Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0486/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26468-2018-53-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución de 9 de noviembre de 2018, cursante de fs. 138 a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pablo Aquiles Andia Mora contra Omar Michel Durán; y, Dolka Vanessa Gómez Espada, ambos miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2018, cursante de fs. 68 a 75 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ejerciendo como Juez en el Juzgado Público, Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Pando, asumió la suplencia legal temporal del Juzgado de Sentencia de dicho departamento, en cuyas funciones fue denunciado por Eliana Ortuño Chocllo por supuestas faltas graves contenidas en el art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -presuntamente por no dictar una resolución dentro del plazo procesal-; por lo que, fue sometido a proceso ante el Juzgado Disciplinario Primero del Consejo de la Magistratura del citado departamento.
Indica que, habiéndose señalado audiencia de inspección dentro del referido proceso, concurrió a la misma, empero ésta no se llevó a cabo; sin embargo, a tiempo de apelar se enteró que dicho acto fue realizado al día siguiente de su señalamiento; por otra parte, pese a que presentó certificados de que entregó al día su despacho y que se encontraba en suplencia legal, dicha prueba no fue valorada; además debía efectuarse una audiencia para que pueda presentar el libro de tomas de razón; no obstante, ésta no se realizó; tampoco se consideró que los actuados que le fueron remitidos a su conocimiento ya se encontraban resueltos.
En la exposición de hechos indica que, encontrándose su proceso para dictar resolución, el Juez Disciplinario Primero del Consejo de la Magistratura del departamento de Pando fue cesado en sus funciones; por lo que, entró en su suplencia legal la Jueza similar Segunda; quien sin participar en la etapa probatoria, pese a que podía repetir la audiencia de inspección para materializar el principio de inmediación, procedió a dictar la Resolución Disciplinaria 22/2017 de 20 de julio sancionándolo.
Al respecto, expresa que dicha Jueza Disciplinaria pretendió que emita una resolución de radicatoria, sin corresponder tal aspecto; por cuanto, no se contaba con una remisión de antecedentes procesales, siendo que lo que se encontraba en despacho eran las pruebas y una autorización de viaje; por lo que, no correspondía deferir tal aspecto; no obstante, el Juez de Sentencia titular, constituido en sus funciones el 2 de junio -se entiende de 2017-, fue quien radicó la causa; enfatizando en que la autoridad disciplinaria que lo sancionó no intervino en la valoración de la prueba.
Contra tal Resolución presentó apelación, dando lugar a que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, emita la Resolución SD-AP 597/2017 de 23 de noviembre, la cual también carece de fundamentación y peca de omisa al no manifestarse sobre los agravios expuestos en su impugnación, los cuales fueron reclamados vía complementación y enmienda; haciendo notar que la Resolución y el Auto de aclaración fueron emitidos con fechas muy distantes; asimismo, añade que en esa instancia no se valoraron las circunstancias eximentes de responsabilidad como el hecho de que la resolución que se acusa de morosa, fue dictada en suplencia legal, debido a que era imposible llevar adelante dos juzgados; además que, no se manifestó sobre el hecho de que la resolución fue dictada más allá de lo permitido al pretender que se dicte una resolución de radicatoria; tampoco sobre el hecho de que la audiencia se llevó a cabo en una fecha diferente, aspectos que no fueron considerados por la Jueza Disciplinaria; por cuanto, no conocía la prueba, y menos hubo un pronunciamiento sobre la búsqueda de la verdad material.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela considera vulnerados sus derechos al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva en su elemento al acceso al recurso sencillo y efectivo como al valor justicia, derecho a la defensa, al juez natural vinculado al principio procesal de inmediación, citando al efecto los arts. 13.I, 109.I, 115, 117.I, 119.II, 128, 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo:
- a)El restablecimiento de sus derechos dejándose sin efecto las Resoluciones 22/2017 y SD-AP 597/2017 y su Auto de aclaración de 24 de enero de 2018; y,
- b)Se disponga que el Juez Disciplinario pueda llevar adelante una nueva fase probatoria que le permita dictar una sentencia conforme al principio de inmediación, así como la condenación en costas, daños y perjuicios. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 134 a 137, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte peticionante de tutela ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de demanda constitucional y ampliándola manifestó que:
- 1)Respecto al informe presentado por las autoridades demandadas, un juez suplente no puede dictar resolución en medio proceso, y si bien no debía repetirse el mismo, mínimamente debió buscarse la verdad material, repitiendo la audiencia de inspección judicial y llamar a prueba testifical de ambas partes, hechos que se denunciaron en apelación, aspectos que no se constituyen en revalorización de la prueba o la pretensión que mediante la acción tutelar planteada se pretenda una tercera instancia, sino se dé respuesta a lo solicitado en apelación;
- 2)Fue sancionado por la prueba de inspección judicial, misma que la autoridad disciplinaria no conoció;
- 3)La denuncia radicaba en la presunta comisión de dos faltas disciplinarias que tienen en común la demora en el tiempo -en emitir resoluciones-; sin embargo, es liberado de una y sancionado por otra, aspectos que hacen que la Resolución sea omisa y no se refiera a lo acaecido en el proceso disciplinario; y,
- 4)La Sala Disciplinaria no actuó con responsabilidad, debido a que hizo referencia en un parágrafo a elementos que no tenían relación con su proceso disciplinario.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Magistratura, por informe escrito, cursante de fs. 130 a 133, manifestaron lo siguiente:
- i)La acción de defensa carece de técnica recursiva, debido a que no es suficiente señalar los antecedentes o mencionar que no se respondieron los puntos de apelación, sino que debió indicarse el nexo de causalidad entre esos puntos y el derecho vulnerado;
- ii)La acción de amparo constitucional es planteada como si fuera un recurso más o un mecanismo para eludir la sanción disciplinaria;
- iii)Las autoridades de entonces procedieron a resolver todos los puntos de agravios planteados, con la debida fundamentación y motivación, que si bien no resulta ampulosa, es comprensible, cumpliendo todos estos aspectos circunscribiéndose a los hechos relevantes para la determinación de la responsabilidad por la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la LOJ; y,
- iv)El accionante no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para revalorizar la prueba adjunta en el proceso ordinario; motivos por los cuales, solicitan se deniegue la tutela impetrada.
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