Texto del fallo
Texto de la resolucion
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de amparo constitucional
Expediente: 26468-2018-53-AAC Departamento: Pando
Partes: Pablo Aquiles Andia Mora contra Omar Michel Durán; y, Dolka Vanessa Gómez Espada, ambos miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
La suscrita Magistrada, si bien comparte la decisión adoptada en la , que resolvió: "CONFIRMAR en parte la Resolución de 9 de noviembre de 2018, cursante de fs. 138 a 139, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Cobija del departamento de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al debido proceso en su elemento de congruencia, deponiendo en consecuencia dejar sin efecto la SD-AP 597/2017 de 23 de noviembre y su Auto de aclaración de 24 de enero de 2018, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva Resolución subsanando los defectos procesales advertidos. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a un recurso sencillo y efectivo, así como al valor justicia, derecho a la defensa, al juez natural vinculado al principio procesal de inmediación; y, a la solicitud de dejar sin efecto la Resolución 22/2017 de 20 de julio -de primera instancia- y sus implicancias, como la pretensión de imposición de costas, daños y perjuicios, conforme a los razonamientos expuestos ut supra"; bajo el fundamento de que el fallo impugnado solo incurrió en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; sin embargo, disiente en cuanto a los fundamentos y análisis de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, porque conforme a la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos del presente voto disidente, debió concederse la tutela solicitada, con relación al debido proceso en su elemento de congruencia, motivación y fundamentación disponiendo en consecuencia dejar sin efecto la SD-AP 597/2017 de 23 de noviembre y su Auto de aclaración de 24 de enero de 2018, a objeto de que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución subsanando los defectos procesales advertidos; a este efecto se realiza el siguiente análisis:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
De los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de defensa, que se constituyen en la causa para solicitar el resguardo de los derechos invocados por el accionante, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:
El impetrante de tutela denuncia la lesión a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a un recurso sencillo y efectivo, así como al valor justicia, derecho a la defensa, al juez natural vinculado al principio procesal de inmediación; toda vez que dentro del proceso disciplinario desarrollado en su contra, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, por Resolución SD-AP 597/2017 de 23 de noviembre, no se pronunciaron sobre los agravios expresados en su recurso de apelación; no obstante de haberse solicitado complementación y enmienda.
En consecuencia, para una mejor comprensión de los fundamentos jurídicos de la presente disidencia, los ejes temáticos que motivan el análisis para resolver la problemática planteada, son los siguientes:
II.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
Sobre el derecho al debido proceso, corresponde señalar que este se encuentra contemplado en el art. 115.II de la CPE el cual establece que: "II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", el cual se encuentra relacionado con el principio de congruencia, sobre el cual corresponde señalar que, en la : "...debemos referirnos al principio de congruencia, teniendo en cuenta que es el accionante quien denuncia su vulneración; al respecto con relación a la congruencia como un elemento que configura el debido proceso, la jurisprudencia constitucional a través de la , siguiendo la línea jurisprudencial sobre el alcance de este principio indicó que: "El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo.
(...)
En ese contexto la , ha señalado: 'El principio de congruencia adquiere manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador.
(...)
De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'".
En ese contexto la jurisprudencia constitucional, concluyó que la congruencia como componente del debido proceso se clasifica en varios tipos y/o categorías, en ese sentido la , refirió que: "De otra parte, (...), se indica que: '...la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia "ultra petita" en la que se incurre si el Tribunal concede "extra petita" para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; "citra petita", conocido como por "omisión" en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc." (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)"'.
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