Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 58356-2023-117-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 18/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 109 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erik Brayan Nowak Delgadillo en representación sin mandato de Álvaro Wily Marca Flores contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2023, cursante a fs. 2 y 59 a 64, el accionante a través de su representante, manifestó los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia de AA por la presunta comisión del delito de violación, el 3 de marzo de 2023, se llevó a cabo audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde se determinó la concurrencia del elemento material previsto en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en el elemento formal la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 de la norma adjetiva penal, este último ya enervado.
Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarándose el mismo procedente y revocando lo descrito en el art. 232.2 del citado Código.
Posteriormente, el 18 de agosto del mismo año, se celebró audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitada por su persona, donde se desvirtuó uno de los elementos que configuraron el art. 234.7 del CPP; asimismo, se estableció que ya no concurría el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 de la señalada norma procesal penal; quedando latente el peligro de fuga y la probabilidad de autoría; por lo que, la autoridad jurisdiccional aceptó la cesación a la detención preventiva, ordenando seis puntos específicos a cumplir y permitiendo que se defienda en libertad. Contra dicha determinación, el Ministerio Público y la representante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), presentaron recurso de apelación incidental; el cual fue resuelto por Auto de Vista de 1 de septiembre de 2023, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, fallo que es vulnerador de sus derechos; toda vez que, el abogado de la víctima señaló aspectos que ni siquiera formaron parte de los riesgos procesales; asimismo, el Ministerio Público cuestionó que no podría tomarse en cuenta las contradicciones en la declaración de la víctima con relación a la llamada que recibió por parte del imputado; en consecuencia, los Vocales demandados en el Auto de Vista, señalaron que no se habría desvirtuado por parte de la defensa, la totalidad del art. 234.7 del CPP, y que la autoridad jurisdiccional, al considerar y determinar que ya no concurre el riesgo del art. 235.2 del citado Código, se habría basado en la Certificación emitida por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por el que se acreditó que el imputado estudiaba en otra carrera, y que ya en el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, se había señalado que los testigos eran objeto de amedrentamientos, amenazas; por lo que, se evidenciaría la existencia de amedrentamiento; además, los elementos de prueba presentados no serían nuevos que desvirtúen los riesgos que la fundaron; el Auto de Vista supra mencionado, incorporó el riesgo de obstaculización; y, refirieron que el mismo, no se fundó en el hecho de que el imputado era funcionario de la Federación Universitaria Local (FUL) o que era estudiante de la misma carrera, sino que establecieron la concurrencia sobre la base del hecho que estas personas "testigos" a través de terceras personas fueron objeto de amedrentamiento o amenazas; concluyeron indicando que, la Resolución de 18 de agosto de igual año, incurrió en falta de motivación, porque no explicó cuál es la relación causa y efecto, cuál es la conexitud en los nuevos elementos o los motivos que fundaron la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, lo que implicaría que esa fundamentación y motivación es arbitraria, por lo que se incurría en incongruencia que viene de la mala valoración probatoria.
Por ello, el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2023, es atentatoria y vulneradora de derechos, ya que únicamente analiza en parte y a conveniencia el Auto apelado de 18 de agosto de similar año, siendo que la fundamentación para desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, respecto al peligro de obstaculización utilizado por la defensa, fue el hecho de haberse ya recepcionado las declaraciones testificales; en ese entendido, se tiene que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Vocal hoy demandado, procedió a no realizar una valoración completa del párrafo en su integridad respecto a la valoración otorgada por el Juez a quo, sino más bien el mismo de manera subjetiva y utilizando ciertos argumentos, es que decide declarar procedente el recurso de apelación; y en consecuencia, revocar el Auto de 18 de agosto de 2023, sin una valoración total e igualitaria, que establece el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) al determinar el debido proceso, en sus vertientes de igualdad jurídica de las partes, así como la motivación y fundamentación.
Por otra parte, acompaña en calidad de prueba el Auto de 7 de septiembre de 2023, por el que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, notificó con la orden de emisión de un nuevo mandamiento de detención preventiva en su contra en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, encontrándose el señalado mandamiento; de forma indebida en ejecución, el cual emerge del Auto de Vista cuestionado.
I.1.2. Derechos y a garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y a un juez imparcial; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116 y 117.II de la CPE.
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