido de un CD o que obligue a transcribir su contenido afectando de ésta manera su derecho a la defensa.

Evidenciándose de ésta manera que el Tribunal jamás resolvió el primer ni tercer motivo de apelación pues analizó de manera equivocada y grosera aspectos totalmente ajenos a los planteados, generando con esta conducta una flagrante restricción y disminución de su derecho y garantía constitucional al debido proceso en sus vertientes de congruencia y debida fundamentación de las resoluciones. Defectos que resultan por demás evidentes al constatarse que inclusive en el proceso penal que se aperturó en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual y acoso, se emitió a su favor sobreseimiento de 23 de agosto de 2018, que fue ratificado por el Fiscal Departamental a través de Resolución Jerárquica de 7 de septiembre de 2018; motivo por el cual, no existe proceso penal en su contra, en razón a que se determinó que el hecho supuestamente delictivo no existió y que la prueba fue insuficiente para fundar una acusación, extremo que las autoridades -ahora prenombradas- soslayan y contrariamente a lo referido han valorado y fundamentado arbitrariamente su condena.