0481/2023-S3

Asimismo, en el cuaderno de investigación, se advierte la realización de tres desdoblamientos:

1. a)Del teléfono celular Samsung Galaxy A30, color negro, modelo SM-A305G, serie R28M40WP5RF -y demás datos-, realizado por el investigador Hernán Elmer Quispe Ramírez de 5 de mayo de 2021, que en sus conclusiones expresó que no se pudo encontrar ninguna conversación;
2. b)Del teléfono celular marca Sansung, color rosado claro, modelo Galaxy J7 PRIME -y demás detalles-, realizado por el mismo investigador el 8 de agosto del mismo año, "DESGLOSE DE MENSAJES VIA WHATSAPP NOMBRE DEL CONTACTO HOLA 61385763 CON FECHA DE INICIO DE CONVERZACION 01 DE DICIEMBRE DE 2020 A HORAS 11:52 HASTA LA FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020" (sic); es decir, antes de su aprehensión, estableciendo en sus conclusiones que "...realizando el trabajo técnico se pude encontrar otra conversación, el mismo contiene audios presumiblemente grabación de una conversación en línea entre la Sara Ibáñez y el denunciado el mismos es transcrito físicamente..." (sic); y,
3. c)Del disco magnético "DVD-R" y transcripción de audio, realizado por el investigador Aldo Bernal Urieta, perteneciente a la División de Escena del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), evidenció la conversación de José Ibañez Salvatierra, hijo del denunciante Mario Carlos Ibañez Salvatierra y Vanesa Cardón Villanueva, madre del imputado; lo que implica que el desdoblamiento del referido disco fue una conversación "...entre el Sr. JOSÉ IBAÑEZ SALVATIERRA, la Sra. VANESA CARDÓN VILLANUEVA y la esposa ALEJANDRA IBÁÑEZ SALVATIERRA..." (sic) en ningún audio de desdoblamiento se encuentra su persona; sin embargo, el Ministerio Público y el Vocal accionado dan por verdad material lo contenido en los informes de desdoblamientos descritos, sin antes leerlos; no existe obstaculización, amenazas de su parte, conforme lo establece el art. 235.2 del CPP, violentando sus derechos a la legítima defensa, a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa, causándole indefensión y daño económico.

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. 1)No existe certificación que lo involucre sobre los mensajes enviados a la víctima y su familiares; por cuanto, el primer desdoblamiento de celular de 5 de mayo de 2021, se realizó en un celular que le pertenecía al haber sido aprehendido el 3 de diciembre de 2020 cuando se le decomisó el mismo; no se encontró ningún mensaje que tenga una conversación con la víctima; puesto que, no existe ninguna conversación; el segundo desdoblamiento de 8 de agosto -se asume de 2021-, se hizo al celular de la víctima, en el que solamente existen mensajes antes del 3 de diciembre de 2020; es decir, antes de que lo aprehendan; en los mensajes de ese celular, se puede evidenciar que se dice que se va a entregar una cantidad de dinero. En cuanto al tercer desdoblamiento, del Disco Compacto (CD), se encuentran conversaciones de José Ibáñez Salvatierra, con "su madre", Vanessa Cardón Villanueva y su esposa, Alejandra Ibáñez Salvatierra -hermana de la víctima-; es decir, la hija del denunciante; entonces, no existe ningún mensaje que su persona haya enviado desde el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, no se evidencia ninguna amenaza contra la familia de los denunciantes; no hay número donde se puede verificar que sea desde ese Centro Penitenciario; en resumen, no le implica en nada;
2. 2)No obstante lo descrito, el Vocal accionado invocó el art. "135" numeral 2 -se infiere art. 235.2 del CPP-, indicando que existe desdoblamiento realizado por la Policía Boliviana, realizado a través del Ministerio Público; que -como imputado- estaría obstaculizando la investigación; que encontraría amenazando a la víctima; en consecuencia, dicha autoridad revocó el Auto Interlocutorio apelado, declarando latente el riesgo procesal del art. 235.2 del citado Código, lo cual le deja en total indefensión y lesiona su derecho a la libertad; y,
3. 3)En el Auto de Vista 273, el Vocal accionado en su considerando, dice que se hizo el desdoblamiento del celular por el Ministerio Público, de acuerdo al art. 279 del referido Código; y entonces, era un desdoblamiento autorizado legalmente y por lo tanto existirían las amenazas vertidas por el imputado; empero, conforme describió, en los tres desdoblamientos no existe ningún mensaje de amenaza o de obstaculización contra la víctima o sus familiares.

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 16 de 13 de enero de "2021" -siendo lo correcto 2022-, cursante de fs. 69 a 72, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)De acuerdo al acta de audiencia de apelación de 16 de julio de 2021, el Vocal accionado luego de escuchar a todas las partes procesales, pronunció su determinación bajo el fundamento que, a su criterio, se encontraría latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, considerando que existiría un grado de vulnerabilidad en la víctima que, además, tendría una discapacidad visual, existiendo el riesgo de peligro de obstaculización porque la víctima vendría a ser un testigo clave dentro del proceso, aplicando para ello el control de constitucionalidad, al referirse a la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero que establece la máxima garantía que se debe brindar a la víctima, haciendo referencia a que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima, tomándose en cuenta el interés superior de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable, mereciendo de manera inmediata protección, permitiendo el acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial a la víctima; por ello, consideró que dicho riesgo debía ser restituido porque se habría acreditado la vulnerabilidad de la víctima y la incapacidad que tiene la misma;
2. ii)Además, el Auto de Vista revisado, también se refirió a los medios electrónicos y teléfonos celulares los cuales, pese a su prohibición, son utilizados en el interior del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz por varios reclusos; en consecuencia, dicha decisión expone la categoría de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, exponiendo claramente los motivos de hecho y derecho sobre los que sostiene su postulación, haciendo un correcto control de constitucionalidad, con base en el bloque de constitucionalidad;
3. iii)Esta situación, no ocurrió en el "...acta de audiencia de cesación a la detenido preventiva..." (sic), llevada a cabo por el Juez de la causa, quien no ejerció el debido control de constitucionalidad ni el de convencionalidad al dictar su fallo y enervar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, refiriendo subjetivamente que el imputado al estar detenido en el indicado Centro Penitenciario, no podría amenazar a la víctima ni a su familia porque los privados de libertad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no tendrían comunicación por teléfono, WhatsApp o redes sociales y que es el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el abogado de la defensa de la víctima, quienes deberían demostrar al Juez de la causa que aún con las restricciones penitenciarias el imputado tendría un teléfono o dispositivo, situación que sería responsabilidad del Director de Régimen Penitenciario no existiendo la certeza sobre la autoría del imputado al enviar esos mensajes, disponiendo, además de ello, la libertad "del hoy accionado", conforme a lo previsto en el art. 239.2 del CPP, sin tomar en cuenta los riesgos procesales que aún se encontrarían latentes; ya que si bien los riesgos procesales no se encontrarían concatenados con lo previsto en el art. 239.2 del citado Código, debiendo interpretarse estos de manera separada, no es menos cierto que en los procesos en los cuales existe asimetrías o desigualdades de los sujetos procesales o vulnerables, se debe aplicar la justicia bajo la perspectiva género, precautelando lo establecido en el art. 15 de la CPE, realizando una valoración reforzada de las pruebas, debiéndose aplicar de manera reforzada las medidas cautelares, tratando de evitar cualquier tipo de revictimización más aún si la víctima, como en el presente caso, pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad;
4. iv)El art. 239.2 del referido Código, no procede ipso facto, ya que el juzgador deberá realizar una valoración integral de los datos del proceso, con la finalidad de precautelar los derechos de la víctima, aplicando lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales como la Convención Belém Do Para, que desarrolla los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica; y,
5. v)Finalmente, en ambas actas de audiencia -se asume de 5 y 16 de julio de 2021- las amenazas a las que hace referencia la víctima en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 5 de julio de 2021 y a las que se refiere el Juez de la causa, serían de data reciente, no así anterior a la detención preventiva del peticionante de tutela, como pretende hacer ver en su acción de libertad.

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Naty Adriana Salvatierra de Mercado, -figurando como víctima Sara María Salvatierra Ibáñez- contra Jhoan Carlos Campos Cardón -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, constan los siguientes Informes Técnicos -sobre desdoblamiento de teléfono celular- de la FELCV, División Escena del Crimen Central:

1. a)Informe Técnico de desdoblamiento de teléfono celular, dentro del caso FELCV-Central 1648/2020, consignando como denunciante/víctima Naty Adriana Salvatierra de Mercado; denunciado Jhoan Carlos Campos Cardón -ahora impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violación agravada, emitido el 5 de mayo de 2021 y presentado el 6 de ese mes y año, por el Investigador Especial, Hernán Elmer Quispe Ramírez, sobre el teléfono celular Samsung Galaxy A 30; serie, R28M40WP5RF; modelo, SM-A305G; color negro, concluyéndose que de la comunicación mediante mensajería instantánea vía WhatsApp, no se pudo encontrar ninguna conversación; mereciendo el decreto de 7 del mismo mes y año suscrito por Nancy Carrasco Daza, Fiscal de Materia, teniendo presente el referido informe y ordenando se acumule a sus antecedentes para su respectiva valoración;
2. b)Informe Técnico de desdoblamiento del teléfono celular, consignando los mismos datos del caso de origen, identificando a la víctima como Sara María Salvatierra Ibáñez y como Investigador Especial a Hernán Elmer Quispe Ramírez, emitido el "08/08/20", recibido por la Silvia Saavedra Flores, Fiscal de Materia, el 4 de diciembre de 2020, consignando "DESGLOSE DE MENSAJES VIA WHATSAPP NOMBRE DEL CONTACTO HOLA 61385763, CON FECHA DE INICIO DE CONVERSACION 01 DE DICIEMBRE DE 2020 DE HORAS 11:52 HASTA LA FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 HORAS 14:41" (sic), estableciendo en sus conclusiones que, las características del teléfono celular son: Samsung modelo Galaxy J7 Prime, color rosado claro, con mensajería instantánea vía WhatsApp, "...entre los registros telefónicos 65894565 (número de Zara Ibáñez) y 61385763 (número de hola), denunciado realizando el trabajo técnico se puede encontrar otra conversación..." (sic), el mismo contiene audios presumiblemente grabación de una conversación en línea entre "Sara Ibáñez" -se asume, la víctima Sara María Salvatierra Ibáñez- y el denunciado; y,
3. c)Informe Técnico de desdoblamiento de disco magnético "DVD-R" y transcripción de audio, con los mismos datos del caso de origen, elaborado por el investigador Especial Aldo Bernal Urieta, emitido el 24 de abril de 2021, respecto del cual se concluyó que, en el material proporcionado "DVD-R", fabricante, Yomico, serie, ninguno; azul metálico; color blanco, entre otros; se realizó el estudio e investigación del contenido "archivo-mp3" y transcripción, logrando identificar a tres sujetos con timbres de voces distintos "S-1-MASCULINO", "S.2-FEMENINO" y "S.3-FEMENINO" (fs. 13 a 48).

II.2. Consta acta de audiencia virtual de 5 de julio de 2021, a efecto de la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada por el ahora peticionante de tutela, dentro del referido proceso penal, y el Auto Interlocutorio 286/2021 de la misma fecha, emitido por Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien determinó aceptar la solicitud de cesación a la detención preventiva, disponiendo medidas de carácter personal establecidas en el art. 231 bis del CPP -incorporado por el art. 11 de la Ley 1173-; estableciendo que la detención preventiva cesaría, una vez cumpla con lo siguiente:

1. 1)Presentación ante el Ministerio Público para el control de su asistencia dentro del proceso;
2. 2)El arraigo a nivel nacional; ordenando que por Secretaría se libre el arraigo a la Dirección de Migración;
3. 3)El pago de una fianza de carácter económico de Bs30 000.-, misma que deberá ser depositada en el tesoro judicial;
4. 4)La prohibición de comunicarse con la víctima, con los progenitores de ésta o con sus amistades; y,
5. 5)Su detención domiciliaria en el domicilio acreditado desde las 21:00 horas hasta las 06:00 horas, pudiendo ser controlada, supervisada y fiscalizada por el "asignado al caso" o por la Secretaria del referido Juzgado las veces que se considere necesario, de oficio o a petición de las partes.

En la misma Resolución, la referida autoridad judicial, considerando que el caso trata de delitos vinculados a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2009-, dispuso las medidas cautelares adicionales de:

1. i)El imputado se someta a una terapia psicológica, en aplicación del art. 31 de la citada Ley, por el plazo de seis meses. Al efecto, ordenó se oficie al Colegio de Psicólogos para que remita una terna de tres psicólogos, para la correspondiente designación de uno; una vez designado el referido profesional, procederá a la terapia psicológica del sindicado "...para mejorar su conducta..." (sic); aquél deberá informar sobre el avance de la terapia ordenada cada dos meses. Los recursos emergentes del pago de los honorarios del psicólogo designado, serán cubiertos por parte del imputado; y,
2. ii)El imputado, no puede tener ningún contacto con ningún familiar de la víctima, ya sea su madre, padre, hermanos y amigos, a excepción de la relación sentimental que pueda tener con la hermana de la víctima, al no tener facultad para ordenar que se aleje "...de su pareja o novia..." (sic), con base en el art. 180 de la CPE, quedando legalmente notificadas las partes.