Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0484/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56362-2023-113-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 91/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 562 a 568, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ilka Fátima Claros Ríos contra Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Presidente; Nancy Gutiérrez Salas, Vicepresidenta; Tahuichi Tahuichi Quispe, Dina Agustina Chuquimia Alvarado, Yajaira San Martín Crespo, Francisco Vargas Camacho y Nelly Arista Quispe, Vocales; y, Carlos Eduardo Delgado Velásquez, Autoridad Sumariante todos del Tribunal Supremo Electoral.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 y 18 de abril de 2023, cursantes de fs. 88 a 123 y 134 a 140 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Directora Nacional de Administración del Tribunal Supremo Electoral, se iniciaron en su contra dos procesos sumarios administrativos de manera paralela, ambos a denuncia de funcionarios dependientes de la Dirección a su cargo; habiendo su persona interpuesto en cada uno de ellos excepciones de incompetencia y recusación contra la Autoridad Sumariante del indicado Tribunal -ahora codemandado-.
En el caso de la excepción de incompetencia, planteó la misma en base a la lesión del debido proceso en la dimensión de juez natural, toda vez que debido a su cargo y por encontrarse el proceso enmarcado en el Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, debió aplicarse el art. 67 que establece que en caso de estar involucrados "Directores Nacionales", el Sumariante deberá ser nombrado directamente por el Ministerio de la Presidencia, y los recursos deberán ser resueltos por dicho Ministerio. En el caso de la recusación, alegó sustancialmente un trato frecuente y ameno del referido Sumariante con sus dependientes -de la Dirección a su cargo- quienes fueron sus denunciantes, extremo que contrasta con la actitud hostil, altanera y de amedrentamiento hacia su persona. Dichas excepciones fueron rechazadas por el Sumariante codemandado a través de las Resoluciones RAS-TSE-SUM 010-2022 y RAS-TSE-SUM 011-2022 de 22 de noviembre, las cuales a su vez, siendo elevadas a conocimiento de la Sala Plena del referido Tribunal, fueron confirmadas mediante las Resoluciones TSE-RSP-ADM 0441/2022 y TSE-RSP-ADM 0442/2022 de 29 de noviembre, pronunciadas por dicho colegiado, cuyo tenor es una copia inextensa y textual de las precitadas Resoluciones, que reiteran afirmaciones sin analizar el fondo de los incidentes planteados, y con elementos fuera del marco normativo legal aplicable. Así, en relación a la recusación, expresaron que conforme la , correspondía aplicar el procedimiento de recusaciones y competencia contenido en las normas que regulan el procedimiento administrativo. Y respecto de la excepción de incompetencia, que no planteó la misma en su primera intervención en el proceso.
En mérito a la continuación de ambos procesos, y pese a la prueba de descargo presentada de su parte, el Sumariante codemandado emitió en ambos procesos las Resoluciones Administrativas Sumariales RAS-TSE-SUM 001/2023 y RAS-TSE-SUM 002/2023 de 7 de marzo, las cuales de manera desproporcionada determinaron sancionarla con la destitución de su cargo como Directora Nacional de Administración del Tribunal Supremo Electoral, omitiendo pronunciarse con la debida motivación, fundamentación y congruencia, en base a afirmaciones fuera del ordenamiento legal y sin considerar sus argumentos.
En dicho contexto, el 13 de marzo de 2023, el Sumariante codemandado emitió las Notas TSE-SUM 004/2023 y TSE-SUM 005/2023 por las cuales se la notificó con la ejecutoria de ambas Resoluciones Administrativas Sumariales al haberse vencido el plazo de impugnación, haciendo notar que fue ese mismo día que su persona recién tomó conocimiento de "los mismos", por lo cual, en la misma fecha denunció hostigamiento, reclamando no haber sido notificada con las referidas Resoluciones para poder asumir defensa en el marco del debido proceso, sin que a la fecha exista pronunciamiento formal y menos escrito respecto de las denuncias de malos tratos y vulneraciones directas y flagrantes de sus derechos.
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