0492/2022-S3

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

1. a)La nulidad de la Sentencia 20 de 28 de febrero de 2020 y del Auto de Vista 274 de 28 de octubre de igual año, declarando la nulidad de obrados a fojas cero y se realice una nueva demanda cumpliendo con los requisitos de ley; y,
2. b)Se condene a los Vocales ahora accionados y Juez hoy coaccionado al pago de costas procesales, así como al pago de daños y perjuicios, con llamada de atención.

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. 1)No está pidiendo la revalorización de la prueba sino el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales vulnerados, sobre todo el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y seguridad jurídica;
2. 2)La Sentencia 20 se basa en dos puntos principales, en la inspección ocular donde una testigo manifestó que su persona ocupó el bien inmueble de manera reciente, la cual coincidiría para el Juez hoy coaccionado con la declaración del testigo de cargo; siendo más bien contradictorias con lo consignado en el Acta de Audiencia de Inspección Judicial de 16 de julio de 2019, ya que la testigo no indicó que estuviera en posesión de manera reciente, sino que estaba en posesión hace más de dos años;
3. 3)No se estableció la fecha en que se produjo la eyección, porque ni el testigo de cargo menos el ahora tercero interesado, señalaron la hora y la forma en que se efectuó, refiriendo que solamente se hizo una barda, la cual tampoco coincide con la declaración de la testigo en la mencionada inspección judicial, quien indicó que su persona se encontraba en posesión del bien inmueble hace más de dos años y medio, lo cual contradice la conclusión del Juez hoy coaccionado, de que se ocupó de "manera recién" el predio;
4. 4)Aparte de ello, la citada autoridad judicial se basó en una conjetura, en sentido, de que se quiso demostrar el derecho a la propiedad; sin embargo, ese extremo no se encuentra en tela de juicio;
5. 5)En el recurso de apelación puso en conocimiento de los Vocales ahora accionados de que existía un proceso penal con medidas cautelares contra el hoy tercero interesado, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, de modo que el Tribunal de apelación podía analizar esa situación, no como un elemento de prueba que no se valoró en primera instancia, sino como una prueba en el marco del principio de verdad material y no avocarse solamente a realizar un resumen de esa Sentencia, citando artículos totalmente genéricos, ya que en ningún momento ingresaron a analizar si el Juez hoy coaccionado valoró correctamente la prueba, o si en dicha labor respetó los derechos y garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad de las partes;
6. 6)Los Vocales ahora accionados tampoco fundamentaron el referido Auto de Vista, limitándose a mencionar que no se presentó la documentación respaldatoria, sin tomar en cuenta que la pretensión no era demostrar el derecho propietario o el mejor derecho de propiedad, sino la mala valoración de la prueba que se efectuó, vulnerándose de esa manera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, a la defensa y a la igualdad de las partes; además que, no dieron respuesta a todos los puntos formulados en dicho recurso, confirmando únicamente la señalada Sentencia con una fundamentación amplia y genérica sin puntualizar el contenido de la misma, los cuales deben ser corregidos a través de la acción de defensa; y,
7. 7)Reiteró el petitorio de que se anule la citada Sentencia y el Auto de Vista 274, y se anule obrados hasta la audiencia de inspección ocular, condenando a los Vocales hoy accionados y Juez ahora coaccionado, al pago de costas, más daños y perjuicios; además de que se deje sin efecto la orden de desapoderamiento emitida por el Juez hoy coaccionado.

Miriam Rossell Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 30 de abril de 2021, cursante a fs. 530 y vta., manifestó que:

1. i)Es evidente que la mencionada Sala dentro del proceso de interdicto de recobrar la posesión seguido por el hoy tercero interesado contra la accionante, dictó el Auto de Vista 274 conforme a lo previsto por el art. 265 del CPC, el cual fue emitido de manera clara, concreta y precisa de acuerdo a los agravios expuestos en el recurso de apelación; asimismo, reúne los elementos del debido proceso, fundamentación, motivación y congruencia, según lo establecido por el art. 115 de la CPE con relación al art. 213 del CPC;
2. ii)Se tomó en cuenta el principio de verdad material conforme a los agravios expresados por el ahora tercero interesado, concluyéndose que el Juez hoy coaccionado realizó una correcta valoración de la prueba, aplicando correctamente la normativa, indicando que el interdicto es un proceso especial que tiene la finalidad de adquirir, retener y recobrar la posesión o evitar obra nueva perjudicial o daño temido;
3. iii)De igual forma, se evidenció que la accionante no aportó prueba idónea ni documentos originales para hacer prevalecer sus derechos reclamados; así también, la supuesta falsedad de documento privado, no tenía ningún respaldo jurídico como un auto de imputación del hecho, acusación formal o sentencia condenatoria, por lo que esa situación no puede convalidarse por la simple enunciación;
4. iv)Se demostró que la accionante vendió el bien inmueble al ahora tercero interesado y posteriormente lo despojó de su posesión, faltando a su obligación como vendedora de entregar la cosa; razón por la cual confirmaron la Sentencia 20; y,
5. v)La accionante en la acción de defensa no señaló de manera clara, concreta y precisa, cuáles son los elementos del debido proceso que fueron vulnerados, tomando en cuenta que el debido proceso es una garantía constitucional y "no un derecho" conforme lo establece el art. 115 de la CPE, por cuanto, corresponde su denegatoria.

Edwin Raya Márquez a través de su abogado manifestó que:

1. a)La accionante en su acción de defensa acusa que el Juez ahora coaccionado no valoró de manera correcta las pruebas, incurriendo en contradicciones con relación a la declaración que realizó una testigo en la audiencia de inspección ocular, así con la del testigo de cargo propuesto, dando a entender que solamente se estaría cuestionando a través de la acción de defensa, la errónea valoración de la prueba;
2. b)Al respecto la SC "1626/2011-R", estableció que no se puede realizar una nueva valoración de la prueba, ya que sería invadir la esfera privativa de otras jurisdicciones, desnaturalizando la acción tutelar, puesto que la valoración de la prueba es una facultad privativa de la autoridades judiciales, quienes en virtud al principio de inmediación entran en contacto directo con las partes y las pruebas presentadas;
3. c)La regla anterior admite subreglas excepcionales que deben ser debidamente fundamentadas por los accionantes, siendo las siguientes:
4. 1)Se debe fundamentar de manera clara y precisa, cuál es el error de hecho y de derecho en que incurrió el juzgador y de qué manera se manifiesta en la resolución cuestionada;
5. 2)El referido error tenga relevancia constitucional; es decir, su incidencia directa en la vulneración de un derecho fundamental; y,
6. 3)Se fundamente cuáles son los marcos legales de razonabilidad y equidad que no cumplió el juzgador y la interpretación que correspondía, aspectos que no fueron acreditados;
7. d)La accionante alegó la vulneración del derecho a la defensa; en razón a que, no se la citó con la demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, y al debido proceso, ya que se valoró el contrato de compraventa celebrado en "1996", por el que la accionante le vendió el bien inmueble, incurriendo en la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por cuanto el Juez hoy coaccionado declaró probada la demanda de interdicto de recobrar la posesión, y la accionante interpuso el recurso de apelación contra la Sentencia 20, para que revise los puntos reclamados; empero, en ninguna de sus partes de ese recurso alegó que la lesión de su derecho a la defensa por falta de citación con la demanda preliminar; por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede analizar esa situación;
8. e)Con relación a la denuncia de falsedad del contrato de compraventa del bien inmueble, se debe indicar que el proceso civil tiene etapas vinculadas al principio de preclusión previsto por los arts. 16 y 17 de la LOJ, que establecen, que si el titular del derecho no ejerce su derecho dentro de los límites establecidos por la ley, éste precluye, entonces la oportunidad válida que tienen las partes para acusar la falsedad de un documento o de una prueba introducida en el proceso, es hasta el momento de contestar a la demanda y promover en esa etapa procesal el incidente de falsedad del documento, lo cual fue advertido por los Vocales ahora accionados al momento de resolver el referido recurso indicando que la accionante no promovió dicho incidente en su oportunidad, no por negligencia sino porque sabía a cabalidad que el contrato de compraventa no es falso;
9. f)Si bien la nombrada promovió una demanda penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado; sin embargo, dicha denuncia terminó con una resolución de rechazo, siendo impugnada por la accionante, por ello, la "fiscalía de distrito" revocó esa determinación para que previamente se investigue un poco más y se realice la pericia, la cual efectuada en dicho proceso penal se concluyó que la firma estampada en ese documento era de la accionante, por ese motivo, la indicada pericia se adjuntó a la acción de defensa como prueba de descargo;
10. g)La accionante no cumplió con la carga argumentativa para que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al análisis excepcional de la prueba; asimismo, se advierte que el Juez hoy coaccionado, si valoró la prueba, y los Vocales ahora accionados cumplieron con el deber de motivación;
11. h)Dentro del presente caso, la accionante aparte de la prueba documental que supuestamente acredita su derecho de propiedad, no ofreció testigos ni promovió confesión provocada, tampoco participó en la audiencia del proceso posesorio; es decir, no ofreció ningún otro medio de prueba, por cuanto, el Juez hoy coaccionado valoró el Acta de Audiencia de Inspección Judicial -de 16 de julio de 2019- en la que una vecina del lugar declaró que la accionante recién llegó a la zona;
12. i)La nombrada afirmó que nunca le vendió el lote de terreno; empero, llegó recién el "2019", verificándose ese aspecto con la construcción de la barda que ésta realizó, lo cual fue confirmado por la vecina, en sentido de que recientemente entró y construyó esa barda impidiéndole la posesión del bien inmueble, extremo que evidencia que su persona estuvo en posesión del predio anteriormente, corroborado con las imágenes del video, porque cuando se grabó dicho video no existía la barda y en la inspección ocular se observó que la misma impide el ingreso, demostrándose con ello la eyección sufrida; y,
13. j)Con relación a la falta de fundamentación del Auto de Vista 274, de la lectura de ese fallo se advierte que si existe una fundamentación adecuada, ya que el Tribunal de alzada de manera puntual analizó cada uno de los supuestos agravios, constatando que en el cuaderno procesal no cursaba ninguna sentencia condenatoria ni acusación formal que demuestre que falsificó documentos, así como tampoco la accionante promovió incidente de falsedad de los documentos en su oportunidad, acreditándose con ello, que le vendió el bien inmueble en "1996", entregando la posesión de dicho bien inmueble.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 57/2021 de 3 de mayo, cursante de fs. 536 a 540 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP "029/2019-S4", entendió que la acción de amparo constitucional no puede ser utilizada por las partes que intervienen en el proceso judicial como una vía más para exigir que la jurisdicción constitucional revise la decisión adoptada por las autoridades judiciales, verificando si esa determinación tiene signos de incoherencia en sus fundamentos jurídicos, si las normas fueron aplicadas o interpretadas correctamente y si la prueba aportada fue valorada debidamente;
2. ii)La accionante en su carga argumentativa tenía la obligación de citar qué pruebas no se valoraron, si correspondía a una prueba testifical, confesión provocada, documental o de la inspección ocular y cuál la relevancia constitucional que recae sobre esos elementos de prueba extrañados;
3. iii)Solamente se indicó que existe un recurso de apelación; empero, la jurisdicción constitucional no está habilitada para resolver dicho recurso, porque no se puede suplir la actividad de otros tribunales;
4. iv)Lo que se debió fundamentar es la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales y la relevancia constitucional que reviste a las mismas, por cuanto para que esa Sala Constitucional ingrese a revisar la legalidad ordinaria, solo puede efectuarse si la decisión judicial tiene signos evidentes y manifiestos de que se lesionaron garantías constitucionales, como el debido proceso o derechos fundamentales, y si en esa interpretación se cumplieron con requisitos de interpretación admitidos por el derecho, con la aclaración que la interpretación de la legalidad ordinaria únicamente corresponde a la jurisdicción "común";
5. v)La accionante no fue explícita en señalar porqué considera que la labor interpretativa efectuada resulta insuficientemente motivada, o que la valoración realizada es incongruente, absurda o es ilógico, identificando las reglas de interpretación que debía aplicarse para la valoración de la prueba, además de establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación y la arbitrariedad que denuncia con la vulneración de los derechos alegados, limitándose solamente a indicar que existió mala valoración de la prueba, sin explicar en qué consiste y sobre qué elementos recayó esa mala valoración; y,
6. vi)Refiere que en el Auto de Vista 274 únicamente se realizó cita textual de los antecedentes de la Sentencia 20 y que por ello, carece de fundamentación y de igualdad, obviando varios puntos del mencionado recurso que no fueron respondidos; sin embargo, no especificó cuáles son los puntos extrañados, la relevancia constitucional que tendría esos puntos omitidos en la decisión del caso en análisis; aspecto que tampoco aclaró en la audiencia de consideración de la acción de defensa.

II.3. Por memorial presentado el 19 de marzo de 2019, el hoy tercero interesado interpuso demanda de interdicto de recobrar la posesión contra la accionante (fs. 31 a 36 vta.). Por decreto de 20 de igual mes y año, el Juez Público Civil y Comercial Trigésimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado-, observó los siguientes puntos:

1. a)Indique cuáles son los actos materiales que perturban o amenazan la posesión;
2. b)Señale la fecha exacta de los hechos, los daños materiales causados, si existe construcción en el bien inmueble y qué derechos fueron vulnerados; y,
3. c)Aclare si se demanda a María Elena Llanos "Tijerina", sea en el plazo de tres días (fs. 36 vta.). Cursa memorial presentado el 9 de abril del mismo año, por el hoy tercero interesado subsanando las observaciones efectuadas por el citado Juez, señalando que:
4. 1)Respecto a los actos materiales que perturban o amenazan su posesión, la accionante con medidas de hecho de manera prepotente y arbitraria, rompió los alambrados perimetrales y la construcción de un embardado, logrando eyeccionar a su persona de la pacifica posesión que ejercía desde 1996 sobre el lote de terreno;
5. 2)En cuanto a la fecha exacta de los hechos, la "eyección" se produjo el 12 de octubre de 2018, siendo los daños generados, la ruptura total de los alambrados que delimitaban el bien inmueble, en el cual la accionante construyó una barda que impide su ingreso al mismo; y,
6. 3)Con relación a la inclusión de María Elena Llanos Tejerina, aclaró que fue por error, que únicamente se demandó a la accionante (fs. 37 a 38 vta.).