0472/2019-S2

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0472/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 24272-2018-49-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Jorge Montaño Yepez, Responsable de Tierra y Territorio; y, Jorge Mamani Padilla, Primer Capitán Zonal y Dirigente de la Capitanía Indígena Guaraní Takovo Mora A.P.G., ambos en representación de las Comunidades Capitanía Takovo Mora A.P.G. contra Fanor Ferrufino Delgadillo, Verónica Escobar Vargas, Sonia Escobar Vargas, Sonia Escóbar Vargas, Justo Arredondo Martínez, Tomás Céspedes y Ana Paz Cuellar, Maida Paz Cuellar, Tómas Céspedes y otros.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con el enfoque distorsionado asumido en el desarrollo jurisprudencial realizado en los Fundamentos Jurídicos, para sustentar el análisis del caso concreto y la parte dispositiva de la SCP 0472/2019-S2, que revoca la Resolución 002/2018 de 4 de junio, pronunciada por la Jueza de garantías; y en consecuencia: deniega la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, alegando de forma equívoca la supuesta falta de "...suficiente prueba objetiva para demostrar la existencia de las supuestas medidas de hecho alegadas por la parte accionante".

En todo caso considero que la SCP 0472/2018-S2 debió CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, previa reconducción de la acción de amparo constitucional por la acción popular, al confrontarse el derecho colectivo de los accionantes -derecho a la propiedad colectiva de su territorio ancestral- y los derechos individuales en un contexto colectivo de los demandados -derecho a la vivienda-, sobre la base de pautas de interpretación para contextos con incidencia colectiva, con criterios de progresividad, favorabilidad y eficacia, para la aplicación y directa justiciabilidad de los derechos colectivos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC), tomando en cuenta los factores que ocasionaron el avasallamiento perpetrado por los demandados en un territorio indígena originario campesino (TIOC) de la Comunidad Indígena Takovo Mora de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes (A.P.G.); y, conforme a los términos dispositivos y exhortativos del presente Voto Disidente.

Asimismo, amerita aclarar que el expediente 24272-2018-49-AAC, correspondiente a la SCP 0472/2019-S2, que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho; en consecuencia, al evidenciar que los accionantes al formar parte de Comunidades Indígenas Guaraníes pertenecientes a la Capitanía Takovo A.P.G, se constituyen en un grupo vulnerable de protección reforzada, atención prioritaria y preferencial, por parte de la jurisdicción constitucional; y, al advertir insuficientes pruebas para poder dilucidar y deliberar en justicia el presente asunto, estimé necesario recabar información complementaria pericial conforme me lo permite el art. 7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refrendado por el princio de iura novit curia -el Juez conoce el derecho-; norma legal que le otorga la posibilidad a todos los administradores de justicia constitucional, poder recabar la prueba necesaria para ejercer un adecuado control de constitucionalidad; por lo que, conocedora que no amerita denegar la tutela impetrada por falta de prueba, por ser un justificativo ilegal, restrictivo y regresivo para los derechos fundamentales, más cuando se encuentran en tela de juicio derechos colectivos de interés y relevancia social; solicité que servidores públicos especializados en la materia, dependientes de Secretaría Técnica y Descolonización de este Tribunal, realizaran un trabajo de campo en el territorio de las referidas Comunidades Indígenas en conflicto, a efectos de verificar la veracidad de los actos lesivos denunciados y los derechos colectivos lesionados.

En consecuencia, el equipo multidisciplinario de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformado por un Sociólogo, un Antropólogo y un Especialista en Tierras Bajas, acudieron al territorio de las Comunidades Indígenas "Guaraní Iuguasurenda" y "Nuevo Amanecer" que forman parte de las once comunidades que constituyen la Capitanía Takovo Mora A.P.G.; quienes a través de la metodología y técnica de la observación directa en campo y aplicación de entrevistas focales, palparon en persona, la verdad histórica de los hechos y realidades por las cuales se encuentran atravesando los accionantes en calidad de miembros de dichas Comunidades Indígenas, que fueron descritas a través del Informe Técnico Especializado TPC/STYD/UJIOC/010/2018, el cual se constituye en el medio idóneo parar que la suscrita Magistrada haya tomado cuenta que: "Existe un documento de titulación como Tierra Comunitaria de Origen TCO en el lugar del avasallamiento, donde no debería existir la propiedad privada, sin embargo se evidencia la presencia de personas ajenas al Pueblo Guaraní que ingresaron a los mencionados terrenos. Dichas personas, en la actualidad se encuentran construyendo cuartos de material local" ([sic] las negrillas y subrayado son agregados), a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada; más aún, en razón a que dicho informe recomendó que: "De acuerdo a lo analizado y debido a la aparente vulneración de derechos colectivos de las referidas comunidades, se recomienda en el caso concreto la reconducción procesal para que la demanda sea tramitada como Acción Popular" ([sic] el resaltado es nuestro).

Sin embargo, a pesar que ameritaba la reconducción de la acción de amparo constitucional a la acción popular, por encontrarse en tela de juicio derechos colectivos de Comunidades Indígenas Guaraníes que conforman la Capitanía Takovo Mora A.P.G.; y, poder ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada, sobre la base del trabajo de campo realizado por funcionarios del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, que se constituye en un medio probatorio idóneo para constatar la afectación del territorio ancestral como un derecho colectivo de las Comunidades Indígenas "Guaraní Iuguasurenda" y "Nuevo Amanecer" que posiblemente se encontraría confrontado con el derecho a la vivienda de quienes ocupan actualmente dicho territorio; empero, lamentablemente el Magistrado Carlos Alberto Calderón no aprobó el proyecto elaborado por la suscrita Magistrada y formuló uno alterno, que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, me encuentro obligada a efectuar el presente Voto Disidente:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la "seguridad jurídica", a la educación y a la propiedad colectiva indígena; por cuanto, los demandados conjuntamente a ciento cincuenta personas aproximadamente, avasallaron el territorio de su propiedad, que fue dotado a favor de las Comunidades Indígenas que conforman la Capitanía Takovo Mora A.P.G., mediante Título Ejecutorial y plano catastral debidamente inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.).

II.1. La reconducción procesal de acciones

A través de la reconducción procesal de acciones, es posible que una acción de defensa erróneamente planteada, pueda ser convertida, de oficio, a la acción de defensa que corresponde. La jurisprudencia constitucional, desarrolló este mecanismo en las siguientes Sentencias Constitucionales:

Así, la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, generó un entendimiento aplicable a la acción de cumplimiento, por su novedosa incorporación a la Constitución Política del Estado, constituyéndose en el primer antecedente jurisprudencial.

Posteriormente, la SCP 0347/2012 de 22 de junio, recondujo excepcionalmente un recurso directo de nulidad a una acción de amparo constitucional, a partir del principio pro actione, sin establecer subreglas aplicables a futuros casos.

Luego, la SCP 0645/2012 de 23 de julio, por primera vez recondujo una acción de cumplimiento a una acción popular interpuesta por pueblos indígenas, señalando requisitos expresos para el efecto.

Asimismo, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos de este último mecanismo de defensa y de la inexistencia de las causales de improcedencia. En igual sentido, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, extendió de manera expresa la posibilidad de efectuar la reconducción procesal en todas las acciones de defensa, señalando en su Fundamento Jurídico III.3, que:

...la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos.

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la reconducción de acciones no solo alcanza al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también, a los jueces y tribunales de garantías. Entendimiento que se reiteró en la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, sostuvo:

...es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las SSCCPP 0645/2012, 2271/2012, 210/2013², 897/2013², entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos...

Por otra parte, la SCP 0778/2014 de 21 de abril, desarrolla la figura de la reconducción procesal, sin establecer requisitos para su aplicación, con el siguiente entendimiento:

...de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el "vivir bien" en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional.

Conforme a dicho entendimiento, jueces y tribunales de garantía, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden reconducir las acciones de defensa, de oficio, a la acción idónea, para el resguardo de los derechos alegados como vulnerados, efectuando una ponderación en cada caso. No obstante, lo anotado, posteriormente, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3, moduló el entendimiento anotado, estableciendo que la reconducción de acciones no opera en todos los casos, sino, que está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada, conforme a los siguientes entendimientos:

Ahora bien, en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada...

...Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones.

Como se observa, la SCP 0617/2016-S2 contiene un entendimiento regresivo con relación a la anterior jurisprudencia constitucional; sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional generó la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre1 y 0087/2014-S3 de 27 de octubre2, a partir de los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél, que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

A partir de dicha doctrina, en el caso de la reconducción procesal de acciones, el precedente en vigor se encuentra en la SCP 0778/2014, al ser más favorable para el acceso a la justicia constitucional; por cuanto, no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material.

II.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre3 y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En ese entendido, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

...sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de "Estado de derecho" o "Estado bajo el régimen de derecho" cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", nace sepultando el modelo de "Estado bajo el régimen de la fuerza", el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como "Estado de derecho legislativo" o "Estado legal de Derecho", empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como "Estado constitucional de Derecho", que es "...un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación", o en palabras de Prieto Sanchís "...no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización".