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TCP

0482/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
12 de julio de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0482/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad

Expediente: 27741-2019-56-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 02/2019 de 31 de enero, cursante de fs. 39 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jonás Saúl Ramírez Mamani contra Julio Huarachi Pozo; Presidente; Mónica Jazmín Camacho Toco y José Miguel Vásquez Castelo, Jueces Técnicos, todos del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de enero de 2019, cursante de fs. 3 a 5, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por la documentación que adjuntó, acreditó que mediante memorial presentado el 23 de enero de 2019, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; sin embargo, recién el 25 del mismo mes y año obtuvo respuesta, fijándose audiencia para el 14 de febrero de igual año, a las 18:30, señalamiento que contraviene la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dicha audiencia debe fijarse dentro el plazo de tres días.

El incumplimiento de plazos, conlleva una ilegal detención, al no obrar con celeridad en el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva.

Las autoridades demandadas incumplieron la disposición contenida en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina que la audiencia de cesación de detención preventiva debe ser señalada en el plazo máximo de cinco días y en su caso, trascurrió más de ese tiempo; y conforme a la jurisprudencia constitucional las solicitudes de cesación a la detención preventiva están vinculados al derecho a la libertad.

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