0477/2021-S2

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva por un lapso de cuatro meses y se fijó audiencia de cesación de dicha medida para el 10 de agosto de 2020. Transcurrido ese plazo, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del departamento de Cochabamba -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del mismo departamento-, desarrolló la citada audiencia y emitió el Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazando la solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva -impetrada por el Ministerio Público-, pero manteniéndola -ya que no habrían desaparecido los riesgos procesales-, aspecto último que resultó incongruente por cuanto reató el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 2 del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP)1 al numeral 1 del mismo precepto2. Razón por la cual interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada- mediante Auto de Vista 182/2020 de 27 de agosto; sin embargo, dicha determinación incurrió en vulneraciones por cuanto:

1. a)Lesionó el "principio de congruencia al resolver aspectos más allá de lo apelado; es decir que, resolvió cuestiones que no se plantearon como agravios, además de ser una Resolución ultrapetita y aplicador de una reforma en perjuicio;
2. b)Se vulneró los arts. 395 y 400 del CPP, puesto que se estableció lineamientos para que la Jueza de la causa resuelva la ampliación de la detención preventiva; y,
3. c)Se anuló el Auto Interlocutorio de 10 de agosto de 2020, cuando los Tribunales de alzada únicamente pueden revocar o ratificar, incumpliendo de esta forma el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).