Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0475/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 23813-2018-48-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 221 a 228, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por William Zapata García, Alicia Guardia Zapata y Fabián Orellana Martínez por sí y en representación legal de Sinforiano Torrico Alcoser, Primitivo Quinteros Marín, Mario Claros Orellana, Zacarias Zapata Hinojosa, Benito Guardia García, Bertha Torrico Carvallo, Richard Torrico Carballo, Trifón Guardia Claros, Fabián Orellana Martínez, Alicia Guardia Zapata, Nemecio Olivera, Ricardo Torrico Carballo, Segundo Torrico Alcocer, Sebastiana Maida Vda. De Rojas, Magaly García Siles, Leonardo Durán Quinteros, Selina Ureña Araoz, Rosa Araoz Cossio, Roxmery Ureña Araoz, Sebastiana Zapata Sejas, Martina Zapata Sejas, Raúl Guardia Zapata, Ronald Guardia Zapata, Lisvania Arnez Arispe, René Cirilo García Vásquez, Ana Dimelsa Ferrel Laime y Paulina Quinteros Orellana contra Cristóbal Quinteros Zurita, Control Social; José Rember Galindo García, dirigente de la comunidad de Curzani y Domingo García Parra, dirigente de la comunidad de Mala Cara Killi Killi de la localidad de Punata del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 113 a 119 vta. y ampliado mediante escrito presentado el 4 de junio de, cursante de fs. 253 a 258, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 7 y 13 de enero de 2018, los demandados al mando de más de cincuenta personas; entre ellos funcionarios, maquinarias y vehículos del Gobierno Autónomo Municipal incluso el Alcalde Municipal de Punata, invadieron su propiedad ubicada dentro de la Organización Territorial de Base (OTB) del Sindicato Agrario de Hiluri Bajo de dicho municipio, perturbando su pacífica posesión, a través de acciones violentas y sin su consentimiento, quemaron y destruyeron sus viviendas, que por años existían en el lugar, y eran destinadas a la guarda de productos agrícolas, herramientas y hospedaje; todo ello, con la finalidad de construir una cancha de futbol y colocar un letrero; empero, no existió ninguna notificación legal, expropiación ni orden judicial o fiscal que avale su actuar, situándolos en un estado de desprotección e indefensión, frente a los demandados por su condición de adultos mayores que se encuentran ante un inminente daño irreversible.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncianla lesión desus derechos a la propiedad privada y pacífica posesión, a la vida y dignidad, al debido proceso, a la defensa y los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad, citando al efecto los arts. 56 y 57 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)La restitución inmediata de su propiedad agrícola usurpada, avasallada e ilegítimamente despojada, debiendo contar al efecto con la intervención de la fuerza pública; así como, el inmediato abandono de sus ilegales ocupantes; y,
- b)El resarcimiento de daños, perjuicios físicos y materiales; sea con costas procesales y otros resarcimientos, por los grandes estragos que resulten en la ejecución de la acción de amparo constitucional.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 28 de marzo de 2018; según consta en acta cursante de fs. 218 a 220, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de interposición de la acción de amparo constitucional, y en audiencia amplió sus argumentos, señalando que la Ley de Reforma Agraria, otorgó títulos de propiedad a los abuelos de uno de los impetrantes de tutela, quienes ocuparon el inmueble.
Asimismo, en uso de su derecho a la réplica manifestaron que:
- 1)No se demanda al Gobierno Autónomo Municipal de Punata el derecho propietario o superposición, sino que se denuncian acciones de hecho, violencia, uso indebido de recursos en una propiedad privada; además, del uso y tráfico indebido de influencias; y,
- 2)Se vio gente extraña, que pretendía lotear acompañados de personeros del indicado ente municipal.
I.2.2. Informe de los demandados
Cristobal Quinteros Zurita, Domingo García Parra y José Rember Galindo García, a través de informe escrito, cursante de fs. 206 a 208 vta.; y, en audiencia, manifestaron que:
- i)La acción de amparo constitucional fue interpuesta en representación de una persona jurídica que es la OTB Sindicato Agrario Hiluri Bajo; por lo que, debió adjuntarse el acta de elección y posesión de la Directiva de dicha OTB; así como, la fotocopia legalizada de la nómina de afiliados, para no inducir en error y falsear la verdad, fundamentalmente la ubicación geográfica de donde se encuentra la referida OTB y donde se encuentran las presuntas propiedades de los solicitantes de tutela, que fueron objeto de medidas de hecho; puesto que, no es admisible efectuar una relación de hechos en una comunidad que está ubicada a un extremo del lado Norte Oeste del municipio de Punata, que nada tiene que ver con la presunta representatividad de una OTB, como es el Sindicato Agrario Hiluri Bajo y que los presuntos hechos suscitados estén en otra jurisdicción como es la comunidad de Mala Cara Killi Killi, que se encuentra al lado Norte Este; y,
- ii)Los hechos expuestos presuntamente constituyen un avasallamiento, para el cual existe un trámite especial como es el procedimiento establecido en la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, que contempla el procedimiento de avasallamiento y desalojo, que resulta ser rápido e inmediato, que no fue activado por los impetrantes de tutela, más aún si existe discusión del derecho propietario y sobreposición de predios, como así lo refiere la propia prueba adjuntada por los solicitantes de tutela, relativa al memorial de 31 de enero de 2018 presentado ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
1.2.3. Intervención del tercero interesado
José Antonio Gonzales Alvarado, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata del departamento de Cochabamba, por intermedio de sus representantes en audiencia y mediante informe escrito cursante de fs. 215 a 217 manifestó que:
- a)De acuerdo a la revisión de las fotografías cursantes en el expediente procesal, se evidencia que solo existe una choza de piedra precaria, que bajo ningún concepto podría adecuarse para fines de hospedaje y/o guarda de productos agrícolas; asimismo, cabe destacar que las fotografías reflejan una sola construcción y no así la vivienda de los afectados; consiguientemente, los hechos relatados no reflejan la verdad histórica de lo suscitado;
- b)Las fotografías en las que aparece no corresponden a la fecha en la que se habrían suscitado los sucesos de avasallamiento; puesto que estas son de las reuniones que se llevaron a cabo con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, para dilucidar aspectos relativos a límites; por lo que la prueba adjuntada por los solicitantes de tutela fue exhibida de manera malintencionada;
- c)Las partidas literales de posesión y declaratoria de herederos de los supuestos afectados y otros, que acreditarían la legitimidad de los accionantes para interponer la acción de amparo constitucional, consignan como ubicación las zonas de Huasa Hurbi, Tunas Falda e Hiluri Chico; las cuales, no tiene relación alguna con el lugar donde supuestamente se habría cometido la vulneración de derechos;
- d)Fabián Orellana Martínez, como accionante y apoderado, no tiene poder bastante y suficiente para incoar la acción de amparo constitucional; toda vez que, en el contenido del poder enunciado se otorga tuición para el inicio de las acciones correspondientes en el ámbito penal no constitucional;
- e)Los solicitantes de tutela deberían iniciar otro tipo de proceso ante la autoridad llamada por ley;
- f)Los hechos relatados por los accionantes no coinciden con la realidad, ya que entre la comunidad de Hiluri Bajo -donde estuvieran las propiedades avasalladas- y el área de conflicto donde se suscitó el hecho que es Mala Cara Killi Killi, existe una comunidad que es Chakeri, por consiguiente no podría entenderse que la comunidad de Hiluri Bajo,se encuentra sobrepuesta a ésta; por lo que, los peticionantes de tutela, realizan una relación de hechos haciendo parecer que Hiluri Bajo y el área de conflicto, colindan de manera estrecha; y,
- g)Escalera Pampa no es de la jurisdicción de Punata, ya que pertenece al municipio de Tiraque.
1.2.3. Resolución
El Juez Público Mixto y de Sentencia Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 221 a 228 denegó la tutela solicitada; debido a que no se cumplió con lo prescrito en el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no haberse accionado previamente otro medio o recurso legal de protección, dado que en esta acción de defensa no se demostró la inminente producción de un daño irremediable e irreparable; siendo que, a los peticionantes de tutela les correspondía acudir a la vía penal o la justicia agroambiental y observar la aplicación de la Ley especial contra el avasallamiento de propiedades para precautelar sus derechos, cuya vulneración no se demostró. Sin embargo, se mantuvo la medida cautelar de no innovar, que deben cumplir los demandados.
I.3 Trámite procesal en Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante decreto constitucional de 6 de noviembre de 2018 cursante a fs. 267, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a efectos de recabar información complementaria; por decreto constitucional de 2 de julio de 2019 cursante a fs. 326, se reanudó el cómputo del plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se pronuncia dentro del término legal.
II. CONCLUSIONES
De la revisióny compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. Se tiene Disco Versátil Digital (DVD) en el que se mostró una propiedad agrícola en la ladera del Rio Jarka Mayu, con plantaciones de maíz, durazno y la construcción de una vivienda que no se encuentra destruida; así como, muestrario fotográfico en el que observó varias personas, algunos identificados como funcionarios y el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata del departamento de Cochabamba; además, de tractores trabajando y personas conversando con funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el aparente lugar de conflicto; observándose, luego viviendas destruidas (fs. 2 a 22; y 156 a 162).
II.2. Cursa Certificado de Personalidad Jurídica de la "OTB Sindicato Agrario Hiluri Bajo" otorgado el 17 de abril de 2002, por el entonces Prefecto, Subprefecto y Secretario General de la Prefectura del departamento de Cochabamba -ahora Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba- (fs. 29).
II.3. Certificación emitida por el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) de la Partida Literal 19 del Libro de Propiedad Agraria del acta de posesión real que data de 18 de septiembre de 1963, que señala que se hizo entrega de pegujales y títulos a los campesinos de Huasa Hurbi Celestina Quinteros, Erasmo Arauz, Sinforiano Torrico y Cornelio Zapata del Formulario de DD.RR. (fs. 31, 54 y 65).
II.4. Testimonio emitido por el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Tiraque del departamento de Cochabamba del Auto de Declaratoria de Herederos forzosos ab intestato a la sucesión de los de cujus Cornelio Zapata Hinojosa y Marcelina García, de sus hijos William Zapata García -ahora accionante- y otros (fs. 33 a 37 vta.).
II.5. Se tiene planos georeferenciados de la comunidad Escalera Pampa (fs. 30); así como, planos georeferenciados en el que se identifica la propiedad de Eusebio Torrico Carballo, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Julián Orellana Sánchez, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Paulina Quinteros Orellana, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Sinforiano Torrico Alcocer, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Ricardo Torrico Carballo, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Zacarías Zapata Hinojosa, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Marlene Zapata García, ubicado en el Rio Jatun Mayu de 10 de junio de 2016; Segundo Torrico Alcocer; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Martina Zapata Sejas, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Sebastiana Zapata Sejas; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Sebastiana Maida Vda. de Rojas; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 enero de 2018; Bertha Torrico Carballo; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Magali García Siles, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Nemecio Olivera, ubicado en la Comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Richard Torrico Carballo en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Roxmery Ureña Araoz, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Ronald Guardia Zapata, ubicado en la Comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Ronald Guardia Zapata, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Leonardo Durán Quinteros; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Agustín Guardia Hinojosa, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Jhonny Juan Ferrel García; ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; León Velarde Rodríguez, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Alicia Guardia Zapata, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; Trifón Guardia Claros, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018; Benito Guardia García, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 13 de diciembre de 2016; y, Ana Dimelsa Ferrel Laime, ubicado en la comunidad Escalera Pampa de 17 de enero de 2018 (fs. 39; 44 a 46; 49 a 52; 57 a 58; 60 a 61; 66 a 67; 68 a 69; 71, 73 a 74; 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 104 a 105; y, 107).
II.6. Cursa Acta de Comité de Saneamiento de 24 de septiembre de 2017 suscrita por el Secretario General del Sindicato Hiluri Bajo, en el que luego de elegir a su Directiva, se recomienda realizar petición a INRA de los departamentos de Cochabamba y de La Paz, si hay problemas de terrenos; oposición, después exclusión y recién saneamiento individual y colectivo sobre los terrenos emplazados en Escalera Pampa de una superficie de más 132 ha según el plano georeferenciado y para más de los treinta y dos beneficiarios, otros originarios y otros herederos, hasta la titulación (fs. 26).
II.7. El 31 de enero de 2018, Ricardo Torrico Carballo, Alicia Guardia Zapata y Fabián Orellana Martínez, presentaron memorial ante el Director del INRA del departamento de La Paz a objeto de formular oposición al proceso de saneamiento impetrado por el Sindicato Agrario de Mala Cara Killi Killi, signado con el EXP-SAN-SIM 401 y el Polígono 112, ubicado en la provincia Punata del departamento de Cochabamba, a fin de que compulsada con la documentación acompañada, con los actuados que cursan en el proceso de saneamiento del citado expediente y predio, disponga la exclusión de sus terrenos y el armado de una nueva carpeta para una parte de los terrenos del Sindicato Agrario Hiluri Bajo, zona Escalera Pampa, propiedades posesorias de los poder dantes como de estos (fs. 139 a 141).
II.8. Por la naturaleza del problema jurídico planteado, y a fin de contar con mayores elementos de convicción y emitir una Resolución imparcial, se solicitó a la Secretaría Técnica y de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, la realización de un Informe Técnico Especializado denominado "ESTUDIO DEL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE LAS COMUNIDADES HILURI BAJO Y MALA CARA KILLI-KILLI PROVINCIA PUNATA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA" (sic) (fs. 283 a 315). En mérito a esta documentación, desde una óptica propia de antropología jurídica, se concluye en los siguientes aspectos relevantes para la resolución de la presente acción de amparo constitucional:
II.8.1. En cuanto a la ubicación geográfica
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