0477/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 22974-2018-46-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 01/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 98 a 102, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nicolás Quispe Flores contra José Romero Soliz y Gregorio Orosco Itamari, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de enero y 2 de febrero de 2018, cursantes de fs. 18 a 25; y, 46 a 48, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de Josefina Apaza Cayetano (persona con discapacidad), por la presunta comisión del delito de violación en grado de autor; el Juez Público Mixto, Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Poopó del departamento de Oruro, a través de Auto Motivado 31/2017 de 30 de octubre, le impuso detención preventiva; por lo que, el 31 de ese mes y año, interpuso apelación incidental contra dicho Auto, cuestionando los riesgos procesales de peligro de fuga y peligro de obstaculización, contenidos en los arts. 234.4 y 10; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Aseveró que la citada apelación, respecto al peligro de fuga contenido en el art. 234.4 del CPP, señaló que el hecho que no se hubiera presentado a prestar su declaración informativa, no significa que no se sometería a disposición de la autoridad jurisdiccional ni al proceso; por lo que, esa apreciación del Juez cautelar era subjetiva, más aún si se presentaron memoriales que demostraron el motivo porque no asistió a dicha audiencia. De otro lado, respecto al art. 234.10 del referido Código, en la apelación incidental consignó que no se advertía en los argumentos del Juez cautelar por qué su conducta se constituía en peligro para la víctima más allá del informe psicológico (realizado a la víctima), ni fundamentó respecto a la reincidencia; por cuanto, el Juez cautelar únicamente se basó en una certificación emitida por el Recinto Penitenciario San Pedro de Oruro, cuando lo que correspondía era sustentarse en un certificado de antecedentes penales que demuestre que en una anterior oportunidad fue juzgado y condenado a través de sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación, conforme lo dispuesto en el art. 41 del Código Penal (CP). Finalmente, respecto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, impugnó que el Juez cautelar no fundamentó debidamente su resolución, exigiéndole únicamente que presente prueba.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la fundamentación o motivación, a la defensa, al debido proceso y a la impugnación, contenidos en los arts. 115, 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 inc. h); y, 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 18 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se declare la nulidad del Auto de Vista 126/2017, disponiendo se dicte una nueva resolución que responda a los agravios denunciados en la apelación incidental formulada contra el Auto Motivado 31/2017 que le impuso detención preventiva, valorando los medios de prueba aportados por su parte.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 1 de marzo de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 97 vta., se produjeron los siguientes actuados: