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TCP

0487/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0487/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 52981-2023-106-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 08/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 324 a 327, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manuela Martha Mamani Quispe contra Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante a fs. 220 y 309 a 312 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tras haber sido víctima de agresiones que pusieron en riesgo su vida, el 31 de mayo de 2022, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público, contra Luis Fernando Salgado Cusi -su esposo-, causa que fue asignada Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia -hoy demandado-; durante la fase preliminar se reunieron distintos elementos de convicción, entre ellos:

  1. a)Certificado médico forense IDIF:IFDIF/MEDFOR/LPZ-3893/2022 de 31 de mayo, que acreditó lesiones recientes con cuatro días de incapacidad;
  2. b)Su declaración informativa, de 31 de mayo de 2022;
  3. c)Actas de medidas de protección de 3 y 27 de junio del citado año, dictadas por la autoridad jurisdiccional;
  4. d)Declaraciones de sus tres hijas menores de edad obtenidas en cámara Gesell; y,
  5. e)Informe psicológico Cite: SMEDS/DDM/SLIM- 1/JAMP - 75/2022 de 28 de junio, emitido por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.

Más adelante, el 16 de agosto de 2022, solicitó la emisión de imputación formal contra Luis Fernando Salgado Cusi; sin embargo, el Fiscal de Materia demandado se limitó a responder que lo expuesto sería considerado al momento de dictar la resolución correspondiente, sin justificar la ausencia de un pronunciamiento inmediato ni atender los principios de celeridad y protección reforzada en casos de violencia contra la mujer, en los que su seguridad se encontraba en peligro.

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