0488/2021-S1

Así, se ordenó que se realicen actos investigativos que se encontrarían pendientes de ejecución como:

1. a)Se solicitó efectuar una "Pericia Documentologico" a efectos de determinar la falsedad de los documentos y su incidencia en los delitos denunciados sin previamente haberse pronunciado sobre hechos y elementos probatorios que cursan en antecedentes como son la confesión judicial provocada del denunciante Marcelo Claros Vaca donde afirma haber otorgado -previa lectura y suscripción- el Poder Notarial 279/2002 de 7 de octubre, a favor de Elva Claros de Ayala, revelando de esta manera que la denuncia penal es falsa, elemento probatorio que se produjo dentro la demanda civil de anulabilidad de contrato y otro radicado en el Juzgado Público Civil Décimo Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz que contiene los mismos argumentos y fundamentos que la denuncia penal en curso, instancia civil que declara improbada la demanda mediante sentencia confirmada a su turno por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el Tribunal Supremo de Justicia, factores probatorios que en definitiva demuestran que es innecesaria pericia alguna ya que ante "CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBA" (sic); así también respecto a la afirmación falsa que cuando se emitió el Poder Notarial 279/2002 no se encontraba en Bolivia sino residiendo en España, aspecto que fue desmentido por el flujo migratorio de 27 de diciembre de 2016, que acreditó que recién salió del país el 8 de marzo de 2004;
2. b)Existen actuaciones investigativas realizadas y elementos de prueba dentro del cuaderno de investigaciones que al momento de emitir la Resolución que es objeto de la presente acción de defensa no fueron consideradas como aquellas que acreditan la existencia real y física del Poder Notarial 279/2002 además de que no sufrió modificación alguna, ya que desde un comienzo se exhibió el primer testimonio luego los segundos testimonios presentados en originales corroborándose que estos no tienen ninguna alteración o borrón;
3. c)Se ordena emitir requerimiento fiscal a Elva Claros de Ayala para que exponga el recibo firmado por Marcelo Claros Vaca de la supuesta recepción de $us10 000.- (diez mil dólares norteamericanos) como parte del pago del inmueble mencionado para su posterior estudio pericial, información desconocida que carece de justificación probatoria cuando en los hechos no existe dicha literal haciendo imposible que se lo exponga; máxime si no se valoró la entrega de la suma de dinero señalada precedentemente acreditada mediante contrato de anticresis de 25 de enero de 2000, reconocido en sus firmas ante Notaria de Fe Pública 74 sobre el bien inmueble ubicado en el Barrio Los Tusequis, UV. 75 Mza. 18 Lote 3; documento que se menciona en el proceso y cursa en el cuaderno de investigaciones; por lo que, no existe motivo legal para realizar pericia alguna y menos aun cuando este documento no existe;
4. d)Su persona manifestó dentro la fase investigativa que Marcelo Claros Vaca, no podía devolverle su capital anticrético ofreciéndole que compre o venda el referido inmueble; motivo por el cual, le extiende el Poder Notarial 279/2002 con facultades amplias de venta procediéndose a concretar dicha transferencia a su favor el 16 de julio de 2003, pagándose el precio de $us20 000.- (veinte mil dólares norteamericanos) suscribiendo testimonio de ello por Marcelo Claros Vaca y el abogado David Olguín Pereira un recibo de constancia de recepción por concepto de pago total del inmueble de 16 de julio del 2003, esto porque al momento de la entrega del dinero no se pudo confeccionar la minuta de transferencia correspondiente; literal que fue objeto de emplazamiento de firmas ante autoridad competente donde el prenombrado negó dicha firma ordenándose realizar una pericia documental que generó el dictamen de 28 de marzo de 2017, elaborado por el perito Cristian Sánchez Rodríguez del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) que concluyó por la autenticidad de la firma del referido emplazado posteriormente declarada judicialmente por Auto de 19 de junio de 2017, pronunciado por el Juez Público Civil Vigésimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; extremos que demuestran que la resolución jerárquica objeto de tutela carece de fundamento y motivo sustentable y racional para exigirle la exhibición de un documento inexistente así como un nuevo dictamen pericial sobre el recibo de constancia de pago de $us20 000.- de 16 de julio del 2003, cuando ya se cumplió con dicho examen especializado que fue confirmado en su resultado mediante resolución judicial así como del contrato de anticresis de 25 de enero de 2000, que tiene reconocimiento de firmas notariado y que no fue denunciado como falso;
5. e)Sobre la supuesta ausencia de valoración objetiva de hechos investigados en función a la manera "...en que ocurrieron y la propia ampliación realizada sobre un posible hecho de agresión a objeto de determinar quién o quienes pudieron haber intervenido en ese hecho..." (sic) se tiene que la denuncia escrita contra su persona posteriormente fue ampliada contra Eunice Aramayo Mercado -Notaria de Fe Pública 23 donde Marcelo Claros Vaca otorgó el Poder Notarial 279/2002-, Paola Regina Tuero Paniagua -Notaria de Fe Pública 107 que realizó el reconocimiento de firma de transferencia del inmueble mediante Poder Notarial 279/2002-, Macrina Teresa Viscarra Maldonado -abogada quien firmó la transferencia de inmueble de 17 de octubre de 2016-, ampliación que fue objeto de Resolución de Rechazo de Denuncia de 15 de diciembre de 2017, en favor de las referidas Notarias de Fe Pública, situación que acredita que existe un pronunciamiento y valoración objetiva sobre el hecho investigado y sobre la supuesta participación de otros denunciados que fueron excluidos del proceso penal acreditándose de esta manera que no se fundamentó ni motivó hechos y elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigación; y,
6. f)Sobre la orden que se emitan directrices destinadas a recabar mayor información sobre los hechos ocurridos y cumplir con las actuaciones procesales necesarias que sean conducentes a la averiguación de la verdad histórica de los hechos se evidencia que dicha labor ya se cumplió; tal es así que, se descubrió que la denuncia interpuesta, es falsa y temeraria; motivo por el cual, no existen más elementos por recolectar, ni diligencias por realizar, y que los elementos obtenidos son insuficientes para realizar una imputación; por ende, se emitió las Resoluciones de Rechazo de Denuncia de 15 de diciembre de 2017 en favor de Eunice Aramayo Mercado, Paola Regina Tuero Paniagua y Macrina Teresa Viscarra Maldonado y la de 27 de junio de 2018 que lo deslinda de una investigación penal.