Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2019-S2 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 23494-2018-47-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 04/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 1442 a 1446, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agustina Torres Chávez contra Deysi Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola, ex Magistrados; y, Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, actuales Magistrados, todos del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y el 13 de marzo de 2018, cursantes de fs. 1324 a 1333 y 1336 a 1337, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso agrario de reivindicación seguido en su contra por Esteban Othmar Bertsch Velásquez y otros, la Jueza Agroambiental de Tarija, mediante Sentencia 02/2013 de 28 de febrero, declaró probada la demanda. Habiendo interpuesto recurso de casación, dicho fallo fue casado por Auto Nacional Agroambiental S2a 29/2013 de 23 de mayo, declarando improbada la demanda. Sin embargo, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por los demandantes -se entiende dentro del referido proceso-, por Auto de Amparo Constitucional SCCFI-504/2013 de 16 de octubre, pronunciada por el Tribunal de garantías y confirmada por la , la mencionada Resolución casacional fue dejada sin efecto.
Posteriormente, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por Auto Nacional Agroambiental S2a 13/2014 de 17 de febrero, anuló obrados hasta "fs. 362" inclusive, ordenando se dicte nueva sentencia. En cumplimiento de dicho fallo, la Jueza Agroambiental de Entre Ríos del departamento de Tarija, mediante Sentencia 1/2014 de 7 de octubre, declaró probada la demanda de reivindicación; empero, habiendo interpuesto recurso de casación contra dicha Sentencia, la misma fue resuelta por Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015 de 3 de febrero; anulando obrados hasta el estado que la Jueza de primera instancia, señale día y hora para reinstalar audiencia para la fijación del objeto de prueba. Sin embargo, dentro de la acción de amparo constitucional que se interpuso contra el mencionado Auto, el Tribunal de garantías, por Resolución 178/15 de 16 de junio de 2015, dejó sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015, ordenando que las autoridades demandadas emitan nueva resolución, pronunciándose sobre el fondo; en cumplimiento de dicha resolución, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental por Auto Nacional Agroambiental S2a 048/2015 de 12 de agosto, declaró infundado el recurso de casación en el fondo; empero, mediante la , se revocó la Resolución 178/15 del Tribunal de garantías, en razón a que la denuncia del incumplimiento a la resolución emitida por éste, debía ser formulada ante ese mismo Tribunal .
Contra el Auto Nacional Agroambiental S2a 048/2015, interpuso acción de amparo constitucional, dentro de la cual, el Tribunal de garantías por Resolución SCI-001/2016 de 7 de febrero, dejó sin efecto el Auto impugnado, en cuyo cumplimiento se emitió el Auto Nacional Agroambiental S2a 013/2016 de 10 de febrero, que declaró infundado el recurso; empero, la Resolución SCI-001/2016 dictada por el Tribunal de garantías fue revocada por . Ante esta eventualidad, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental por Auto Interlocutorio Definitivo S2a 029/2016 de 14 de marzo, dejó sin efecto todo lo tramitado a partir de la emisión de la Resolución 178/15.
En consecuencia, quedó vigente el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015, en cuyo mérito el proceso fue reenviado ante el Juzgado Agroambiental de Tarija, instancia que recondujo el proceso a partir de la audiencia principal para finalmente declarar improbada la demanda de reivindicación, con costas. Habiendo sido recurrida de casación en la forma, se emitió el Auto Nacional Agroambiental S2a 041/2017 de 23 de junio, el cual de principio, resolviendo un recurso de reposición interpuesto por el tercero interesado Esteban Othmar Berts dentro del incidente que impetró el cumplimiento del Auto de Amparo Constitucional SCCFI-504/2013, y la declaró no ha lugar a lo solicitado, y resolviendo el recurso de casación, anuló obrados hasta "fs. 824" inclusive. Esta anulación guarda coherencia con el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015 y el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 029/2016, cumpliendo el mandato del citado Auto de Amparo Constitucional y de la .
Lo resuelto en el Auto Nacional Agroambiental S2a 041/2017, tiene calidad de cosa juzgada e implica pérdida de competencia; no obstante ello, el 19 de julio de 2017 la parte demandante presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Nacional Agroambiental, solicitud de nulidad de obrados, pidiendo se dicte nuevo auto nacional agroambiental, enmarcado en la resolución del Tribunal de garantías SCCFI-504/2013 confirmada por la y supuestamente, por la , acompañando una fotocopia simple de la providencia de 17 de junio de 2016 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, disponiendo: "Devuélvase al Juzgado de origen a efecto de que se obre conforme a derecho, remítase obrados al Ministerio Público" y la providencia de 3 de julio de 2017, emitida por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que determinó el cúmplase y ordenó la provisión de recaudos para la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
En respuesta, Deysi Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola, ex Magistrados demandados, mediante Auto Interlocutorio 126/17 de 21 de julio de 2017, dejaron sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015 de 3 de febrero y todo lo tramitado hasta "fs. 587", ordenando se emita nuevo auto nacional agroambiental, para cuyo efecto dispusieron que la Jueza Agroambiental de Entre Ríos del departamento de Tarija, remita el expediente y ordenaron que mediante comisión instruida, dirigida a la citada Jueza, la notifiquen en el domicilio señalado en la demanda.
En la tramitación y posterior emisión de la mencionada resolución, los ex Magistrados demandados, incurrieron en las siguientes irregularidades:
- a)Se tramitó el incidente emitiéndose el Auto Interlocutorio 126/17, sin contar con el expediente y sin su previa notificación, dejándola en completa indefensión y vulnerando su derecho a la defensa, ya que estando el expediente en Entre Ríos, la Jueza y el Oficial de Diligencias del Juzgado de Tarija, no tenían posibilidad de conocer su domicilio;
- b)El Auto Nacional Agroambiental S2a 041/2017, ya se pronunció sobre un incidente similar, declarando no ha lugar el mismo por falta de prueba, en ese sentido, existiendo cosa juzgada ya no era posible renovar dicho incidente, y al haberlo hecho se lesionaron los arts. 228.I, 398 concordantes con los arts. 397.I y 399.I del Código Procesal Civil (CPC) y se conculcó el debido proceso;
- c)La Resolución impugnada incurrió en una indebida fundamentación y valoración de la prueba, ya que:
- c.1)Se sustenta en el supuesto cumplimiento del Auto de amparo constitucional SCCFI-504/2013 y la SCP "650/2014", no obstante que dichas resoluciones constitucionales ya fueron cumplidas por el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015; y,
- c.2)Valoró una supuesta providencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de 17 de junio de 2016, que fue adjuntada en fotocopia simple sin valor legal y el decreto emitido por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; no obstante que dichas providencias no tienen ninguna incidencia sobre la validez del mencionado Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015; puesto que, la primera de las providencias mencionadas solo ordena la devolución al juzgado de origen y la remisión de obrados al Ministerio Público; y la segunda, instruye el cumplimiento de dicha providencia, para cuyo efecto dispone que los apoderados de los accionantes provean los recaudos de ley; y,
- d)Actuó sin competencia al dejar sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S2a 06/2015 y anular obrados hasta "fs. 587" que implica la anulación del Auto Nacional Agroambiental S2a 29/2013 y el Auto Nacional Agroambiental S2a 041/2017.
Actuando con una celeridad inusitada y luego de rechazar el recurso de reposición que interpuso contra la providencia de 21 de julio de 2017 y ordenar el sorteo del expediente, el 7 de septiembre del mismo año, las autoridades judiciales demandadas, emitieron el Auto Nacional Agroambiental S2a 67/2017 de 18 de septiembre declarando infundado el recurso de casación que interpuso contra la Sentencia 01/2014. El mencionado Auto Nacional Agroambiental, al margen de su nulidad de origen, incurre en las siguientes vulneraciones:
- i)Valora prueba inexistente; siendo que al haberse anulado obrados por Auto Interlocutorio 126/17, no solo se anularon las resoluciones, memoriales que existían sino también la prueba; y,
- ii)Se admitió y valoró prueba que no fue presentada con la demanda ni producido en audiencia, ni incorporada al proceso conforme al procedimiento regulado para los documentos posteriores o desconocidos como es el caso de los relativos a un proceso de nulidad de escritura de compraventa seguido por Hilarión Soliz Torres contra Hernán Vela Fernández y otro proceso de nulidad de compra venta instaurado por su persona contra Hilarión Soliz Torrez, que fueron utilizados para acreditar el derecho propietario de los demandantes, y la Sentencia Agroambiental S1 1/2015 que anuló el proceso de saneamiento ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre su predio y que le reconocía como poseedor legal, no obstante que dicho fallo es de fecha posterior a la Sentencia recurrida y que no fue presentada siguiendo el procedimiento previsto en los arts. 79 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA); y, 112 del CPC.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de juez natural competente, inmutabilidad e irrevocabilidad de la cosa juzgada, igualdad efectiva de las partes, aplicación objetiva de la ley, valoración integral de la prueba y tutela judicial efectiva; y, el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 117.I y II, 119.I y II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2.3 inc. a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
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