Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0472/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento
Expediente: 74552-2025-150-ACU Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 59/2025 de 7 de mayo, cursante de fs. 522 a 525, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Marisol Jiménez Murillo, Secretaria General; Luis Eduardo Saavedra Becerra, Secretario de Relaciones; y, Fabián Ramiro Segales Ramos, Secretario de Régimen Interno, todos del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz contra Fernando Ruiz Saldías Pericón, Director de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 12 de septiembre y 15 de octubre de 2024, cursantes de fs. 74 a 81 y 109 a 110 respectivamente, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023; así como, enero, febrero y marzo de 2024, ciento cuarenta y dos afiliados presentaron solicitud de reconocimiento de su antigüedad, ante la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAM de La Paz, cumpliendo los requisitos que deben ser presentados por los servidores públicos para el pago del bono de antigüedad, ello de conformidad con el art. 7 del Reglamento Municipal para el Reconocimiento y Pago del Bono de Antigüedad, aprobado mediante Decreto Municipal 17/2015 de "20 de septiembre", modificado por la "Resolución 041/2015 de 9 de diciembre de 2019" (sic), y elevado a rango de Ley Municipal Autonómica 485 de 23 de junio de 2022; toda vez que, no se estaría pagando el bono de antigüedad conforme a los porcentajes establecidos en el citado Reglamento.
No obstante, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, la autoridad ahora demanda incumplió con la obligación prevista en el art. 8 del citado Reglamento; el cual establece que, una vez realizado el trámite administrativo respectivo, corresponde al Director de Gestión de RR.HH. de la institución edil, emitir la Resolución Administrativa de Reconocimiento y pago del Bono de Antigüedad. Continuaron señalando que, no todos los afiliados recibieron respuesta a sus solicitudes, sino sólo algunos; entre ellos, Claudia Verónica Vera Pereira, a quién mediante Nota DGRH SEM 1231/2023 de 26 de octubre, hicieron conocer la existencia de un conflicto legal, al concurrir dos disposiciones legales vigentes que regulaban el porcentaje de percepción de bono de antigüedad, el art. 60 del Decreto Supremo (DS) 21060 de 29 de agosto de 1985; y, la "Resolución Municipal 485"; por lo que, se habría solicitado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos establezca una línea institucional al respecto, encontrándose a la espera de un pronunciamiento oficial; asimismo, se informó que se interpuso una acción de inconstitucional concreta, contra la Ley Municipal Autonómica 485; por lo que, el trámite de reconocimiento de bono de antigüedad continuaría hasta la emisión de la Resolución Administrativa; no obstante, su ejecución quedaría pendiente hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente.
Lo que motivó que, mediante Cite: STMLP 006/2024 de 10 de enero, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz, exprese su oposición a las respuestas emitidas por la Dirección General de RR.HH.; ya que, de la revisión de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advirtió la existencia de los , ; y, 0028/2024-CA de 11 de enero, pronunciados a efecto de la presentación de las acciones de inconstitucionalidad concreta por el Director de Gestión de RR.HH. del GAM de La Paz en contra de la "Resolución Municipal 485"; los cuales, habrían sido devueltos por la Comisión de Admisión del aludido Tribunal, al no cumplir con los requisitos formales; lo que, demostraba la intención de dilatar el trámite solicitado, postergando su resolución, generando con ello discriminación y contradicción entre trabajadores municipales, ante el cálculo diferenciado existente; pues, los trabajadores que anteriormente solicitaron su recalificación de años de antigüedad en previsión de lo establecido en el Decreto Municipal 17/2015 de 30 de septiembre, modificada por el Decreto Municipal 041/2019 de 9 de diciembre, se mantenía la escala porcentual de "2 a 4 años 8%, 5 a 7 años 17%, 8 a 10 años 25%, 11 a 14 años 34%, 15 a 19 años 43%, 20 a 24 años 51%, y 25 o más 60%..." (sic), y para los nuevos que iniciaron el trámite administrativo se aplicaba la escala porcentual en base a lo dispuesto en el DS 21060; razón por la cual, mediante Nota STMLP 055/2024 de 18 de marzo, se denunció la lesión de derechos laborales; sin embargo, no se recibió respuesta alguna.
En ese contexto, arguyeron que la norma incumplida por la autoridad hoy demandada son los arts. 5 (Escala porcentual), 8 (Revisión documentos); y, 9 (Resolución administrativa) del Reglamento Municipal para el Reconocimiento y Pago del Bono de Antigüedad aprobado mediante Decreto Municipal 17/2015, modificado por Decreto Municipal 041/2019, elevado a rango de Ley Municipal Autonómica 485, que establece que la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAM de La Paz, tiene el deber expreso, imperativo, especifico y concreto, al ser el encargado del cumplimiento del Reglamento Municipal de reconocimiento y pago de bono de antigüedad, ello en concordancia con lo dispuesto en el art. 3 de la citada resolución, cuya obligación no se encuentra sujeta a ninguna condición. Finalmente, señalaron que se cumplió con el criterio de supletoriedad; puesto que, mediante las notas CITE: STMLP 006/2024, "STMLP 055/2014" de 18 de marzo de 2024, y STMLP 056/2024 de 24 de marzo, se puso a conocimiento el incumplimiento de la normativa respecto al pago del bono de antigüedad, e incluso el Director de Gestión de RR.HH. mediante nota CITE: DGRH.SEM 83/2024 de 19 de enero, respondió estableciendo que existe una colisión de normas respecto a la escala de porcentaje del citado bono, entre la Ley Municipal Autonómica 485, y el DS 21060, estando a la resultas de la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta; lo que quiere decir, que no se allanó al petitorio de cumplimiento de la norma, estando expedita la vía de la acción de cumplimiento; asimismo, la pretensión constitucional se encontraría indirectamente vinculada con los derechos establecidos en los parágrafos I y II del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las cuales, se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, concordante con lo establecido por el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), que determina que los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo nula cualquier convención contraria; así también, el art. 2 del DS 4668 de 17 de febrero de 2022, que establece: "(Derecho Adquirido) 1. Es aquel creado bajo el mandato de una ley laboral y que ha sido incorporado al patrimonio de la trabajadora o del trabajador, no pudiendo ser arrebatado o vulnerado por el empleador. II. Se considera también derecho laboral adquirido, todo aquel beneficio creado, definido o reconocido mediante contratos individuales de trabajo, convenios o contratos colectivos de trabajo o laudos arbitrales, mientras establezca su vigencia y la forma convenida por las partes, suscritos en conformidad a la normativa vigente" (sic), entre otros derechos conexos.
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