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TCP

0490/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de agosto de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0490/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0490/2019-S3 Sucre, 26 de agosto de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 28290-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 63 de 22 de marzo de 2019, cursante de fs. 704 vta. a 712 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana Villarroel Cadima contra Salomón Morales Fernández, Director Departamental de Educación de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 y 18 de febrero de 2019, cursantes de fs. 288 a 292 y 296 a 297 vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 20 de agosto de 2018, fue citada con Auto Inicial -de Proceso Disciplinario del mismo mes y año, emitido por el Tribunal Disciplinario del Distrito de Educación-Santa Cruz II; mismo que carece de fundamentación y motivación porque solo cuenta con una relación sucinta de denuncias efectuadas, que llevaron a iniciarle proceso disciplinario, señalando supuesta comisión de la "falta (...)".

Posteriormente, el 10 de octubre de 2018, fue notificada con el Auto "Final" -siendo lo correcto Auto Definitivo del Proceso Disciplinario- 01/2018 de 9 de octubre, que también carece de motivación y fundamentación, tanto de hecho como de derecho; toda vez que, no existe prueba para sancionarla por la falta procesada, ya que el citado Auto Definitivo argumentó que en virtud a las pruebas aportadas se demostró que en calidad de sumariada no otorgó el beneficio de lactancia a Olimpia Prima Berrios Quino y que por ambas pruebas cometió la falta de reincidencia voluntaria tipificada como grave prevista en el art. 10 inc. a) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo -Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993-, cuando de la prueba a la que hace referencia el Tribunal Disciplinario del Distrito de Educación-Santa Cruz II, se verificó que consiste en denuncia de la prenombrada recibida el 17 de abril 2018, en la que señaló que se le privó del derecho a la lactancia; es decir, no tomaron en cuenta que la denuncia jamás puede tomarse como prueba. Respecto a la otra documental, se traduce en un reporte de planilla de marzo de igual año, que no demuestra nada en relación a la supuesta falta cometida, misma que señala: "...'La reincidencia voluntaria en la faltas leves'" (sic); ya que para que pueda considerarse como reincidencia, tiene que haber mínimamente dos memorándums de llamada de atención por falta leve de trato descortés y despótico a sus dependientes, según se tiene del citado Reglamento, demostrándose que se vulneró el debido proceso en su elemento a la fundamentación del Auto Definitivo pronunciado.

En cuanto a la falta grave descrita en el art. 10 inc. k) del mencionado Reglamento, por el que supuestamente su persona habría apercibido en público a Oswaldo Saldías, sancionándole en virtud a la prueba de "fs. 2"; hizo notar que la misma consiste en denuncia del prenombrado, remitida a la célula sindical de la Unidad Educativa; reiterando que una denuncia no puede tenerse como prueba.

En relación a la prueba testifical de cargo, afirmó que ninguna de las declaraciones de los denunciantes hizo referencia a la supuesta falta por la que le sancionan.

La Resolución Administrativa (RA) 301/2018 de 5 de diciembre, emitida por el Director Departamental de Educación de Santa Cruz, realizó únicamente una transcripción de los antecedentes y una copia de la normativa, sin responder a ninguno de los puntos expresados en el recurso jerárquico, en el que denunció:

  1. a)La irregular conformación del Tribunal Disciplinario del Distrito de Educación Santa Cruz-II, porque no se adecuó a la norma legal prevista en el art. 21.1 del Decreto Supremo (DS) 25273 de 8 de enero de 1999, habiéndose remitido para tal efecto la certificación de conformación del Tribunal de 30 de octubre de 2018, librada por el Presidente de la Junta Distrital de Padres de Familia, prueba de reciente obtención que al tenor del art. 90 del DS 27113 de 23 de julio de 2003, debió ser considerada y respondido el agravio;
  2. b)La incorrecta tramitación de la causa al conexar distintas denuncias en una sola;
  3. c)La errónea apreciación y valoración de la prueba inexistente para fundar una sanción y,
  4. d)La tipificación empleada en la sanción, misma que no guarda relación con lo obrado en la tramitación de la causa disciplinaria; no contando con fundamentación jurídica ni actividad intelectiva valorativa; por lo que, dicha Resolución vulneró su derecho, garantía y principio del debido proceso.

De igual manera, señaló que la RA 301/2018 contiene dos errores trascendentales e insubsanables:

  1. 1)En el Considerando IV citó jurisprudencia constitucional referida a "...'SSTC 201/1989, 173/1990 y 229/1991 y STS de 21 de Enero, 11 de Marzo y 25 de Abril de 1988 y 17 de Enero de 1991'...'' (sic), misma que no existe ya que el Tribunal Constitucional de Bolivia se creó en la reforma constitucional de 1994 y empezó sus funciones en 1999 y,
  2. 2)La Resolución Administrativa precitada, se resolvió como si se hubiera planteado contra la RA 02/2018 de 9 de octubre, emitida por el Tribunal Disciplinario antedicho; sin embargo, la resolución correspondía a la 01/2018 por la que se le sancionó con el descenso a un cargo inferior, no habiéndose declarado probadas las denuncias ni culpable a su persona.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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