Volver a sentencias
TCP

0478/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0478/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0478/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento

Expediente: 78715-2025-158-ACU Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 276/2025 de 22 de octubre, cursante de fs. 644 a 649 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Lino Mamani Quispe, Israel Ángel Alanoca Chávez, Samanta Coronado Ramírez, Aida Quispe Calle, María Isabel Limachi Paredes y Fernando Condori Chambi, Asambleístas de la Asamblea Legislativa Departamental contra Santos Quispe Quispe, Gobernador, todos del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2025, cursante de fs. 235 a 248, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En ejercicio de su atribución constitucional de fiscalización, durante más de cuatro años presentaron numerosas Peticiones de Informe Escrito (PIE) a distintas instancias del Órgano Ejecutivo Departamental, sin que se les hubiese negado su tramitación o su remisión.

Sin embargo, a partir de los meses de julio y agosto de 2025, el Gobernador del GAD de La Paz -ahora demandado-, comenzó a devolver las PIE, negándose reiteradamente a remitirlos a las autoridades requeridas para su atención y respuesta, cuestionando su competencia para solicitar información sobre determinadas temáticas por no pertenecer a las comisiones legislativas correspondientes. Esta situación se presentó en casos concretos como:

  1. a)La muerte de un adolescente en un centro de acogida del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES);
  2. b)El presunto consumo de bebidas alcohólicas por servidores públicos en oficinas de la Gobernación;
  3. c)Las funciones desempeñadas por subgobernadores en el departamento; y,
  4. d)Los cambios de directores en la Dirección de Personalidades Jurídicas.

Ante tal escenario, reclamaron formalmente a la autoridad demandada, solicitando el cumplimiento de su deber de remitir las peticiones; sin embargo, nuevamente recibieron respuestas negativas, indicando que las solicitudes debían ser previamente analizadas por la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, y derivadas a la comisión correspondiente, sin que tal exigencia se encuentre prevista en la normativa aplicable; en tal sentido, la conducta asumida por la autoridad demandada constituye una obstrucción a su función fiscalizadora, así como una actuación renuente al cumplimiento de sus obligaciones legales.

La Ley de Fiscalización y Transparencia de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz -Ley Departamental 177 de 28 de febrero de 2019-, reconoce la facultad de cualquier asambleísta de requerir información de manera individual o colectiva, sin condicionarla a la pertenencia a una comisión específica; por lo que, la exigencia impuesta vulnera dicha normativa, además de los principios de transparencia y acceso a la información, máxime si la figura de "devolución de peticiones de informe escrito", no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico, constituyendo una omisión indebida de sus deberes.

Finalmente, la autoridad demandada incurrió en usurpación de funciones al pronunciarse sobre solicitudes dirigidas a otras autoridades.

I.1.2. Normas legales supuestamente incumplidas

Denuncian el incumplimiento de los arts. 5.2.6 y 10, 6.1, 7, 9.II.3, 15, 17, 18 y 21 de la Ley Departamental 177 de 28 de febrero de 2019; y, 2 inc. m), 17 inc. f) y 30.I inc. g) del Decreto Departamental 166 de 12 de marzo de 2024.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene que la autoridad demandada cumpla de manera inmediata con la remisión de las PIE a las autoridades departamentales correspondientes, conforme lo previsto en la Ley Departamental 177; y, que dichas respuestas sean entregadas a los asambleístas peticionarios de forma clara, completa veraz y oportuna.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 22 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 638 a 643, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron íntegramente los términos expuestos en el memorial de acción de cumplimiento y ampliándola, expresaron que:

  1. 1)La devolución de las PIE, en aplicación indebida del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz pese a que la Ley Departamental 177 como norma especial es de aplicación preferente, constituye una obstaculización a su función fiscalizadora; y,
  2. 2)En cuatro años de gestión las peticiones de informe escrito no fueron rechazadas, resultando incoherente que a estas alturas las mismas sean rechazadas, máxime cuando una de ellas ya fue respondida en una anterior oportunidad.
I.2.2. Informe de la parte demandada

Santos Quispe Quispe, Gobernador del GAD de La Paz, a través de su abogado, en audiencia de garantías, manifestó que:

  1. i)La Ley Departamental 177 tiene por objeto regular los instrumentos, procedimientos y mecanismos para el ejercicio de la facultad fiscalizadora; en cuyo marco establece que, las PIE deben ser presentadas a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental, instancia que debe remitirlas a la autoridad requerida;
  2. ii)En caso de incumplimiento o falta de respuesta, la propia normativa prevé mecanismos específicos, como la solicitud de conversión de PIE a Petición de Informe Oral (PIO), lo que evidencia la existencia de un procedimiento interno idóneo, los cuales no fueron agotados por la parte accionante;
  3. iii)El art. 115 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de 2010, establece que las comisiones permanentes, son instancias competentes para el tratamiento de asuntos de fiscalización, en función de criterios de especialidad y competencia; por lo que, las solicitudes de información deben canalizarse a través de estas, no siendo procedente su presentación directa por comisiones de materias ajenas al ámbito de su competencia;
  4. iv)Su actuación se enmarcó en el principio de legalidad, evitando que los asambleístas incurran en actos fuera de sus competencias, los cuales serían susceptibles de nulidad conforme lo previsto en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); y,
  5. v)Los accionantes carecen de legitimación activa, al no evidenciarse una afectación directa en los términos exigidos por la Norma Suprema y el art. 65 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Mostrando 24 de 116 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional10 de abril de 20260478/2026-S3Fuente oficial