0478/2021-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0478/2021-S2 Sucre, 27 de agosto de 2021

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 35694-2020-72-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 44/2020 de 8 de septiembre, cursante de fs. 29 vta. a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Pérez Aliaga en representación sin mandato de Adrián Julio Mostacedo contra Juan Pablo Olmos Tapia y David Gonzáles Alpire, Jueces; y, María Tatiana Justiniano Aguilera, Secretaria, todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2020, cursante a fs. 1; y, 14 a 15 vta., el accionante mediante su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, dentro del cual, una vez que llegó a un acuerdo con la víctima para beneficiarse con la salida alternativa de procedimiento abreviado, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, dictó la Sentencia 18/2017 de 9 de febrero, imponiéndole una pena de presidio de seis años y ocho meses; fallo que fue notificado a la parte acusadora, excepto a la parte denunciante.

Toda vez que tomó conocimiento que las autoridades competentes no remitieron la Sentencia ante el Juez de Ejecución Penal de turno, mediante memorial de 12 de julio de 2019, solicitó el cumplimiento de lo previsto en el art. 431 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, se ordenó lo impetrado mediante providencia de 15 del mismo mes y año.

Denunció que de manera caprichosa la Secretaria del referido Tribunal, se rehusó a remitir los antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal, bajo el argumento que la víctima no había sido notificada con la Sentencia emitida. En ese entendido, y tomando en cuenta que ya se encontraba privado de libertad tres años y diez meses, el 25 de septiembre de 2019, planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso debido a la mora procesal, sobre la cual se ordenó su diligenciamiento.

Manifestó que en el expediente judicial no existía un croquis del domicilio real de la víctima ni un memorial de apersonamiento de su parte, y que en el caso, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia actuó de oficio en representación de la menor agraviada; alegó también, que presentó prueba para demostrar que el denunciante abandonó el proceso.

Posteriormente y de casualidad, pudo ubicar al denunciante Pablo Méndez Herbas, quien al ser informado sobre la situación se apersonó ante el referido Tribunal y se notificó personalmente con la Sentencia emitida y la excepción formulada, sin hacer ningún tipo de objeción. Alegó que hasta el momento en que se interpuso la presente demanda tutelar, su excepción de extinción de la acción penal no fue resuelta, y además existió dilación en el proceso, debido a que la Secretaria del citado Tribunal se rehusó de forma indebida a ejecutoriar la Sentencia 18/2017 y remitir los antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal, lo cual le impidió acceder a los beneficios de redención y libertad condicional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad física, a la tutela judicial efectiva y a la conclusión del proceso en un plazo razonable; citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23.I, 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio