Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0491/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 74457-2025-149-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución S-107 de 30 de mayo de 2025, cursante de fs. 89 vta. a 93, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Joaquín Aguilera Cirbian, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz en suplencia legal, contra Carlos Alberto Eguez Añez y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 15 de noviembre y 16 de diciembre de 2024, cursantes de fs. 47 a 55 y 60 a 61 vta., el accionante, a través de sus representantes, señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda laboral por reincorporación seguida contra el GAD de Santa Cruz, a instancias de Isabel García Ipamo, iniciada el 2 de marzo de 2017, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Cuarto del referido departamento, emitió Sentencia de 2 de febrero de 2012, declarando probada la demanda disponiendo la inmediata reincorporación de la trabajadora a su fuente laboral en el cargo de Profesional 4, Item SP1404, nivel salarial II de la Dirección de Recursos Naturales no Renovables en Territorios Indígenas del GAD de Santa Cruz, o en su caso a un cargo similar de otra Dirección o Secretaría dependiente de la misma entidad y con el mismo nivel salarial.
Dicha determinación fue confirmada en apelación y posteriormente recurrida en casación, reclamando que no se había interpretado correctamente la norma vigente establecida para ese tipo de situaciones, como era el art. 2.II del Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, que modificó el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, mencionando de manera incorrecta el mencionado artículo, que no se encontraba vigente desde el 18 de junio de 2008; al igual que el art. 7 del DS 3462 de 18 de enero de 2018, que tampoco se encontraba vigente al momento de la desvinculación de la ex funcionaria pública provisoria.
El , emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación, sin considerar ni resolver los puntos reclamados en el recurso de apelación, mucho menos analizando o valorando la prueba adjuntada.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos motivación y valoración razonable de la prueba, vinculada a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y arts. 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia:
- a)Se deje sin efecto el Auto Supremo 177, dictado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; y,
- b)Se ordene a las autoridades demandadas, a emitir nueva resolución con los argumentos teóricos, normativos y jurisprudenciales que den sustento al fallo, tomando en cuenta cada uno de los puntos argumentados en el recurso de apelación planteado por la parte accionante, así como una correcta valoración de la prueba aportada al proceso.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 30 de mayo de 2025, según consta en acta de audiencia cursante de fs. 85 a 89 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de sus representantes, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:
- 1)Isabel García Ipamo -hoy tercera interesada-, fue desvinculada del GAD de Santa Cruz, quien tenía calidad de funcionaria provisoria; empero, presentó un memorial haciendo conocer que era tutora de su hermana con una discapacidad superior al 50%; adjuntando una fotocopia simple del carnet de discapacidad de su hermana como prueba, documento con el que inició el proceso de reincorporación en la vía ordinaria;
- 2)Evidentemente se acreditó la relación de parentesco entre la tercera interesada y su hermana; sin embargo no se demostró que hubiere asumido la responsabilidad de ella, a través de la declaración de tutoría dispuesta por sentencia judicial, o que la hermana hubiere sido declarada interdicta; circunstancias que no fueron consideradas por los tribunales ordinarios en ninguna instancia, incurriendo en una indebida valoración de la prueba;
- 3)Las autoridades demandadas consolidaron la determinación asumida de reincorporación y el pago de sueldos devengados que sumaban más de Bs800 000.- (ochocientos mil bolivianos); alegando una inamovilidad que fue dispuesta solo para beneficiar a los padres o tutores de una persona incapaz;
- 4)El , ahora cuestionado, basó su decisión en una prueba inexistente dentro del cuaderno procesal, lesionando el debido proceso; haciendo referencia al art. 65 del Código de la Familia (CF) y el art. 5 del DS 29608, señalando que la actora había presentado documental que acreditaba que se encontraba a cargo de su hermana con discapacidad; sin embargo no identificaron cuál fue esa prueba que utilizaron para afirmar lo mencionado; es decir, que esa lesión se fue arrastrando en las diferentes etapas de las vías administrativa y judicial, donde se hizo valer una fotocopia simple del carnet de discapacidad de su hermana, para acreditar su relación de tutoría, en lugar de presentar una resolución judicial; y,
- 5)Al no existir el requisito exigido por la normativa para una inamovilidad, el Auto Supremo no podía basar su determinación en una prueba inexistente.
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