0483/2023-S1

Expediente: 47383-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 034/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 80 a 84, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Ramos Medrano contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 7 y 14 de abril de 2022, cursantes de fs. 51 a 58 vta. y fs. 65 y vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Siendo funcionario regular del GAM de Cochabamba desde el mes de enero de la gestión 2016, el 30 de junio 2021 fue despedido injustificadamente de su fuente laboral bajo el argumento de la conclusión del plazo de su contrato; habiéndosele privado de su derecho al trabajo y a su estabilidad laboral, se vio obligado a denunciar este hecho ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba en busca de hacer prevalecer sus derechos; entidad que atendiendo los argumentos expuestos, fundamentos esgrimidos y las pruebas aportadas, emitió la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 de 13 de octubre que dispone su reincorporación a su fuente laboral en el plazo de tres días y al puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales. Desde el 21 enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2021 (fecha del despido injustificado), desempeñó las funciones de Chofer en la sección planta de asfalto, de manera continua y en tareas propias y permanentes de la institución, cumpliendo las jornadas laborales de horas 6:00 a 14:00 de lunes a viernes y sábados de 7:30 a 12:00, con un sueldo mensual de Bs3 713 (Tres mil setecientos trece bolivianos). Durante el periodo de los seis años de funciones aproximadamente, suscribió 5 contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la institución; empero, pese al carácter obligatorio de la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021, que dispuso su reincorporación a su fuente laboral en el plazo de tres días y al puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales, el Alcalde del GAM de Cochabamba -ahora demandado-, incumplió el mandato de la referida Conminatoria negándose reincorporarle, hecho verificable con las actas notariales de verificación de no reincorporación que cursan en obrados, vulnerando de este modo los derechos alegados y desconociendo lo dispuesto por el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1969 y la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo 1972, siendo que accionante y demandado, suscribieron cinco contratos de trabajo a plazo fijo, de manera continua y en labores propias y permanentes de la institución, desde el 2016 hasta el 30 de junio de 2021, es decir, que a partir de la segunda contratación se constituye en contratación indefinida. La negativa de la autoridad demandada por cumplir con la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021, lo llevó a reclamarla ante la Jefa Departamental del Trabajo de Cochabamba mediante recurso de revocatoria, mismo que mereció la Resolución Administrativa 445-2021 de 24 de noviembre, que CONFIRMA la mencionada Conminatoria, notificado como fue con la presente Resolución Administrativa, el Alcalde del GAM de Cochabamba, mantuvo su postura de negarse a acatar lo dispuesto por la referida Conminatoria; por lo que, amprado en lo dispuesto por el arts. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), 73 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, 57 de la Código Procesal Constitucional (CPCo) y habiendo agotado todas las instancias, se vio en la necesidad de interponer la presente acción tutelar. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la no discriminación, la vida, a la salud y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 46.I, 48.IV y 49.III de la CPE. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la protección inmediata de su derecho al trabajo sin discriminación, a la estabilidad laboral y al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 de 13 de octubre, más el pago de los salarios devengados y derechos laborales que correspondiesen, sea con costas. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia virtual el 20 de abril de 2022, según consta del acta cursante de fs. 78 y 79 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso su demanda de acción de amparo constitucional, sin referir hechos nuevos. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del GAM de Cochabamba, a través de su abogado, mediante informe presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 76 a 77 vta., adjuntando documental en calidad de prueba, refirió que:

1. a)De los argumentos expuestos por el accionante en la presente demanda, se advierte que concurren causales de improcedencia que serán esgrimidas más adelante, por lo que, sin necesidad de ingresar al fondo de la problemática planteada, debe denegarse la tutela impetrada;
2. b)Considerando que los trabajadores municipales fueron incorporados al régimen de la Ley General del Trabajo por mandato de la Ley 321, la que cobija bajo sus alcances solamente a las y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los "Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz" (sic), se puede aseverar que los trabajadores eventuales no están sujetos a la Ley General del Trabajo y no existe disposición legal que obligue al GAM de Cochabamba a reincorporar a este tipo de trabajadores;
3. c)El Reglamento de Personal Eventual del GAM de Cochabamba aprobado mediante Decreto Edil 045/2017 de 2 de junio, establece la posibilidad de suscribir contratos eventuales con plazo definido, mismos que por su naturaleza, están sujetos a la partida presupuestaria 12100 regulada por el Estado, en el caso presente se ha suscrito un contrato eventual con un plazo definido, mismo que ha sido cumplido, dando por concluida la relación laboral con el impetrante de tutela;
4. d)No obstante lo glosado previamente y ante la emisión de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 de 13 de octubre, el GAM de Cochabamba han realizado los esfuerzos necesarios y se han agotado los procedimientos administrativos correspondientes para dar cumplimiento a la misma, con la elaboración del Contrato Eventual SDIT-983, que hará efectiva reincorporación del accionante al cargo que desempeñaba, con el mismo salario y con los beneficios sociales que le asisten, lamentablemente y pese a los esfuerzos realizados, el prenombrado no pudo ser contactado para que suscriba el referido contrato y perciba el pago de los salarios devengados; y
5. e)Consecuentemente, habiendo cesado los actos que motivaron la presente acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada por improcedencia. I.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, por Resolución 034/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 80 a 84, concedió la tutela solicitada disponiendo que: el GAM de Cochabamba, representado por el Alcalde Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi -ahora demandado-, de manera inmediata de cumplimiento en su integridad a la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 y sea en su integridad en los términos insertos en dicha resolución administrativa; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:
6. 1)Antes de acudir al ámbito constitucional, la parte accionante agotó la instancia administrativa, en la que logró que se emita la Conminatoria J.D.T. CBBA. /D.S. 0495/SMLV/ 187/2021;
7. 2)Por su parte, la autoridad demandada activó el recurso de revocatoria ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, mereciendo la emisión de la Resolución Administrativa 445/2021 de 24 de noviembre, que resuelve confirmar la señalada Conminatoria;
8. 3)La autoridad demandada, mediante su informe escrito, manifestó que existen causales de improcedencia en la presente acción tutelar y que se encuentra pendiente de resolución un Recurso Jerárquico interpuesto como emergencia del presente trámite;
9. 4)La Sala expresó, que al tratarse de una resolución de carácter provisional, no es posible ingresar a realizar un análisis de los fundamentos que han motivado la emisión de la Conminatoria J.D.T. CBBA. /D.S. 0495/SMLV/ 187/2021; toda vez que, la jurisdicción constitucional solamente verificará si se ha dado o no cumplimiento a lo dispuesto por la referida Conminatoria;
10. 5)Concretamente, por las actas Notariales 262/2021 de 22 de octubre y 291/2021 de 1de diciembre, elevadas por el Notario de Fe Pública N° 61, se puede constatar que el impetrante de tutela no fue reincorporado a su fuente laboral, hecho que denota el incumplimiento a la mencionada Conminatoria, misma que a la fecha de realización de la audiencia de la acción de amparo constitucional, tampoco se hizo efectiva, hechos que contravienen lo establecido en la norma y la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que se establece que el GAM de Cochabamba, ha vulnerado el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral esgrimidos por el peticionante de tutela; y,
11. 6)No obstante, la autoridad demandada manifestó que han cesado los actos alegados como vulneradores de los derechos enunciados, presentando un contrato eventual de trabajo que no está firmado por el accionante, por lo que, se constata que el mismo no fue efectivizado hasta la fecha de emisión de la presente Resolución, correspondiendo por tanto, conceder la tutela solicitada. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta contrato de trabajo eventual a plazo fijo de 21 de enero de 2016, suscrito entre el GAM de Cochabamba y Roberto Carlos Ramos Medrano -ahora accionante-, con un plazo estipulado que va desde el 21 de enero hasta el 30 de diciembre de 2016 (fs. 64 y vta.). II.2. Cursa la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 de 13 de octubre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, que dispone la inmediata reincorporación del ahora impetrante de tutela a su fuente laboral en el GAM de Cochabamba, en el plazo de tres días, al mismo puesto que ocupaba más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que le fueron restringidos desde su desvinculación (fs. 7 a 8 vta.). II.3. Mediante diligencia de notificación de 18 de octubre de 2021, el GAM Cochabamba fue notificado con la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 (fs. 12). II.4. Por Acta Notarial 262/2021 de 22 de octubre, de verificación de no reincorporación del ahora peticionante de tutela a su fuente laboral, el Notario de Fe Pública N° 61 de la ciudad de Cochabamba, hace constar en acta estos extremos, dando fe pública del hecho (fs. 13 y vta.). II.5. El Informe de verificación de reincorporación J.D.T.CBBA.- SMLV-VR-060/2021 de 3 de noviembre, elevado por el Inspector de Trabajo de Cochabamba, hacia la Jefa Departamental de Trabajo de Cochabamba, concluye, que una vez realizada la verificación in situ, se ha constatado que el ahora accionante no fue reincorporado al cargo que venía desempeñando hasta antes de su desvinculación, no se le cancelaron los sueldos devengados ni restituyeron los derechos sociales que le corresponde (fs. 16 y vta.). II.6. Del Acta Notarial 291/2021 de 1 de diciembre, se constata la verificación de no reincorporación del ahora impetrante de tutela a su fuente laboral, realizado por el Notario de Fe Pública N° 61 de la ciudad de Cochabamba, (fs. 14). II.7. Cursa Contrato Eventual SDIT-983 de 20 de abril de 2022, entre el GAM Cochabamba y Roberto Carlos Ramos Medrano -ahora accionante-, por un plazo que va desde el 20 de abril hasta el 30 de junio de 2022, contrato que no lleva la firma del contratado -ahora accionante- (fs. 75 y vta.). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la no discriminación, la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, de manera injustificada, sin mediar algún acto formal de despido, es decir, sin memorándum, ni resolución o acto administrativo similar, fue despedido de su fuente laboral en el GAM de Cochabamba, por lo que acudió ante la instancia administrativa laboral, que emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495/SMLV/ 187/2021 de 13 de octubre, que dispuso su reincorporación inmediata a su fuente laboral; sin embargo, pese a haberse notificado legalmente al empleador -ahora demandado-, este no dio cumplimiento a la misma. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas:
12. i)Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional;
13. ii)El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional;
14. iii)La teoría del hecho superado y la sustracción de materia; supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional (art. 53.2 del CPCo; iv) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, v) Análisis del caso concreto. III.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

...deben concurrir los siguientes elementos:

1. a)La voluntad inequívoca y documentada del trabajador, declarando conocer los efectos jurídicos de la rescisión del contrato de trabajo; y,
2. b)La constancia escrita del pago de los beneficios y derechos sociales del trabajador, así como las obligaciones sociales del empleador, debiendo necesariamente incluir:
3. b.1)La totalidad de salarios devengados hasta la fecha del retiro;
4. b.2)El desahucio, indemnización por antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros derechos pagaderos a la conclusión de la relación laboral;
5. b.3)Los aportes a la caja de salud; y,
6. b.4)Los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

De igual forma la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señaló que el Tribunal, en ejercicio la facultad de unificar la línea jurisprudencial prevista por el art. 28.I.15 de la LTCP, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada mediante acciones de amparo constitucional, efectúo:

1. a)El análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado a través de las acciones de amparo constitucional; y,
2. b)El análisis sobre la aplicación de estas líneas en la resolución de causas por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

1. 1)Respecto a los alcances del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; es decir, cuando la conminatoria de reincorporación laboral establece además el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales; las Sentencias Constitucionales, establecieron distintas formas de resolución, siendo éstas:
2. i)Disponer el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en los mismos términos en que fue dispuesta, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que correspondan por ley10;
3. ii)Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y no así el pago de salarios y sueldos devengados: argumentando que, estos aspectos deben dilucidarse en la vía administrativa y judicial11; y,
4. iii)Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, además dispuso la suscripción de un contrato por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que el peticionante de tutela trabajó durante varios años continuos bajo la modalidad de contratos a plazo fijo en la zafra y prezafra; asimismo, se dispuso el pago de los sueldos devengados, aunque este aspecto no haya sido dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo12.

1. 2)Con relación al análisis de la jurisdicción constitucional de la pertinencia y del contenido de la conminatoria de reincorporación; es decir, cuando la jurisdicción constitucional, previamente a disponer su cumplimiento realiza un control de la conminatoria de reincorporación e incluso de la relación laboral, los fallos emitidos por este Tribunal se resumen en lo siguiente:
2. a)Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, limitándose la jurisdicción constitucional a constatar que esta haya sido emitida a favor del trabajador o de la trabajadora dentro del marco de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria13;
3. b)Se denegó la tutela argumentando que la conminatoria de reincorporación laboral no se encontraba debidamente fundamentada14;
4. c)No obstante, que la Jefatura Departamental del Trabajo dispuso la reincorporación del trabajador, la jurisdicción constitucional denegó la tutela considerando que esta decisión no era pertinente ni razonable, por no haber tomado en cuenta que el impetrante de tutela cobró sus beneficios sociales; y, en otro caso, se denegó la tutela indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables15;
5. d)En otro supuesto en el que, el empleador acusó el cobro de beneficios sociales por parte del trabajador se concedió la tutela, ordenando la restitución del trabajador progenitor al último cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales: puesto que. el referido cobro del finiquito y la consiguiente inejecutabilidad de la conminatoria de reincorporación laboral, entre otras causales, deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral que podrá ser activada por el empleador, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no16;
6. e)Se denegó la tutela por cuanto, a pesar de que, la relación laboral se encontraba dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, la modalidad de trabajo fue pactada bajo el contrato a plazo fijo; por lo que, no resulta posible: "...ir más allá de lo pactado en el contrato" teniendo conocimiento las partes de la fecha de su conclusión; asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija "...no estableció ni realizó la conversión de la relación laboral de temporal a indefinida...": en este caso, el accionante suscribió cuatro contratos a plazo fijo y dos verbales, y la desvinculación se produjo meses después de la conclusión del último contrato17;
7. f)Se denegó la tutela indicando que, la conminatoria de reincorporación emitida por la señalada Jefatura Departamental de Trabajo omitió considerar la existencia de derechos controvertidos, imposibilitando que su cumplimiento pueda ser dispuesto por esta jurisdicción18;
8. g)Se dispuso la reincorporación del trabajador en los términos de la conminatoria -que además ordenaba el pago de salarios devengados y demás derechos sociales-, sin hacer referencia a la existencia de varios contratos a plazo fijo y que la desvinculación se produjo antes del cumplimiento del último contrato19; asimismo, se concedió la tutela señalando que, no está permitida la celebración de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad; por lo tanto, no existe impedimento para que el empleador cumpla con la conminatoria, produciéndose la desvinculación al día siguiente de cumplido el cuarto contrato20; y, por último, se concedió la tutela concluyendo que, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo que tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad, infringen las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo indefinido en cuanto concurra el tercer contrato, constituyéndose en este caso el despido en uno injustificado; en el caso, la desvinculación se produjo al cumplimiento del último contrato21;
9. h)No se ordenó la reincorporación del trabajador -denegándose la tutela- debido a que, el presupuesto o límite del cumplimiento de la conminatoria -además de que sus fundamentos jurídicos sean razonables- es la naturaleza jurídica de la relación laboral, considerando aspectos como la firma de contratos a plazo fijo o por tiempo indefinido, la prestación de servicios de consultoría o si el contrato es de naturaleza administrativa o civil22;
10. i)Se denegó la tutela con el argumento de que, el peticionante de tutela pretende la conversión de sus contratos a plazo fijo a uno de carácter indefinido, circunstancia que incumbe a la judicatura laboral; en razón a que, los hechos controvertidos o aún pendientes de resolución en la vía judicial o administrativa no pueden ser dilucidados en la vía constitucional23; y,
11. j)Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria en los términos que fue dispuesta mismo que ordenaba la reincorporación y además la cancelación de sueldos devengados desde el despido injustificado y manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondían por ley; respecto a la denuncia sobre la desvinculación posterior al vencimiento del contrato a plazo fijo, haciendo hincapié en que a la justicia constitucional no le compete ingresar a analizar los elementos que hacen al fondo de la causa, pues ello implicaría un pronunciamiento previo y anticipado respecto a los hechos a ser conocidos por la autoridad laboral competente; siendo que, la presente acción tutelar está destinada únicamente a garantizar de manera provisional el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, en atención a los bienes jurídicos protegidos24.

1. 3)Respecto al pago de sueldos y salarios del trabajador con inamovilidad por fuero sindical; es decir, cuando el impetrante de tutela denuncia despido injustificado, sin tomar en cuenta su inamovilidad por fuero sindical y la jurisdicción constitucional considera la pertinencia o no del pago de salarios devengados; se presentaron las siguientes formas de resolución del caso concreto: 1) Se ordenó el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, incluidos salarios devengados, por cuanto el peticionante de tutela tenía inamovilidad laboral en razón a su fuero sindical; no obstante, la suscripción de varios contratos a plazo fijo25; 2) Sin hacer referencia al pago de sueldos y salarios devengados, se estableció el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral aclarando que el nombrado se encontraba bajo el amparo del art. 51.VI de la CPE, dada su condición de dirigente sindical; en consecuencia, para proceder a su desvinculación laboral, se debió previamente instaurar un proceso de desafuero sindical en su contra26; y, 3) En otro caso, este Tribunal consideró que, a pesar de la inamovilidad por fuero sindical del trabajador, sólo debe ordenarse el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y no así el pago de los salarios y sueldos devengados27.

1. 1)En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1. 2)Y con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero (las negrillas nos corresponde).

En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se concluye que:

1. i)En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;
2. ii)Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se debe considerar al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenando el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y,
3. iii)En caso de que la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue.

En el Caso Lagos del Campo vs. Perú, la Corte IDH, se expresó al respecto que: ...las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes:

1. a)adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho;
2. b)proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado;
3. c)en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende,
4. d)el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (el subrayado y las negrillas son nuestras).

Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 0495 de 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar:

1. a)El pago de beneficios sociales; o,
2. b)La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido31.

El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial relativo a la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, constriñe a la parte patronal, a la autoridad administrativa y a la jurisdicción constitucional su cumplimiento o ejecución inmediata e integra de dicha conminatoria, por el objeto de protección de la acción de amparo constitucional que concierne al derecho a la estabilidad laboral, el pago de sueldos devengados, la seguridad social y otros derechos conexos, que incumbe no solo al titular sino a su entorno familiar, además la tutela provisional y extraordinaria que corresponde otorgar en la jurisdiccional constitucional, en tanto se defina la situación jurídica del trabajador con la substanciación de la vía recursiva en sede administrativa o la revisión de la conminatoria en sede judicial. III.3 La teoría del hecho superado y la sustracción de materia; supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional (art. 53.2 del CPCo) Los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional, dispuestos por el art. 53 del CPCo43, se configuran en óbices legales que se establecieron exclusivamente a razón de su naturaleza jurídica44; motivo por el que deben ser examinados por los jueces o tribunales de garantías en la etapa de admisión del proceso constitucional correspondiente, con el fin de no incoar el mismo innecesariamente, para posteriormente dictar una Resolución con la que solamente lleguen a denegar la tutela solicitada, sosteniendo el incumplimiento de las condiciones de presentación de la acción de defensa en cuestión. De no proceder los jueces y tribunales de garantías en ese sentido; corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, determinar su concurrencia o inconcurrencia, y en caso de darse lo primero, dictar una Resolución denegando la tutela solicitada, aclarando que no se analizó en el fondo la problemática identificada. Ahora bien, uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional, es el concerniente al "cese de los efectos del acto reclamado" (art. 53.2 del CPCo), el cual fue interpretado por los razonamientos jurisprudenciales sentados por la jurisdicción constitucional; es así que se dictó la SCP 0019/2020-S1 de 13 de marzo, cuyos fundamentos y motivos dimensionó, caracterizó y diferenció los criterios de la teoría del hecho superado y la sustracción de materia, constituyéndolos así, en dimensiones por las que puede materializarse el mismo. La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, sostuvo la aplicabilidad del criterio de la sustracción de materia en su Fundamento Jurídico III.1, titulado "Sobre las dimensiones de la cesación de los efectos del acto reclamado, como causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del Código Proceso Constitucional. Diferencias entre la teoría del hecho superado y la sustracción de materia", para ello, hizo referencia a la 0SC 0050/2004-R de 14 de enero, que se dictó dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, en el que se denegó la tutela solicitada por el demandante -ahora accionante-, quien denunció la lesión de sus derechos a una justa remuneración y a la defensa; la cual, para el efecto, sostuvo la aplicabilidad del criterio de la cesación del acto reclamado, en ese sentido señaló lo siguiente: Cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el recurso de amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó el recurso; situación, que torna improcedente el recurso, por haber cesado los efectos del acto reclamado, como prevé el art. 96. 2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)45. Seguidamente, mencionó a la SCP 1541/2014 de 25 de julio, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, en la que se concedió la tutela la lesión del derecho al trabajo; la cual, para el efecto sostuvo que no era posible la aplicabilidad del criterio de la cesación de los efectos del acto reclamado, en ese sentido señaló lo siguiente: El art. 53.2 del CPCo, establece que esta acción de defensa no procederá cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de denegatoria de la tutela estuvo presente en la tradición jurisprudencial constitucional de larga data, en el entendido de que cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción46... Con base en la 0SC 0050/2004-R y SCP 1541/2014, la indicada SCP 0019/2020-S1 arribó al entendimiento de que, del supuesto de improcedencia de la acción de amparo constitucional abordado, se presentan dos dimensiones en las que puede llegar a materializarse el mismo: el primero, concerniente al cese de los efectos del acto reclamado; y, el segundo, concerniente a la desaparición del acto reclamado. Por lo que, de manifestarse cualquiera de estas, no existirían razones para que la jurisdicción constitucional analice en el fondo la problemática identificada, ya que la acción de defensa en cuestión carecería de objeto47, y en consecuencia, la tutela que podría llegar a conceder se tornaría en inoportuna e ineficaz. En ese sentido, con el objeto de que no sean confundidas las dimensiones en las que el supuesto de improcedencia de la acción de amparo constitucional abordado puede materializarse, la precitada SCP 0019/2020-S1, realizó dos puntualizaciones: La primera, referida al cese de los efectos del acto reclamado o criterio de la "teoría del hecho superado"48. Ésta se manifestaría cuando la o el demandado o autoridad demandada de manera voluntaria deja de lesionar el derecho, justamente por haberlo reparado; motivo por el que, la tutela que podría llegar a conceder la jurisdicción constitucional se tornaría en inoportuna e ineficaz. En esa línea mencionó nuevamente a la SCP 1541/2014 que estableció los presupuestos que se exigen para decantarse por ésta dimensión: ...1) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la 0SC 0254/2001-R de 2 de abril);

1. 2)La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las 0SSCC 0638/2003-R, 00691/2003-R, 00932/2003-R); y,
2. 3)No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (0SC 0136/2002-R de 19 de febrero). La segunda relacionada a la desaparición del acto reclamado o "sustracción de materia"; Ésta se manifestaría cuando: 1) Por una circunstancia sobreviniente y ajena a la voluntad de los sujetos procesales, se modifican los hechos denunciados, así como la pretensión perseguida con la acción de amparo constitucional presentada, en consecuencia, desaparece la controversia constitucional y por ende no podría concederse la tutela solicitada; y, 2) Por una circunstancia sobreviniente se modifican los hechos denunciados, así como la pretensión perseguida con la acción tutelar presentada, empero, por voluntad del propio accionante, quien perdió todo interés en la concesión de la tutela solicitada. Sobre este extremo, fijó otras circunstancias en las que esta dimensión puede llegar a manifestarse; asimismo, estableció otro aspecto que para el efecto también debe ser observado, por lo que señaló lo siguiente: En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia estableció algunas circunstancias en las que puede operar la sustracción de materia, cuando:
3. a)Se suscita la modificación, abrogación o derogación de una norma jurídica objeto de control de constitucionalidad; o, cuando haya sido declarada inconstitucional; pues, desaparece la disposición jurídica, y con ello, su efecto y vigencia, por lo que, deja de existir en el ordenamiento jurídico del Estado, lo que impide desarrollar el juicio de constitucionalidad y pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada49;
4. b)Un acto administrativo acusado de lesionar derechos fundamentales dejó de existir, obligando a la jurisdicción constitucional a no pronunciarse sobre la pretensión, inhibiéndose del conocimiento de fondo de la problemática planteada50;
5. c)No existe la posibilidad material o jurídica para que el accionante pueda lograr su pretensión, pues como consecuencia de la anulación de una resolución administrativa o judicial matriz, se produce la anulación automática de la resolución administrativa o judicial dependiente de la principal51;
6. d)Se suscita la muerte de una de las parte52; y,
7. e)No existe a posibilidad para que el impetrante de tutela obtenga el objeto material de su pretensión 53.

Además, debe tomarse en cuenta que para que se produzca la sustracción de materia, el objeto procesal debe existir al momento de interponerse la acción de tutela y desaparecer antes del pronunciamiento de la Sentencia. Seguidamente, luego de citar a la SCP 1894/2012 de 12 de octubre54, la tantas veces aludida SCP 0019/2020-S2, consideró a la cesación de los efectos del acto reclamado como una figura componente de la sustracción de materia, al comprender que, consiste en la imposibilidad de que el juzgador se pronuncie sobre la pretensión, en atención a dos circunstancias:

1. i)Porque desaparecieron los argumentos de hecho y derecho; y,
2. ii)Porque el hecho dejó de vulnerar el derecho denunciado. En ambos casos la tutela que podría otorgarse resultaría inoportuna e ineficaz". No obstante lo expresado, la SCP 0019/2020-S2 advirtió las confusiones generadas respecto a dichos presupuestos procesales, al ser utilizados de forma indistinta, desnaturalizando su verdadero significado jurídico como si se tratara de la misma causal de improcedencia, ya sea porque el acto que causó la lesión o amenazó con la vulneración de derechos constitucionales se reparó, cesó o desapareció, configurando estas causales de improcedencia como si se tratara de un hecho superado, conforme señaló la SCP 0696/2019-S2 de 12 de agosto, o como si fuese una sustracción de materia comprendida en la SCP 1621/2014 de 19 de agosto. Motivos por los cuales, realizó las precisiones necesarias a efectos de no incurrir en confusión, desarrollando la siguiente reflexión constitucional: Por estas razones, es necesario que este Tribunal, a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, realice las conceptualizaciones, diferenciaciones y aclaraciones respecto a estas dos figuras procesales, tal cual se efectuó precedentemente; pues considera, que antes de generar entendimientos sobre una figura procesal constitucional, siempre se debe partir del análisis de la normativa que rige nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tomando en cuenta que cada problemática planteada tiene sus propias peculiaridades; es por estos motivos, que para analizar las diferencias entre hecho superado y sustracción de materia, se tomó en cuenta que en la tradición jurisprudencial se suscitan dos causales de improcedencia que devienen de la interpretación del art. 53.2 del CPCo con relación a la cesación de los efectos del acto reclamado; siendo que ambos casos se suscitan, por una carencia de objeto procesal o materia justiciable.

1. i)Cuando se repara, se satisface o cesa la lesión al derecho fundamental por voluntad del propio demandado o autoridad superior, la tutela se torna inoportuna; produciéndose de esta forma una cesación de los efectos del acto lesivo denominado también teoría del hecho superado; y,

1. ii)Cuando desaparece el acto lesivo por voluntad del accionante o por hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de las partes, que hacen insubsistente la pretensión y la tutela resulta ineficaz, opera la desaparición del acto lesivo o teoría de la sustracción de materia.

...según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 'toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona:

1. i)el derecho de acceso a la justicia; y,
2. ii)el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal (el resaltado y subrayado es ilustrativo).

Bajo esa comprensión:

1. a)El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte; y,
2. b)El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en la acción de amparo constitucional y acción de libertad, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125 y 128 de la CPE.