0481/2020-S1

Ante el rechazo de la complementación mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2018 se formalizó el recurso de apelación contra la Sentencia Inicial 06/2018 y el Auto complementario de 23 de enero de 2018, argumentando los siguientes agravios:

1. a)La Sentencia inicial y su Auto complementario son lesivos a los intereses del Estado, este agravio fue fundamentado citando los arts. 907 y 973 del Código de Comercio (CCom), conjuntamente, la cláusula tercera del contrato de préstamo de dinero en el que se establece los intereses penales y moratorios;
2. b)Las referidas resoluciones, no reconocen el daño causado al ente emisor por la retardación o demora en el cumplimiento de la obligación pecuniaria, para este agravio se puso énfasis en la confusión conceptual de los intereses exigidos por parte del ente emisor con las costas y costos considerados por el Juez a quo; y,
3. c)Asimismo, dichos fallos son carentes de fundamentación y motivación en cuanto a la exclusión de los intereses solicitados. Para este agravio, se argumentó que no se cumplió con lo previsto por el art. 210.2 del Código Procesal Civil (CPC) porque no se expuso los fundamentos jurídicos la resolución, además que no se garantiza el derecho a la motivación de los fallos.

La parte impetrante de tutela ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, ampliando y respondiendo al informe de las autoridades demandadas manifestó que:

1. 1)Sobre el primer acápite del informe presentado por dichas autoridades relativo a los terceros interesados ya fue objeto de resolución; y, en cuanto al segundo acápite, referido al reclamo de que en el presente caso existiría actos consentidos por parte del "BNB S.A." por no haber solicitado aclaración complementación y enmienda sobre los arts. 903 y 973 del CCom; al respecto, al ser dicho punto un agravio y ser parte de la fundamentación, no puede suplirse con dicha solicitud, ya que conforme al art. 226 del CPC la misma es para subsanar corregir errores, aclarar conceptos obscuros, mas no para una modificación substancial y suplir la ausencia de fundamentación del fallo impugnado, al efecto invocó el AS "72/2015" y la SCP 281/2013 de 13 de marzo²;
2. 2)Asimismo conforme al art. 110.4 del CPC se indica como requisito para formalizar la demanda señalar domicilio de los demandados, y al solicitar la tuición de la demanda ejecutiva se pide la citación de los ejecutados; en ese sentido el art. 328 del citado Código pide solo una citación, es decir, que debe entender que es congénito con la demanda lo cual de ninguna manera es un acto de consentimiento del Auto de Vista, por otro lado la petición de fotocopias legalizadas es justamente para planear la acción de amparo constitucional, por lo que los dos memoriales no puede ser razón para llegar a constituir actos consentidos, aclarado que respecto a este reclamo no se aportó ningún elemento de juicio;
3. 3)En cuanto al reclamo de que se estaría confundiendo la jurisdicción constitucional como una instancia de casación; al respecto, cabe el contenido de la demanda hace conocer los defectos de forma y de fondo del Auto de Vista impugnado en cuanto a la falta de congruencia, fundamentación y motivación, lo cual puede ser visto por la Sala Constitucional, asimismo se alega que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede valorar o revisar las pruebas, por no tener competencia, de igual forma corresponde señalar que al no haber sido valorados en el Auto de Vista tal el caso del contrato de préstamo de dinero y la liquidación, en la cual ya estaban calificados los interés penales y moratorios, al respecto cabe señalar que el Tribunal de garantías de manera excepcional procede a valorar la prueba;
4. 4)Las autoridades demandadas afirmaron que el Auto de Vista está debidamente fundamentado y motivado, no obstante que en dicho fallo luego de realizar una trascripción señalan que en el caso en cuestión el Juez a quo procedió de acuerdo al art. 380.I del CPC, y en el Considerando II de la Resolución impugnada se confunde los intereses penales y moratorios con los daños perjuicios, los cuales son muy distintos surgiendo la pregunta ¿Cuál sería la diferencia entre los intereses corrientes y los penales? Sobre el cual no se tiene explicación; y,
5. 5)Como quinto elemento las autoridades demandadas alegaron que la acción tutelar debe denegarse porque la misma no tutela valores y principios, lo cual es un tema que no merece mayor consideración porque los elementos del debido proceso son la congruencia, motivación, fundamentación verdad material y otros por lo que el argumento de las autoridades demandadas no responde a la verdad objetiva cuyos argumentos son fácilmente desvirtuarles, además no prestaron su informe respecto a la lesión del derecho a la defensa por la misión de la valoración de la prueba.

Rocío Celia Manuel Choque y Reynaldo Freddy Sangueza Ortuño; Presidenta y Vocal respectivamente de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 30 de septiembre de 2019, cursante de fs. 324 al 330 vta., manifestaron que:

1. i)Como primer argumento para denegar la acción de amparo constitucional sin entrar al fondo de la cuestión, es por la falta de identificación del tercero interesado y su respectiva notificación, que en este caso se constituyen como tal el ejecutado en el proceso ejecutivo Ángel Daza Michel y otros, de manera que la decisión que se tome influirá indirectamente en la situación del nombrado sin que previamente conozca de esta acción tutelar, lo cual vulneraria sus derechos a la defensa y a ser oído, que son protegidos por los arts. 117.I y 119.II de la CPE; asimismo, debemos dejar establecido que los arts. 31 y 35.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevén la comparecencia de terceros interesados, por lo que correspondía que el accionante identifique al tercero interesado y que se disponga su notificación, siendo que existe probabilidad que la decisión que se emita pueda afectar sus intereses, lo contrario constituiría la lesión de derechos -al efecto se invoca la SC 1351/2003-R de 16 de septiembre-; consecuentemente, al estar demostrado que la omisión de identificar al tercero interesado y su notificación es atentatoria contra sus derechos, es imperativo que el Tribunal de garantías, falle teniendo una comprensión certera sobre el tema, escuchando a todas las partes que tengan interés en la problemática;
2. ii)Como segundo motivo para denegar la presente acción tutelar, es que hubo actos consentidos por la parte peticionante de tutela con el contenido del Auto de Vista 22/2019, hecho que hizo operar la preclusión del derecho de reclamo contra dicha resolución, por cuanto al margen de no haber interpuesto la solicitud de aclaración, complementación y enmienda realizó actos consentidos, respecto al reclamo relativo a los arts. 907 y 973 del CCom y los intereses moratorios, penales como daños y perjuicios, pero bueno, esa omisión no es tan trascendental, lo cierto y evidente es que una vez devuelto el legajo testimonial al juzgado de origen, la parte impetrante de tutela siguió tramitando el proceso sin demostrar agravio alguno con el Auto de Vista, como constan los memoriales de solicitud al Juez a quo, la notificación de la parte ejecutada mediante edictos y la petición de fotocopias legalizadas concretas, cuando podía pedir copias de todo el legajo, de manera que lo cierto es que la entidad recurrente dio tácitamente su pleno consentimiento y conformidad con el contenido del fallo impugnado con esos actuados desplegados, en consecuencia a posteriori ya no podía aducir que dicha Resolución tuviera irregularidades de forma y de fondo, por lo que no era, ni es posible pedir que se anule y se deje sin efecto el Auto de Vista; al respecto no está demás también recordar que el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que nos da una pauta clara que para anular una resolución deben coexistir tanto la indefensión y al mismo tiempo el reclamo oportuno, caso contrario no corresponde anular actuado alguno; por lo que, los "magistrados" deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente (que no lo hubo en el presente caso) y que viole su derecho a la defensa (en este caso la entidad bancaria jamás estuvo en indefensión); al efecto invocó la SC 0906/2010-R de 10 de agosto;
3. iii)Como tercer argumento para denegar la acción de amparo constitucional, es que la parte accionante confunde la competencia del Tribunal de garantías con un Tribunal de casación, puesto que en el contenido de la acción tutelar se hace conocer presuntos defectos de forma y de fondo contra el Auto de Vista 22/2019 (equiparable a un recurso de casación en el fondo y la forma ante el Tribunal Supremo de Justicia), así como la falta de congruencia entre los agravios y lo resuelto en el citado fallo y la falta de pronunciamiento sobre normas del Código de Comercio, etc., cuando la Sala Constitucional solo tiene competencia para resguardar, preservar y restablecer derechos y garantías, no así para revisar Autos de Vista, mucho menos para valorar pruebas que ya han sido valoradas en la instancia ordinaria a través del proceso ejecutivo, si bien excepcionalmente pudiera valorar las pruebas según la teoría constitucional, empero, esa valoración la pudieran realizar en casos extremos y excepcionales como en el caso de que el Juez o Tribunal no hubiera valorado una prueba o lo hubiere hecho de forma irregular o arbitraria, cosa que en el caso en cuestión no acontece, además conforme a la SCP 0903/2012 de 22 de agosto y la 0SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: iii.a) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, iii.b) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir, en el primer supuesto, cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. Asimismo, es imprescindible también que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente dicha valoración cuestionada de razonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final;
4. iv)Como cuarto argumento para denegar la presente acción tutelar es que el Auto de Vista contiene una debida fundamentación, motivación y congruencia entre lo resuelto, entre los considerandos y la parte dispositiva; por cuanto toda resolución debe contener tres partes, la obiter dictus, la ratio decidendi y la decisium, en esa tesitura el contenido del Auto de Vista impugnado contiene estos tres componentes y para el caso, respecto de la observación de la parte peticionante de tutela en referencia de que el Auto de Vista carecería de fundamentación, porque no hubiera resuelto sobre su agravio respecto de los intereses penales, moratorios como daños y perjuicios, ello no es evidente, puesto que la parte accionante debió leer con mayor detenimiento el contenido del fallo puesto que en la misma se contempla el razonamiento ¿del porque? no corresponde la imposición de los intereses penales, moratorios como daños y perjuicios, como consecuencia del proceso ejecutivo en consonancia con lo decidido por el Juez inferior (es decir, existen las razones o ratio decidendi expresadas en el contenido del Auto de Vista) de manera que dicha Resolución contiene una debida motivación y una puntual fundamentación. Asimismo, el citado fallo contiene la debida congruencia tanto externa como interna, es decir, que hay congruencia externa porque se resuelve todos los agravios demostrados incluyendo los agravios en lo relativo a los intereses penales, moratorios como daños y perjuicios; asimismo, existe congruencia interna pues hay coherencia entre su parte considerativa con la parte resolutiva del referido Auto de Vista; y,
5. v)Como quinto argumento para denegar esta acción tutelar es que la misma no protege ni resguarda valores ni principios constitucionales, tal como se observa del contenido y petitorio del memorial de acción de amparo constitucional; al respecto es necesario dejar claro que esta acción tutelar tiene la finalidad de resguardar, proteger, como restablecer derechos y garantías constitucionales, pero no valores ni principios, puesto que los valores supremos como ser la justicia, igualdad, libertad, etc., son ideales supremos abstractos al que toda sociedad aspira como un fin ideal prima facie "lo mejor" y los principios son normas rectoras que delinean prima facie "lo debido", en cambio los derechos al ser facultades de hacer o dejar de hacer algo o pedir a sus autoridades algo y si esa facultad es vulnerada existe la posibilidad de acudir a la protección mediante la acción de amparo constitucional, por lo que un Tribunal de garantías no puede considerar el restablecimiento de valores que tienen sentido abstracto, por ejemplo no podrá considerarse la vulneración de un valor supremo como es la justicia, puesto que a veces no siempre lo justo es legal y lo legal no siempre es justo, casi lo mismo ocurre con los principios como por ejemplo con el principio de seguridad jurídica, que es subjetivo y de amplio espectro, de manera que está claro que la petición de la parte impetrante de tutela al indicar que se haya vulnerado valores y principios, hace que la acción de defensa este destinada a su denegatoria.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, por Resolución 175/2019 de 15 de noviembre, cursante de fs. 490 a 502, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La jurisprudencia constitucional señaló que la valoración de la prueba es propia de la jurisdicción ordinaria, salvo que la autoridad hubiese omitido dicha valoración o se hubiera apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; al respecto se ha establecido que la justicia constitucional no puede pronunciarse respecto a principios o valores, los tribunales de garantías simplemente tendrían que velar por la vulneración de derechos y garantías, por lo que no correspondería pronunciarse más allá sobre esas presuntas vulneraciones a esos principios;
2. 2)En relación al reclamo de que la Sentencia Inicial podría perjudicar a la parte accionante, cabe señalar que la misma fue impugnada en su momento, habiendo la parte ejecutante obtenido el Auto de Vista objeto de la presente acción tutelar, de manera que las presuntas vulneraciones de derechos u otros elementos a los que se ha referido en la sentencia han sido ya conocidas por el Tribunal de alzada quien ha valorado los agravios formulados, por lo que esa Sala Constitucional no se va a pronunciar respecto de la referida Sentencia, simplemente se pronunciará a lo establecido en el Auto de Vista impugnado, contrastando con el memorial del recurso de apelación para establecer si hubo o no las vulneraciones al debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación y valoración de la prueba;
3. 3)Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista se pudo advertir que la misma en su estructura se halla contenida con una parte introductoria, cuatro considerandos y la parte dispositiva, por la cual han confirmado la Sentencia Inicial mencionada. En el considerando I se hace una exposición de los antecedentes procesales y las partes más importantes de la Sentencia apelada, entre ellos la suma, objeto del proceso ejecutivo, así como la condenación en costas y costos a los ejecutados, un tercer considerando refiere los fundamentos de recurso de apelación y la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, en este considerando se hace un análisis del proceso y del título ejecutivo que en este caso llegaría a ser el contrato protocolizado refiriendo a varios autores con citas de la doctrina legal; en el punto dos en cuanto a los daños y perjuicios y a la naturaleza del proceso ejecutivo señaló la procedencia de dichos supuestos únicamente en el caso de obligaciones no dinerarias, porque en esas en compensación de los daños y perjuicios están los intereses;
4. 4)En el considerando cuarto, se señala los fundamentos jurídicos de la resolución exponiendo argumentos que habrían determinado su resolución por la cual confirmaron la Sentencia Inicial. Luego de identificar los agravios se responden a los mismos, es así que respecto al primer agravio referido a que en la Sentencia Inicial únicamente se señalaría el pago de intereses del 18% y que en el Auto complementario no correspondería el pago de daños y perjuicios, motivo por el cual se estaría queriendo soslayar la responsabilidad de los ejecutados, lo cual estaría causando un daño ya ejecutado; al respecto se remitieron al Considerando III, en la cual se ilustra respecto al proceso ejecutivo y el que indispensablemente se inicia un documento que tenga de carácter de título ejecutivo y que traiga aparejada ejecución, pero no es una ejecución pura, sino que tiene una fase de conocimiento limitado y que debe ser oído el demandado que se opone mediante excepciones y posteriormente resolver la controversia con fuerza vinculante para las partes, por lo que el título ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos pero tiene tal fuerza que constituye una presunción de legítimo derecho del actor de que está suficientemente probado siendo necesario únicamente que en el titulo se consigne la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible y que en el conste que el ejecutante sea acreedor, que el ejecutado sea el deudor y que la pretensión sigue expresamente la debida;
5. 5)Más adelante señaló que la autoridad jurisdiccional de primera instancia actuó en el marco de la Sentencia Inicial, pues la cantidad reclamada en el título ejecutivo en el presente caso es de $us6 900 (seis mil novecientos dólares estadounidenses), donde los intereses corresponden al pago del 18% anual según lo pactado y las costas y costos también fueron establecidos en la Sentencia Inicial apelada, no advirtiéndose que el Juez a quo se halle apartado de la norma;
6. 6)Ahora bien en cuanto a los intereses penales, moratorios, daños y perjuicios esperados por la entidad recurrente, estos si se apartaron de constituir lo que es la suma liquida exigible siendo requisito indispensable tratándose de títulos ejecutivos, máxime que conforme señala la doctrina contenida en el Considerando III del Auto de Vista impugnado, no es procedente y legal que el ejecutante solicite en su demanda tanto el pago de daños y perjuicios y además de intereses penales, no existiendo al respecto agravio alguno que reparar;
7. 7)Con relación a la fundamentación refirieron que dicha Resolución tiene las razones concisas que no necesariamente requieren de explicación ampulosa, de modo que tampoco hay nada que tutelar en ese punto, se entiende que la sentencia resuelve la problemática planteada de acuerdo a los hechos facticos y la prueba producida, no habiendo el recurrente justificado su petición de revocar la Sentencia apelada, por lo que confirman el fallo de primera instancia;
8. 8)De la contrastación descrita pudieron advertir que en relación a los daños y perjuicios reclamados por la parte peticionante de tutela así como los intereses penales moratorios y la ausencia de fundamentación de la Sentencia Inicial, el Auto de Vista respondió a los tres agravios del recurso de apelación, sin embargo en relación a la fundamentación se hizo mención a los artículos del Código Procesal Civil y en relación a la motivación se advirtió que los razonamientos son lógico jurídicos, siendo que una resolución no necesariamente tiene que ser ampulosa en antecedentes y otros aspectos sino que responda los agravios pero exponiendo las razones que correspondan, en el caso se vio que si hay un pronunciamiento tanto respecto a sus intereses reclamados, como a los daños y perjuicios, de manera que no advertimos que no haya habido ningún pronunciamiento, es más el hecho de referirse a los intereses moratorios, penales a los que ha hecho alusión la parte impetrante de tutela han sido objeto de un pronunciamiento con doctrina legal, respecto a la naturaleza del proceso ejecutivo;
9. 9)Respecto a la valoración de la prueba, de la misma manera se hizo alusión a los documentos en los que se ha establecido la posibilidad de determinar los intereses, por cuanto se hace mención al contrato, es más se hizo alusión a la diferenciación en el sentido de que en el proceso ejecutivo el requisito es que se tenga una suma liquida y exigible, lo que no es lo mismo en relación a los intereses. De manera que conforme también ha establecido las sentencias constitucionales, la justicia constitucional no puede ingresar a valorar la prueba generada en los procesos ordinarios, el cual es atribución de la justicia ordinaria, a no ser que en la valoración de estas no haya una falta de razonabilidad o equidad, es decir que habría criterios extremos de irracionabilidad en la valoración de las mismas, por lo demás esa Sala Constitucional no puede ingresar a valorar esa prueba; y,
10. 10)Además que no es una instancia casacional ni supletoria de la instancia jurisdiccional, vale decir que los tribunales de garantías no son una instancia más para que se tenga que venir a rechazar todos los actuados, simplemente la atribución del Tribunal de garantías va en relación a proteger de presuntas vulneraciones de derechos y garantías, de manera que en todo lo que se ha expuesto no se advirtió que existan lesiones al debido proceso en los componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba.