0492/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0492/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27460-2019-55-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 01/2019 de 31 de enero, cursante de fs. 280 a 289, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Chungara Bejarano contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Alejandra Ortíz Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 de enero de 2019, cursante de fs. 44 a 56, y subsanación de 23 del mismo mes y año (fs. 134 a 140), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por el Ministerio Público a denuncia de Freddy Ricardo Antelo Saavedra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, afirma que el hecho objeto de imputación en contra suya, requerida por el Ministerio Público el 12 de junio de 2016, consistiría en el control inadecuado sobre la ejecución de la obra "Construcción Defensivos y Gaviones en el Área de la Cuenca del Río Guadalquivir en el municipio de San Lorenzo", dentro del cual cumplía las labores de Fiscal de Obras, constituyendo como actos concretos desde la orden de proceder de 10 de febrero de 2006 hasta la entrega definitiva mediante acta de 28 de septiembre de igual año; en consecuencia, el último hecho antijurídico atribuido a él se hubiera suscitado el 28 de septiembre citado, con la firma del acta de recepción definitiva, en el que consta su participación como último acto del proyecto.

Con dichos antecedentes, el 22 de junio de 2017, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, debiendo computarse el término de la misma desde la media noche del 28 de septiembre de 2006 hasta el 28 de septiembre de 2014, momento en el cual quedó extinguida la acción penal en su contra, ello tomando en cuenta que la pena mayor corresponde al delito de conducta antieconómica en la cantidad de seis años de presidio y que por tanto prescribe a los ocho años, conforme al art. 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP).